El supremacismo blanco estadounidense ya no necesita actuar únicamente desde la clandestinidad para influir en el poder. Esa es la principal conclusión de la historiadora Kathleen Belew, profesora asociada de Historia en la Universidad del Noroeste, quien sostiene que Donald Trump ha convertido en políticas públicas algunas demandas que durante décadas defendieron los grupos racistas más radicales. Las deportaciones masivas, la desconfianza hacia las elecciones y la identificación de enemigos internos han dejado de ser exclusivamente consignas marginales para entrar en el debate conservador convencional.

La transformación no implica que la violencia haya desaparecido. Significa que una parte del movimiento ha cambiado de estrategia: en lugar de intentar derribar el Estado desde fuera, busca ocuparlo, presionarlo o utilizarlo para avanzar hacia sus objetivos. Belew describe una alianza basada menos en una identidad política única que en intereses compartidos. Trump obtiene movilización, discursos y apoyo territorial; los supremacistas encuentran acceso institucional y una oportunidad para ampliar su influencia.

De la guerra clandestina a la política oficial

La historiadora sitúa el cambio en contraste con los años ochenta. Entonces, pese a la presidencia de Ronald Reagan, sectores del supremacismo blanco concluyeron que sus aspiraciones nunca llegarían por las vías institucionales. Renunciaron a la política convencional y organizaron redes clandestinas con una meta revolucionaria: debilitar el Gobierno, provocar el colapso social y sustituir el orden existente por un Estado étnico blanco.

El escenario actual es distinto porque la puerta institucional está abierta. La radicalización ya no depende solo de células paramilitares, arsenales o conspiraciones aisladas. También puede expresarse mediante candidaturas, campañas de presión, participación en actos políticos y colaboración con cargos electos. Incluso la contratación de personas vinculadas a ese entorno para tareas de seguridad en actos republicanos muestra hasta qué punto ciertas fronteras entre la extrema derecha y la política partidista se han vuelto más porosas.

La coalición, sin embargo, está lejos de ser homogénea. Belew advierte de que el supremacismo blanco nunca ha mantenido un consenso completo sobre sus métodos ni sobre el momento adecuado para actuar. Por eso conviven grupos que intentan influir desde las instituciones con organizaciones que conservan una estructura clandestina y paramilitar, como Atomwaffen Division o The Base. Los atentados y los tiroteos masivos perpetrados por activistas racistas siguen siendo una posibilidad dentro de esa corriente fragmentada.

El asalto al Capitolio no fue un episodio aislado

Desde esta perspectiva, el asalto al Capitolio del 6 de enero no aparece como una anomalía imprevisible, sino como la manifestación visible de una crisis más amplia de legitimidad democrática. Belew considera poco probable que se repita exactamente la misma operación, porque las autoridades han reforzado la seguridad, pero no descarta nuevos episodios de violencia. La razón es política: Trump ha presentado aquella insurrección como una protesta ordinaria y ha indultado a condenados por conspiración sediciosa, una decisión que puede reducir el coste percibido de futuras rupturas.

La posibilidad de nuevos conflictos electorales adquiere mayor gravedad ante las insinuaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2028. La Constitución limita a dos los mandatos presidenciales, pero el debate sobre estados de emergencia, guerras u otras circunstancias excepcionales abre una vía retórica para justificar la permanencia en el poder. Según Belew, cualquiera de esos escenarios encontraría respaldo en los sectores supremacistas, para los que la excepcionalidad política es una oportunidad de concentración autoritaria.

La conspiración como instrumento de gobierno

Las teorías racistas y antisemitas no han perdido fuerza porque sus promotores hayan llegado al poder. Al contrario, Trump continúa alimentando la idea de que una élite cosmopolita y globalista conspira contra la población, las elecciones, las mujeres blancas y los niños. Belew relaciona este discurso con una tradición que se remonta a los Protocolos de los Sabios de Sion y que reaparece, con distintos nombres, en el supremacismo blanco, QAnon y el trumpismo más convencional.

La contradicción resulta central: un presidente puede presentarse simultáneamente como la máxima autoridad del Estado y como su principal enemigo. El mensaje de “drenar el pantano” o “limpiar Washington” convierte al Gobierno en una estructura sospechosa incluso cuando quien lo denuncia ocupa su cima. Esa tensión, lejos de invalidar el relato, lo fortalece entre los seguidores: permite atribuir cualquier fracaso a funcionarios, jueces, burócratas o conspiradores sin cuestionar al líder.

La negación de los resultados electorales cumple una función semejante. Socavar la confianza en el voto no es solo una disputa sobre cifras o procedimientos; debilita el mecanismo que permite resolver pacíficamente los conflictos de poder. Además, prepara el terreno para sostener que el país se encuentra en una emergencia tan grave que las garantías democráticas deben suspenderse. El mismo patrón, señala la historiadora, puede observarse también en España cuando se presenta el fraude masivo como una amenaza permanente antes de que existan pruebas.

Una tecnología antigua con alcance masivo

La capacidad de difusión actual tampoco constituye una ruptura absoluta. Los supremacistas blancos ya utilizaban redes informáticas en 1983 y 1984, antes de la expansión de Internet. A través de tablones electrónicos compartían propaganda, listas de objetivos violentos, documentos sociales y materiales de coordinación. No fueron simples usuarios tempranos de una herramienta ajena: contribuyeron a desarrollar formas de activismo en red que después alcanzarían una escala global.

La diferencia contemporánea está en la velocidad y el volumen. Las redes sociales permiten convertir una consigna marginal en una campaña política, conectar a individuos aislados y amplificar rumores hasta hacerlos parecer consensos. La tecnología no crea por sí sola el supremacismo, pero reduce el tiempo entre la producción de una mentira, su circulación y su posible traducción en presión política o violencia.

El regreso del racismo científico

Belew identifica también un resurgimiento de la eugenesia en discursos que atribuyen a los inmigrantes “malos genes” o una menor capacidad intelectual. Ideas pseudocientíficas que fueron desacreditadas tras la Segunda Guerra Mundial por su proximidad al nazismo reaparecen en sectores vinculados a Trump, Stephen Miller, Steve Bannon y Elon Musk. Su fuerza no procede de su validez científica, inexistente, sino de su utilidad política: presentan la desigualdad como una consecuencia biológica y convierten la exclusión en una supuesta defensa de la sociedad.

En el fondo, la conexión más profunda entre el supremacismo blanco, ciertos sectores del trumpismo y los círculos neorreaccionarios de Silicon Valley es la obsesión con el apocalipsis. La imagen de un colapso inminente justifica acumular armas, cerrar las fronteras del grupo y aceptar medidas deshumanizadoras. Pero la misma idea puede conducir a reconstruir colectivamente la sociedad. Para Belew, esa bifurcación importa: las catástrofes no determinan por sí solas el futuro político. Lo decisivo es si el miedo se utiliza para proteger una comunidad cerrada o para defender la capacidad democrática de sobrevivir y reconstruirse.