Serbia afronta este domingo unas elecciones decisivas con una novedad que altera el mapa político: el movimiento estudiantil, movilizado desde hace casi dos años, concurre por primera vez con una candidatura propia para disputar el poder al Partido Progresista Serbio (SNS) y a su líder, Aleksandar Vučić. La lista reúne a 250 candidatos, alrededor de 140 sin experiencia política, entre ellos el economista Dejan Šoškić, exgobernador del Banco Nacional de Serbia.
Una campaña marcada por la desigualdad
Šoškić sostiene que el deterioro institucional es el principal asunto en juego. Denuncia el control gubernamental sobre los medios, la fiscalía y los tribunales, además de presiones sobre empleados públicos y empresas privadas para apoyar al partido gobernante. A su juicio, las amenazas, los sobornos y el uso partidista de los recursos públicos han vaciado de contenido la competencia electoral.
El descontento se agravó tras el derrumbe de una marquesina en la estación de Novi Sad, que causó 16 muertos. Casi dos años después, nadie ha sido procesado ni condenado, pese a las dudas sobre una obra financiada parcialmente por la Unión Europea cuyo coste pasó de unos 330 millones a 1.200 millones de euros. El caso se ha convertido en el símbolo de una estructura política que, según la oposición, evita rendir cuentas.
El objetivo: recuperar las instituciones
La candidatura estudiantil afirma tener opciones de victoria pese a las condiciones que considera fraudulentas. Basa su confianza en la movilización del 15 de marzo, cuando más de 500.000 personas acudieron a una protesta en Belgrado, una cifra muy superior a la de los actos oficiales del Gobierno. Su programa prioriza desbloquear las instituciones, aplicar las leyes contra el enriquecimiento ilícito y restablecer la independencia judicial y mediática.
El movimiento evita presentarse como una fuerza revolucionaria y centra su discurso en la legalidad, la democracia y los derechos civiles. Defiende el respeto a los tratados internacionales, mantiene abiertas las posiciones sobre la Unión Europea y Rusia, y sostiene la reivindicación constitucional serbia sobre Kosovo. Para Šoškić, incluso una derrota formal no alteraría el balance político: la magnitud de las protestas ya habría demostrado que el sistema serbio ha perdido legitimidad social.
