Mientras Brasil se encamina a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el crecimiento de las favelas vuelve a situar la desigualdad urbana en el centro del debate nacional. En las principales áreas metropolitanas, miles de familias viven en asentamientos que se han extendido durante décadas sin acceso suficiente a vivienda formal, saneamiento, transporte, servicios básicos y protección frente a los riesgos ambientales. La cuestión ya no puede abordarse únicamente como un problema de seguridad o de déficit habitacional: también representa una crisis prolongada de planificación territorial.

Una expansión que ha cambiado el mapa urbano

La superficie ocupada por estos asentamientos ha aumentado de forma acelerada en las últimas cuatro décadas. Según los datos citados en el reportaje, pasó de 53.700 hectáreas en 1985 a aproximadamente 460.000 en la actualidad. La comparación revela una expansión de más de ocho veces, aunque las estimaciones pueden variar según la definición utilizada para delimitar una favela, el método de medición y la inclusión de áreas de crecimiento reciente. En cualquier caso, la tendencia apunta a una transformación profunda del territorio brasileño.

El fenómeno es especialmente visible en las áreas metropolitanas de São Paulo y Río de Janeiro, pero también se extiende por Manaos y Belém. Cada una de estas ciudades presenta condiciones distintas. En las grandes aglomeraciones del sureste, la presión sobre el suelo, el precio de la vivienda y la distancia entre los empleos y los barrios periféricos empujan a muchas familias hacia zonas de ocupación informal. En la Amazonia, la expansión urbana se combina con una geografía compleja, una infraestructura más frágil y una exposición particular a inundaciones, dificultades de movilidad y problemas de acceso a servicios.

Cuando la vivienda crece más rápido que el Estado

El crecimiento de las favelas no responde a una sola causa. La migración interna, la desigualdad de ingresos, el encarecimiento del suelo urbanizado y la insuficiencia de los programas de vivienda han contribuido a que numerosas familias ocupen terrenos disponibles, a menudo en laderas, márgenes de ríos o áreas alejadas de las redes de transporte. La autoconstrucción permite resolver una necesidad inmediata, pero produce barrios cuya integración posterior resulta mucho más costosa y compleja.

La ausencia de planificación no significa ausencia de actividad económica o de organización social. Muchas comunidades cuentan con comercios, asociaciones, redes de apoyo y una intensa vida local. El problema es que esa capacidad de construcción desde abajo no ha sido acompañada por inversiones públicas proporcionales. Cuando las calles no tienen drenaje, las viviendas carecen de regularización y las redes de agua y alcantarillado son incompletas, una tormenta intensa puede convertir deficiencias cotidianas en una emergencia.

Saneamiento, movilidad y clima: una misma crisis

Las carencias de infraestructura se refuerzan entre sí. La falta de saneamiento afecta la salud pública; las calles estrechas o sin pavimentar dificultan la llegada de ambulancias, bomberos y servicios de recogida de residuos; y la mala conexión con el transporte público limita el acceso a empleos, escuelas y hospitales. En consecuencia, la precariedad urbana termina generando costes sociales y económicos que superan ampliamente el valor de una intervención preventiva.

El cambio climático añade una presión creciente. Las lluvias torrenciales pueden provocar deslizamientos e inundaciones en áreas densamente ocupadas, mientras que las olas de calor se agravan allí donde escasean los árboles, los espacios públicos y las viviendas adecuadamente ventiladas. En ciudades amazónicas, la relación con el agua y los ciclos de inundación exige soluciones específicas, no simples reproducciones de modelos diseñados para otras regiones. La adaptación climática, por tanto, debe incorporarse a la política de vivienda y no tratarse como una agenda separada.

El dilema de urbanizar o desplazar

Las autoridades enfrentan una decisión delicada en los asentamientos situados en zonas de alto riesgo. La reubicación puede ser necesaria cuando existe una amenaza inmediata para la vida, pero también puede romper redes comunitarias, alejar a los residentes de sus empleos y trasladar la pobreza a otra periferia. Las operaciones de desalojo sin una alternativa habitacional estable tienden a reproducir el problema en nuevos terrenos.

La urbanización de las comunidades, con instalación de redes de agua y alcantarillado, pavimentación, equipamientos públicos, regularización y mejora de las viviendas, suele ofrecer una solución más duradera cuando las condiciones geológicas y ambientales lo permiten. Sin embargo, requiere continuidad administrativa, coordinación entre municipios y gobiernos regionales, participación de los residentes y mecanismos que eviten que la valorización del suelo expulse a las familias beneficiadas. Construir infraestructura sin proteger la permanencia de la población puede terminar alimentando una nueva ronda de informalidad.

Una prueba para la agenda presidencial

La segunda vuelta electoral convierte esta realidad urbana en un asunto político de alcance nacional. Las promesas de vivienda no bastan si no incluyen suelo bien localizado, financiación estable, transporte, saneamiento y mantenimiento. Del mismo modo, las políticas de seguridad no pueden sustituir la presencia regular de servicios públicos ni corregir por sí solas décadas de crecimiento desordenado.

El desafío consiste en pasar de respuestas fragmentarias a una estrategia metropolitana de largo plazo. Eso implica coordinar la producción de vivienda con la planificación del empleo y del transporte, actualizar los mapas de riesgo, ampliar las redes de saneamiento y utilizar datos comparables para medir los avances. También exige reconocer a los habitantes de las favelas como participantes de las decisiones urbanas, no únicamente como destinatarios de intervenciones.

La dimensión de la expansión registrada en Brasil muestra que la informalidad dejó de ser un fenómeno marginal. Es una parte estructural de las ciudades y una señal de que el mercado y las instituciones no han conseguido garantizar un acceso equilibrado al suelo urbano. Resolver la crisis requerirá tiempo, recursos y políticas que sobrevivan a los ciclos electorales. Sin esa continuidad, las favelas seguirán creciendo allí donde la planificación pública no logra anticiparse a las necesidades de la población.