La detención de una madre guatemalteca lactante en Florida deja a sus hijas bajo custodia federal
María González Itzep, guatemalteca y madre de dos niñas, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el lunes 12 de octubre en Fort Myers, Florida, cuando se dirigía a trabajar. Según el testimonio recogido por Univisión, viajaba en una camioneta con otros trabajadores migrantes cuando agentes de ICE y policías preguntaron a las ocupantes por su situación migratoria. González Itzep y su cuñada dijeron que no tenían documentos para permanecer legalmente en Estados Unidos y ambas fueron arrestadas.
Durante el procedimiento, María pidió que no la llevaran y explicó que tenía una bebé de cuatro meses, a quien todavía amamantaba, y una hija de tres años. Los reportes citados por Univisión indicaban que las niñas permanecían con su madre bajo custodia federal al momento de la publicación. Ambas son ciudadanas estadounidenses, aunque su madre carece de documentación migratoria. La información disponible no precisa cómo se resolverá la situación de las menores ni cuánto tiempo permanecerán bajo custodia.
Una detención en medio de cuestionamientos sobre las directrices de ICE
La situación de lactancia se convirtió en el centro de las críticas de vecinos y organizaciones defensoras de migrantes. Estas señalaron que las directrices de ICE contemplan límites a la detención por infracciones migratorias civiles de mujeres embarazadas o en período de lactancia, salvo excepciones. Sin embargo, según WinkNews, una política vigente desde 2024 que abordaba la detención de mujeres embarazadas, lactantes y en posparto ya no estaba en vigor. El abogado de inmigración Jorge De La Mar confirmó, según ese medio, que la medida había dejado de aplicarse. Los datos publicados no detallan qué excepción, si alguna, habría sido considerada en este caso.
La discrepancia entre las restricciones mencionadas por los activistas y el cambio de política referido por el abogado deja una pregunta concreta: qué norma operativa regía al momento del arresto y cómo se evaluaron las circunstancias familiares de González Itzep. La información pública citada no ofrece una explicación oficial de ICE sobre los fundamentos específicos de la detención. Sin esa respuesta, no es posible determinar si el procedimiento se ajustó a las directrices aplicables ni qué alternativas se valoraron.
El impacto para una familia dividida por el proceso
De acuerdo con los reportes, María trabajaba en construcción y dejaba a sus hijas al cuidado de su abuela antes de ir a su empleo. Vecinos y amigos afirmaron que llevaba cinco años en Estados Unidos y no tenía antecedentes penales antes de ser arrestada. Esos elementos describen su arraigo y sus responsabilidades familiares, pero no modifican por sí solos su situación migratoria ni permiten establecer el desenlace del proceso.
Su esposo contó a Univisión que ella habría aceptado ser deportada junto con las niñas y que solicitó que las menores fueran trasladadas con ella al lugar de detención. También expresó temor a quedar separado de su familia: “Me rompe el corazón que ciertos tipos nada más lleguen y se las lleven, como si fueran dueños del corazón de cada uno de ellos”. Su declaración refleja el costo inmediato que el caso plantea para el hogar: la incertidumbre sobre la permanencia de las niñas con su madre y la posibilidad de una separación del padre.
Protestas y asuntos aún sin respuesta
Tras la detención, miembros de la comunidad se congregaron frente al centro de Operaciones de Cumplimiento y Remoción de ICE, en Daniels Parkway, para reclamar la liberación de María y una revisión del caso. Hillary Hogue, defensora de derechos de los inmigrantes vinculada a González Itzep por medio de Mother Helping Mothers, expresó preocupación por la familia. La organización apoya a hogares con alimentos y otros insumos; su relación con María da cuenta de una red comunitaria que ahora también busca respuesta institucional.
El caso concentra tres asuntos distintos que no deben confundirse: el estatus migratorio de la madre, las condiciones de detención durante la lactancia y la protección de dos niñas ciudadanas estadounidenses. La protesta puede aumentar la atención pública, pero no sustituye la revisión legal ni aclara por sí misma qué ocurrirá con la familia. La información difundida hasta ahora tampoco confirma una decisión final sobre la deportación. El desarrollo dependerá de las actuaciones de las autoridades y de la evaluación del caso, mientras persisten las preguntas sobre la aplicación de las directrices y el bienestar de las menores.
