La campaña brasileña hacia el balotaje entró en una fase en la que la competencia electoral ya no se libra únicamente en las calles, en los actos partidarios o en los espacios tradicionales de propaganda. El Partido de los Trabajadores y sus aliados intentan recuperar terreno en las redes sociales mediante una movilización coordinada de seguidores, influencers y ciudadanos comunes. La estrategia busca disputar los símbolos nacionales, aumentar la circulación de contenidos favorables a Luiz Inácio Lula da Silva y alterar la visibilidad que cada candidatura obtiene dentro de los algoritmos.

El episodio convocado por el diputado André Janones, que pidió publicar de manera sincronizada fotografías con los colores verde y amarillo y el gesto asociado a Lula, resume esa transformación. La acción tuvo una dimensión política evidente, pero también una finalidad técnica: producir un volumen suficiente de publicaciones para influir en las tendencias y romper la percepción de que el bolsonarismo conserva una ventaja estructural en el entorno digital. El resultado inmediato fue una amplia adhesión, aunque todavía es difícil determinar cuánto de esa actividad se convierte en votos efectivos.

La política se convierte en una red de voceros

El principal efecto positivo de esta estrategia es la ampliación de la participación política. La campaña deja de depender exclusivamente de dirigentes profesionales y habilita a personas con poca experiencia digital a convertirse en emisores de mensajes. Videos caseros, fotografías y testimonios personales pueden acercar la disputa electoral a sectores que no siguen los actos partidarios ni consumen información política en los medios convencionales.

La apuesta también responde a una característica central de la comunicación contemporánea: los mensajes transmitidos por conocidos, familiares o referentes locales suelen generar mayor confianza que una pieza publicitaria identificada con un partido. Cuando una persona común comparte una posición política, puede trasladar la discusión a ámbitos cotidianos y hacer que el debate llegue a grupos que permanecen fuera de las comunidades militantes más activas. La capacitación de influencers y activistas impulsada por el PT procura convertir esa espontaneidad en una red estable de voceros.

Sin embargo, la noción de una movilización “orgánica” requiere cautela. La coordinación de consignas, horarios y formatos puede fortalecer la presencia de una candidatura, pero también hacer que la conversación parezca más espontánea de lo que realmente es. La diferencia entre participación ciudadana y propaganda organizada no siempre resulta visible para el usuario. En ese límite se juega buena parte de la credibilidad de la campaña: una red que estimula la expresión personal puede ampliar el pluralismo, mientras que una red orientada a repetir instrucciones puede terminar reproduciendo una comunicación vertical con apariencia descentralizada.

La recuperación de los colores nacionales tiene, además, una importancia simbólica. El verde y el amarillo fueron asociados durante años con el bolsonarismo, lo que permitió a sus partidarios presentar la identidad brasileña como un territorio político propio. El intento lulista de reapropiarse de esos símbolos puede reducir la capacidad de un solo espacio para presentarse como representante exclusivo de la nación. A la vez, convierte elementos compartidos en marcas de pertenencia partidaria y puede profundizar la lógica de “nosotros contra ellos”.

El algoritmo como terreno de disputa institucional

La ofensiva digital del oficialismo se explica también por la percepción de que el desempeño en las redes puede incidir en la agenda pública y en el comportamiento electoral. El informe atribuido a la Secretaría Nacional de Comunicación del PT sostiene que la página de Flávio Bolsonaro registra más interacciones que la de Lula pese a contar con menos seguidores. Esa diferencia puede reflejar una mayor capacidad de movilización, pero no permite por sí sola concluir que exista una manipulación de la plataforma. El tipo de audiencia, la frecuencia de publicación, el formato de los contenidos y la intensidad de las comunidades digitales son variables igualmente relevantes.

Las acusaciones contra Meta elevan el problema a una dimensión institucional. Si una candidatura considera que sus publicaciones tienen menor alcance orgánico, son eliminadas sin explicación o enfrentan obstáculos técnicos para ser promocionadas, la plataforma debe ofrecer criterios verificables y mecanismos eficaces de revisión. La opacidad en esas decisiones alimenta sospechas, incluso cuando las diferencias responden a sistemas automatizados diseñados para aplicar reglas generales.

Más delicada es la denuncia sobre la inteligencia artificial generativa. Las pruebas mencionadas indican que una herramienta habría permitido crear imágenes favorables a Flávio Bolsonaro y bloqueado pedidos similares vinculados con Lula. Una diferencia de ese tipo podría originarse en filtros mal calibrados, restricciones aplicadas de manera desigual, errores de reconocimiento o cambios en las políticas de contenido. Pero, cualquiera sea la causa, el episodio muestra que las herramientas de inteligencia artificial pueden introducir un actor político indirecto en una elección sin explicar de forma comprensible sus decisiones.

La respuesta no debería consistir en exigir que las plataformas produzcan propaganda para todos los candidatos sin condiciones. El desafío es garantizar reglas simétricas, trazabilidad y auditorías independientes. Los usuarios necesitan saber cuándo una imagen fue generada artificialmente, qué tipo de solicitud fue bloqueada y cómo puede impugnarse una decisión. Sin esos controles, las plataformas quedan expuestas a acusaciones de censura selectiva y los partidos pueden utilizar cada error técnico como evidencia de un complot.

Movilización efectiva, pero con una zona de riesgo

El lenguaje empleado por Janones, que presenta a los seguidores como “soldados”, “ejército” o “guerrilla”, puede ser eficaz para activar a una base militante en un período breve. Las consignas militares simplifican los objetivos, producen sentido de urgencia y refuerzan la disciplina colectiva. En una campaña con pocos días de margen, esas características pueden aumentar la velocidad de respuesta ante ataques, rumores o cambios en la agenda.

El costo potencial es la normalización de una política entendida como guerra permanente. Cuando el adversario es definido como un enemigo al que hay que derrotar en todos los terrenos, disminuye el espacio para reconocer dudas, corregir errores o debatir con votantes que no pertenecen a ninguna de las dos estructuras. La lógica de combate también favorece la circulación de contenidos emocionales, porque la indignación y el miedo suelen generar más interacciones que las explicaciones complejas.

Ese incentivo puede impulsar una competencia por la viralidad en la que la precisión pierde frente a la velocidad. Los videos de baja calidad y las declaraciones personales pueden ser valiosos para humanizar una campaña, pero también facilitan la difusión de información incompleta o falsa. Además, la reiteración coordinada de una consigna puede saturar los espacios digitales y hacer más difícil distinguir una adhesión genuina de una operación de amplificación.

El riesgo aumenta cuando aparecen denuncias sobre cuentas falsas, desinformación y técnicas de guerra psicológica financiadas por actores políticos. La revelación mencionada sobre un supuesto pago de 600.000 reales a una empresa estadounidense debe ser investigada y no asumida como prueba definitiva antes de verificar los documentos, los servicios contratados y el alcance real de la operación. Aun así, el caso ilustra una vulnerabilidad concreta: la inteligencia artificial reduce el costo de fabricar identidades, producir mensajes personalizados y distribuir narrativas simultáneas en múltiples plataformas.

Encuestas estrechas y decisiones bajo incertidumbre

La cercanía registrada por distintos sondeos contribuye a explicar la intensidad de la disputa digital. La diferencia entre las candidaturas aparece reducida, aunque los estudios citados no ofrecen un panorama completamente uniforme: uno registra una paridad absoluta, otro calcula una distancia cercana al 0,8 por ciento y otro atribuye una ventaja a Bolsonaro. Esa dispersión no invalida las encuestas, pero advierte que el resultado se encuentra dentro de márgenes en los que pequeños cambios de participación, voto en blanco o transferencia de apoyos pueden modificar el desenlace.

El antecedente de la primera vuelta obliga a moderar cualquier lectura triunfalista. Las encuestas habían favorecido a Lula y, sin embargo, el desempeño de su adversario sorprendió a parte de los analistas. La experiencia puede producir dos efectos contrapuestos. Para el progresismo, refuerza la necesidad de movilizar a sus simpatizantes y convertir la presencia digital en asistencia efectiva a las urnas. Para el bolsonarismo, confirma que la capacidad de activar redes y captar votos más allá de las previsiones sigue siendo un recurso competitivo.

Las medidas aprobadas durante la semana, como la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas, pueden aportar a Lula un argumento material para captar votos de sectores trabajadores. Pero la aprobación de una norma no garantiza automáticamente su traducción electoral. El impacto dependerá de cuánto conozcan los votantes su contenido, de la credibilidad del gobierno y de la capacidad de la oposición para encuadrar la medida dentro de una crítica más amplia a la situación económica y social.

El día después será tan importante como la campaña

La disputa por los algoritmos tendrá consecuencias más allá del resultado del balotaje. Si la movilización coordinada se consolida como una práctica habitual, los partidos brasileños invertirán más recursos en comunidades digitales, formación de creadores y herramientas de inteligencia artificial. Eso puede ampliar la comunicación directa entre dirigentes y ciudadanos, pero también debilitar la intermediación periodística y favorecer campañas cada vez más segmentadas, difíciles de observar desde fuera.

El próximo gobierno enfrentará la tarea de reconstruir un mínimo de confianza en la información electoral. Para ello serán necesarios datos transparentes sobre publicidad política, mecanismos rápidos para denunciar redes coordinadas de cuentas falsas y reglas aplicables por igual a las candidaturas. La vigilancia no debería transformarse en censura partidaria: debe concentrarse en la autenticidad de las cuentas, la trazabilidad del financiamiento y la divulgación de contenidos manipulados.

La elección mostrará si el dominio digital puede alterar una carrera cerrada o si su efecto principal consiste en reforzar convicciones ya existentes. La respuesta dependerá menos del volumen bruto de publicaciones que de su capacidad para alcanzar a votantes indecisos, movilizar a quienes suelen abstenerse y sostener un mensaje creíble fuera de las burbujas políticas. En un escenario tan estrecho, las redes pueden inclinar la balanza, pero también dejar una herencia de desconfianza si la competencia se transforma en una batalla sin reglas compartidas.