El Parlamento Europeo concedió este jueves el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2026 a la Corte Penal Internacional (CPI), en un momento de creciente presión política y económica sobre el tribunal. La decisión sitúa la defensa de la justicia internacional en el centro del debate europeo, después de que el Gobierno de Donald Trump haya impulsado desde 2025 varias rondas de sanciones contra jueces, fiscales, empleados y colaboradores de la institución.

La candidatura de la CPI, promovida por el grupo socialista europeo, se impuso a las otras dos finalistas. Una de ellas era Tundu Lissu, dirigente opositor y defensor de los derechos humanos de Tanzania, respaldado por el Partido Popular Europeo y los Conservadores y Reformistas Europeos. La otra correspondía a Taraneh y Romina Rahimi, dos hermanas iraníes perseguidas por las autoridades de su país y propuestas por Patriotas por Europa.

Un reconocimiento ligado a la independencia judicial

El galardón reconoce el trabajo desarrollado por la CPI en distintas fases de los procedimientos penales internacionales: desde la apertura de investigaciones y la preparación de causas hasta la celebración de juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. Entre los países y territorios relacionados con sus actuaciones figuran Afganistán, Rusia, Israel, la República Democrática del Congo, Uganda, Malí, Libia y la República Centroafricana.

La elección no equivale a una valoración unánime de todas las decisiones adoptadas por el tribunal ni elimina las controversias que acompañan a algunas de sus investigaciones. Su significado político reside, sobre todo, en el respaldo a la capacidad de una institución judicial internacional para actuar frente a crímenes graves cuando las autoridades nacionales no investigan o no pueden hacerlo de manera efectiva.

La CPI fue creada para perseguir delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, en determinadas condiciones, el crimen de agresión. Su eficacia depende en gran medida de la cooperación de los Estados, ya que carece de una fuerza policial propia para ejecutar órdenes de detención. Por ello, las sanciones dirigidas contra su personal pueden afectar tanto a la actividad administrativa como a la posibilidad de mantener investigaciones, proteger pruebas y coordinar actuaciones con distintos países.

La respuesta europea a las sanciones

La Eurocámara ha expresado su preocupación por las amenazas contra la Corte y por las medidas adoptadas desde 2025, especialmente por parte de Estados Unidos. A juicio de los eurodiputados, estas actuaciones constituyen ataques graves contra el sistema de justicia internacional y pueden generar un efecto disuasorio sobre quienes colaboran con las investigaciones.

El Parlamento Europeo ha pedido en varias ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado «estatuto de bloqueo» de la Unión Europea para proteger a los miembros de la CPI frente a medidas extraterritoriales. Este instrumento permite dejar sin efecto dentro de la Unión determinadas resoluciones judiciales extranjeras basadas en leyes de terceros países y establece mecanismos para reclamar indemnizaciones por los daños derivados de su aplicación.

La petición parlamentaria introduce, sin embargo, una cuestión institucional que todavía debe concretarse: la capacidad y la voluntad de los Estados miembros para ofrecer una protección efectiva a la Corte. La activación del estatuto no resolvería por sí sola las dificultades operativas del tribunal, pero enviaría una señal de respaldo jurídico y político a sus funcionarios, proveedores y colaboradores europeos.

Un conflicto que trasciende a la CPI

La ofensiva estadounidense se desarrolla en un contexto de desacuerdo sobre el alcance de la jurisdicción de la Corte y sobre algunas de sus investigaciones. Washington no es parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y ha rechazado que el tribunal pueda ejercer determinadas competencias sobre ciudadanos estadounidenses o sobre nacionales de países que tampoco han aceptado su jurisdicción.

El enfrentamiento plantea un dilema para los gobiernos europeos. Por un lado, la Unión Europea ha defendido históricamente el multilateralismo y el principio de que los crímenes más graves no deben quedar impunes. Por otro, varios Estados miembros mantienen relaciones estratégicas con Estados Unidos y deben calibrar las consecuencias diplomáticas y económicas de proteger activamente a la Corte frente a sanciones estadounidenses.

La concesión del Sájarov refuerza la posición de quienes consideran que la independencia judicial internacional requiere apoyo político cuando sus instituciones son sometidas a presiones externas. También puede aumentar la expectativa sobre la respuesta de la Comisión y de las capitales europeas, que deberán decidir si el reconocimiento simbólico se traduce en medidas concretas de protección.

La ceremonia será en diciembre

El Premio Sájarov lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andréi Sájarov y fue creado por el Parlamento Europeo en 1988. Se concede cada año a personas u organizaciones que destacan por la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión, los derechos de las minorías, el respeto del derecho internacional, la democracia y el Estado de derecho.

La ceremonia de entrega del premio de 2026 tendrá lugar el 16 de diciembre en Estrasburgo, durante el pleno del Parlamento Europeo. Para entonces, la atención estará puesta no solo en el valor institucional del reconocimiento, sino también en la evolución de las sanciones y en la respuesta que la Unión Europea adopte para garantizar que la Corte pueda continuar sus investigaciones con independencia.