La periodista independiente Yunia Figueredo y su esposo, el comunicador Frank Correa, fueron detenidos por agentes de la Seguridad del Estado y trasladados a Villa Marista, en La Habana. El episodio, denunciado por la pareja y detallado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), sobresale no solo por la custodia policial, sino por las presiones que, según la organización, alcanzaron a las dos hijas de ambos.

La amenaza se extendió a la salud y los estudios de sus hijas

Durante el interrogatorio, una oficial identificada como Hilda habría vinculado la continuidad de Figueredo en el periodismo con la operación quirúrgica que necesita su hija menor. “Nunca se va a poder operar si continúas persistiendo en la contrarrevolución”, le dijo, según el relato difundido por el Iclep. También habría advertido que la hija mayor podía perder su permanencia en la universidad.

Estas amenazas, de ser confirmadas, desplazan la presión más allá de la actividad profesional de la periodista: convierten necesidades médicas y educativas de sus hijas en instrumentos de intimidación. La inclusión de menores en el conflicto resulta especialmente relevante porque las expone a consecuencias sobre las que no tienen control. El Observatorio de Género Alas Tensas condenó el asedio y llamó la atención sobre el bienestar y la protección de las niñas.

Horas bajo custodia y una familia separada

Figueredo permaneció unas cinco horas y media bajo custodia policial. Según el Iclep, durante ese tiempo no pudo beber agua ni acceder al baño. Correa dijo que estuvo más de dos horas encerrado en una celda y que recibió amenazas de restricciones migratorias, además de presiones para abandonar el periodismo y salir del país.

La pareja contó que fue liberada alrededor de las 14:30, pero las dificultades de transporte retrasaron su regreso a casa hasta las cinco de la tarde. Sus hijas, una universitaria y otra de 14 años, quedaron solas durante ese intervalo. La duración del arresto y las condiciones descritas muestran cómo una detención puede prolongar sus efectos más allá de la estación policial: altera la vida doméstica y deja a los familiares en una situación de incertidumbre.

El Iclep documenta al menos 22 episodios desde 2025

El instituto sostiene que lo ocurrido no constituye un hecho aislado. Desde abril de 2025 ha registrado al menos 22 episodios represivos contra la familia Correa-Figueredo, dentro de un patrón que incluye amenazas, detenciones y hostigamiento. En septiembre, la organización solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger al matrimonio y a sus dos hijas. También recordó que ese mes la pareja habría sufrido un cerco domiciliario que le impidió salir de su vivienda.

El antecedente más reciente citado en la denuncia se remonta a marzo, cuando Figueredo fue detenida en Jaimanitas tras participar en un cacerolazo contra los apagones. Según su esposo, ocurrió durante un operativo policial, delante de sus hijas y en medio de un corte eléctrico; los agentes arrojaron al suelo el teléfono de la periodista. La recurrencia de detenciones y restricciones, junto con la solicitud de protección internacional, sitúa el caso en una secuencia de presión sostenida. Las autoridades cubanas no aparecen en la información disponible ofreciendo una respuesta a estas denuncias.