Las autoridades de Filipinas investigan a Thomas Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex, después de que uno de sus hijos entregara material que presuntamente contiene imágenes de pornografía y abuso infantil. La Policía Nacional de Filipinas inspeccionó la vivienda que Markle ocupaba en Cebú y tomó bajo custodia un ordenador portátil y otros objetos para someterlos a un análisis forense.

El caso permanece abierto y no existe, por ahora, una acusación judicial definitiva contra Markle. La información conocida procede de declaraciones de responsables filipinos, testimonios familiares y publicaciones de medios británicos. La principal cuestión pendiente es determinar si el material encontrado es auténtico, cuándo fue creado o almacenado, quién aparece en él y qué relación, si alguna, tiene con el padre de Meghan.

Una denuncia surgida al vaciar la vivienda de Cebú

La denuncia fue presentada por Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, quien aseguró haber encontrado cuatro cajas con cientos o incluso miles de imágenes cuando vaciaba la casa de su padre. Según su relato, algunas representarían a niñas de aproximadamente 10 u 11 años en situaciones sexualmente explícitas. También afirmó que en parte del material podía reconocerse la vivienda que Thomas Markle ocupó durante un periodo en Rosarito, en el estado mexicano de Baja California.

Markle Jr. explicó que decidió acudir a la Policía Nacional de Filipinas después de haber cuidado y ayudado a su padre durante años. Además, indicó que se puso en contacto con el FBI estadounidense. Su versión sitúa el hallazgo después de que Thomas Markle abandonara Cebú precipitadamente, tras sufrir un derrame cerebral que derivó en la amputación de una pierna. De acuerdo con las declaraciones difundidas, posteriormente habría regresado a Estados Unidos y se encontraría en una clínica de rehabilitación en Florida.

La naturaleza del hallazgo obliga a separar dos planos. Por un lado, la existencia de archivos sospechosos puede constituir una pista relevante para una investigación penal. Por otro, su presencia en una propiedad no demuestra por sí sola quién los descargó, almacenó o distribuyó. La cadena de custodia, la recuperación de metadatos y la identificación de posibles víctimas serán determinantes para establecer responsabilidades.

El análisis forense definirá el siguiente paso

El ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, confirmó que la policía inspeccionó la antigua residencia y que el ordenador portátil está siendo examinado por especialistas. Según sus declaraciones, los resultados iniciales podrían estar disponibles en aproximadamente una semana. Remulla afirmó que se adoptarán las medidas legales correspondientes si se reúne evidencia suficiente, pero también advirtió que las autoridades deben revisar todas las hipótesis debido a la existencia de una disputa familiar.

El funcionario describió los indicios como compatibles con la posible actuación de un delincuente sexual de extrema gravedad, aunque insistió en que esa valoración no sustituye a las conclusiones técnicas. La Oficina Nacional de Investigación de Filipinas informó, además, de que el FBI solicitó cooperación para esclarecer las acusaciones. Las autoridades estadounidenses pidieron ser notificadas cuando se identifique a alguna de las posibles víctimas.

La cooperación internacional puede ser necesaria porque los hechos mencionados abarcan varios países. Los archivos podrían haberse creado o almacenado en Filipinas, México o Estados Unidos, mientras que las eventuales víctimas y los dispositivos utilizados podrían encontrarse en jurisdicciones diferentes. Esa dimensión transnacional complica la investigación y exige coordinar procedimientos sobre pruebas digitales, protección de menores y eventuales solicitudes de extradición o asistencia judicial.

La declaración de Meghan reabre una ruptura familiar

Meghan Markle afirmó que está “profundamente angustiada” y que sus pensamientos están con los niños que pudieron haber sido perjudicados. En un comunicado, señaló que conocía acusaciones contra su padre desde 2018, después de que la Policía Metropolitana de Londres compartiera con ella una carta con alegaciones sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido.

La duquesa vinculó ese conocimiento con su decisión de cortar el contacto con Thomas Markle y de impedir que se relacionara con sus hijos. También rechazó las explicaciones que durante años atribuyeron el distanciamiento a conflictos personales, desacuerdos sobre su boda o diferencias con la familia real británica. Meghan no ve a su padre desde los días previos a su matrimonio con el príncipe Harry en 2018, al que él no asistió.

La Policía Metropolitana confirmó que la carta fue remitida en enero de 2019 a la oficina de los duques de Sussex, aunque aclaró que su contenido no fue distribuido a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Un portavoz de Meghan explicó que la diferencia entre esa fecha y el recuerdo de la duquesa puede deberse a una confusión, y aceptó el registro policial como referencia exacta. La discrepancia no resuelve el fondo de las acusaciones, pero añade un elemento relevante para reconstruir cuándo y cómo fueron comunicadas.

Negación de Thomas Markle y una disputa aún abierta

Thomas Markle ha negado las acusaciones y las calificó de “mentiras enfermizas”. Aseguró que no podría cometer los actos que se le atribuyen y sostuvo que los ordenadores no estaban en su poder desde que abandonó México en 2025. En otra entrevista afirmó que nunca mantuvo relaciones sexuales con menores de 18 años, aunque reconoció haber pagado por sexo durante viajes a Filipinas cuando era soltero. También prometió hacer lo necesario para limpiar su nombre.

Samantha Markle, hija de Thomas y hermana de Thomas Markle Jr., defendió igualmente a su padre y acusó a su hermano de inventar historias para obtener dinero de los medios. Estas declaraciones muestran que la investigación se desarrolla dentro de una familia profundamente dividida, pero la rivalidad entre los denunciantes y el investigado no permite confirmar ni descartar el contenido del material entregado a la policía.

El próximo punto decisivo será el informe forense. Hasta que los investigadores autentiquen los archivos, establezcan su procedencia y determinen si existen víctimas identificables, cualquier conclusión categórica sería prematura. La prioridad declarada por las autoridades y por Meghan es la protección de los menores; para que esa prioridad se traduzca en justicia, el caso deberá avanzar con pruebas verificables, coordinación internacional y garantías de debido proceso para todas las partes.