Al menos 31 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados al final de la quinta Marcha Federal Universitaria, celebrada el jueves en Buenos Aires. La movilización, que tuvo réplicas en otras ciudades argentinas, exigió que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones convocantes denunciaron una intervención policial desproporcionada y afirmaron que la protesta reunió a más de un millón de personas en todo el país; esa cifra corresponde a los organizadores y no fue presentada como un recuento oficial.

Los arrestos llegaron después de la marcha

La Policía de la Ciudad detuvo a seis personas una vez concluida la movilización. Según informó La Nación, entre ellas había dos menores: uno de 14 años, acusado de arrojar piedras contra un vehículo policial, y otro de 17. Los otros cuatro detenidos fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad. A esos arrestos se sumaron otros 25 realizados por autoridades nacionales en los accesos a la estación de Constitución, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad.

El balance oficial incluyó ocho agentes heridos: cuatro de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval. La administración porteña estimó en 90 millones de pesos —unos 53.000 euros— los daños materiales, según Clarín. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que quienes agredieran a efectivos, dañaran bienes públicos o cometieran delitos responderían ante la Justicia. Su cartera anunció que prepara una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

La actuación policial, bajo cuestionamiento

Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La respuesta alcanzó a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, que estaban cerca del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Moreau recibió atención médica después de que los proyectiles policiales llegaran a la zona. La presencia de legisladores afectados amplió la controversia: el debate ya no se limitó a los enfrentamientos, sino que incluyó el alcance y los efectos de la intervención policial en las inmediaciones del Congreso.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional repudiaron la represión. En un comunicado conjunto, afirmaron que la intervención obligó a suspender antes de tiempo el acto central y sostuvieron que anteriores marchas multitudinarias habían transcurrido sin incidentes. También describieron como pacíficas las concentraciones en el resto del país. Estas son las valoraciones de las entidades convocantes; el episodio de Buenos Aires, en cambio, terminó con detenciones, daños denunciados y heridos de ambos lados.

El reclamo remite a una disputa aún abierta

La protesta reclama la aplicación de una ley aprobada por el Congreso y validada en distintas instancias judiciales que, según los organizadores, el Poder Ejecutivo lleva casi un año sin cumplir. Para las universidades y sus sindicatos, la demora no responde a falta de recursos, sino a una decisión política. El Gobierno, por su parte, ha puesto el foco en la responsabilidad penal por los disturbios. Así, el conflicto combina dos planos que no se resuelven entre sí: la exigencia de financiamiento y el mantenimiento del orden público.

La magnitud que los organizadores atribuyen a la convocatoria muestra que la disputa universitaria conserva capacidad de movilización nacional. Pero las cifras de asistencia, las versiones contrapuestas sobre el desarrollo de la marcha y la investigación penal pendiente impiden reducir el episodio a un balance único. La respuesta institucional dependerá tanto del esclarecimiento de los hechos de violencia como de si el Ejecutivo cumple la ley que originó la protesta. Las organizaciones anunciaron que continuarán movilizándose hasta que se aplique.