La campaña para la segunda vuelta presidencial de Brasil no se libra solo en las urnas. Las denuncias sobre contenidos en redes, el papel de las grandes plataformas y una oleada inédita de recursos judiciales llevaron al Tribunal Superior Electoral (TSE) a convocar a representantes de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El organismo les advirtió que la judicialización puede restringir el debate, una señal de que el control de la desinformación también puede convertirse en un instrumento de disputa política.

162 recursos encienden la alarma del TSE

Desde la primera vuelta del 4 de octubre, el tribunal registró 162 recursos: más del triple que en el mismo período de las elecciones de 2022. La cifra refleja una campaña en la que los equipos buscan resolver ante los jueces conflictos sobre publicaciones, alcance y supuestos ataques digitales. El riesgo señalado por el TSE es concreto: si cada controversia se traslada a los tribunales, la competencia por persuadir al electorado puede quedar subordinada a decisiones de censura o a una sucesión de litigios.

La advertencia no implica que las acusaciones deban quedar sin examen. Sí expone una tensión difícil de resolver: proteger a los votantes frente a información falsa sin permitir que las reglas electorales se usen para silenciar críticas legítimas. La cantidad de recursos convierte esa tensión en una cuestión central de la campaña, no en un problema aislado.

WhatsApp, entre la acusación y la movilización

El canal “Ejército de Lula”, creado por un diputado oficialista y con más de cuatro millones de seguidores, se convirtió en uno de los casos más visibles. La campaña de Bolsonaro sostuvo que allí se difundieron afirmaciones falsas, entre ellas que el senador recortaría beneficios sociales; el equipo de Lula rechazó la denuncia. Después de decisiones contradictorias, el TSE autorizó el canal este martes.

La controversia muestra por qué las redes de mensajería son difíciles de encajar en los controles tradicionales: pueden funcionar como herramientas de movilización política a gran escala y, a la vez, como espacios donde circulan mensajes cuya veracidad se disputa. Lula defendió su uso como una forma barata de hacer campaña. Esa defensa no resuelve la cuestión de fondo: cómo exigir responsabilidad por los contenidos sin tratar cualquier canal partidario como una infracción.

Las plataformas también entran en campaña

Las denuncias alcanzaron a Meta y Google. El Partido de los Trabajadores acusó a Meta de restringir contenidos en Instagram, y el TSE pidió explicaciones a la empresa. Meta calificó las acusaciones de falsas y atribuyó los problemas a fallos técnicos de alcance mundial. Por separado, la campaña de Lula afirmó que Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, le atribuyó declaraciones inexistentes.

El cruce desplaza parte de la discusión desde las campañas hacia las empresas que distribuyen o generan información. Las decisiones de moderación pueden afectar la visibilidad de mensajes políticos, mientras que una respuesta producida por inteligencia artificial puede ser invocada como evidencia aun cuando se discuta su exactitud. En ambos casos, las denuncias no prueban por sí solas una interferencia deliberada; obligan, sin embargo, a examinar cómo se toman decisiones que pueden tener consecuencias electorales.

Una segunda vuelta definida también en las pantallas

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega al balotaje del 25 de octubre como favorito tras imponerse por un margen estrecho en la primera vuelta. Lula, de 80 años, intenta ampliar su presencia digital con jóvenes políticos que reúnen grandes audiencias y con formatos que antes no utilizaba. La derecha, por su parte, destaca la eficacia de su comunicación en redes y la elección de candidatos vinculados al mundo de las plataformas.

La disputa, por tanto, no se limita a quién publica más ni a qué contenido retiran las empresas. También enfrenta dos estrategias de campaña y plantea qué reglas pueden sostener una conversación electoral abierta cuando los mensajes circulan a gran velocidad. La advertencia del TSE apunta a ese equilibrio: frenar la desinformación sin convertir la vía judicial en un filtro que empobrezca el debate antes de que los brasileños vuelvan a votar.