La presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea ha planteado reducir en unos 141.000 millones de euros el proyecto de presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, hasta situarlo en 1,62 billones de euros. El ajuste, cercano al 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, concentra los recortes en competitividad, seguridad, defensa, infraestructuras y acción exterior, mientras mantiene las principales asignaciones para agricultura y cohesión. El documento pretende servir de base para acercar a los Veintisiete antes de las negociaciones decisivas de otoño, aunque Alemania ya ha advertido de que no constituye una base suficiente para el acuerdo.

La propuesta llega pocos días antes de la reunión del Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre, en la que los jefes de Estado y de Gobierno volverán a examinar las cuentas del próximo ciclo financiero. Los ministros de Asuntos Europeos analizarán previamente el texto y tratarán de preparar un entendimiento político que permita cerrar el acuerdo en diciembre, antes de que termine 2026.

Un intento de equilibrar posiciones enfrentadas

El planteamiento irlandés busca responder a dos presiones contrapuestas. Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia, principales defensores de una disciplina presupuestaria estricta, han reclamado rebajas de varios cientos de miles de millones de euros sobre el plan de Bruselas. En el extremo contrario, España y Francia defienden un presupuesto más ambicioso que permita financiar nuevas responsabilidades europeas sin debilitar la Política Agraria Común ni los fondos de cohesión.

La Comisión había propuesto un marco de 1,76 billones de euros a precios constantes de 2025, equivalentes a 1,98 billones a precios corrientes. La presidencia irlandesa considera que la dimensión de ese proyecto no refleja suficientemente las restricciones fiscales de los Estados miembro. Su ministro para Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne, sostuvo que el consenso exigirá moderar la expansión del gasto, aunque presentó el documento como un punto de partida y no como un resultado definitivo.

La dificultad política no reside únicamente en el volumen total. También afecta a la distribución del dinero y al reparto de los sacrificios. Los países contribuyentes netos pretenden contener sus aportaciones nacionales, mientras que los Estados beneficiarios y los gobiernos que reclaman mayor capacidad europea alertan de que reducir recursos puede limitar la respuesta común ante la competencia industrial, la guerra en Ucrania, la transición energética y las nuevas amenazas de seguridad.

Competitividad y seguridad asumen el mayor ajuste

El recorte más significativo en términos absolutos afecta al capítulo de competitividad, prosperidad y seguridad. Su dotación pasa de 522.205 millones de euros en la propuesta de la Comisión a unos 456.000 millones, una reducción aproximada del 13%. Aun así, el importe duplica con creces los recursos destinados a esas prioridades en el presupuesto actualmente vigente, lo que revela el cambio de orientación del gasto europeo hacia ámbitos considerados estratégicos.

Dentro de ese bloque, el Fondo Europeo de Competitividad pierde alrededor del 11% de la financiación inicialmente prevista. Horizonte Europa, el principal programa comunitario de investigación e innovación, queda en 140.000 millones de euros después de perder casi 15.000 millones. También se reducen las partidas destinadas a resiliencia, seguridad, industria de defensa y espacio, con unos 15.000 millones menos, y el Mecanismo Conectar Europa, centrado en infraestructuras de transporte y energía, que cae en más de 10.000 millones.

Erasmus+ afronta asimismo una rebaja cercana a 1.500 millones. Aunque estas reducciones no eliminan los programas, sí pueden limitar su capacidad de expansión precisamente cuando la Unión intenta elevar la productividad, reforzar sus cadenas de suministro y reducir su dependencia tecnológica. El ajuste, por tanto, no es neutral: protege compromisos consolidados, pero restringe parte de la inversión necesaria para afrontar los desafíos que Bruselas identifica como prioritarios.

Agricultura y cohesión quedan protegidas

La presidencia irlandesa ha mantenido sin cambios respecto al documento de negociación anterior las principales asignaciones para la agricultura y la cohesión, una decisión dirigida especialmente a España, Italia, Francia y Portugal. Las ayudas a la renta de agricultores y ganaderos se sitúan en 261.013 millones de euros, mientras que la cohesión económica, social y territorial alcanza los 410.080 millones.

El capítulo que agrupa agricultura, cohesión, pesca, desarrollo rural y seguridad sí disminuye algo más del 3%, hasta 914.179 millones. Sin embargo, la reducción procede de otros instrumentos y reservas comunes y no altera las asignaciones nacionales previstas para los Estados miembro. La protección de estas partidas busca evitar que la negociación se convierta en un enfrentamiento directo entre contribuyentes netos y países que dependen en mayor medida de las políticas tradicionales de la Unión.

Menos recursos para la acción exterior

La acción exterior sufrirá un recorte del 17% respecto al proyecto de la Comisión y quedará en unos 157.000 millones de euros. Dublín subraya que la cifra sigue siendo un 31% superior a la del presupuesto actual, pero la reducción afectará principalmente al instrumento Global Europe, que financia cooperación al desarrollo, política de vecindad y procesos de ampliación.

El ajuste alcanza distintas regiones, entre ellas el África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África, América Latina y el Caribe. La propuesta preserva, sin embargo, la financiación destinada a la recuperación y reconstrucción de Ucrania y mantiene una reserva de 25.000 millones de euros a precios corrientes para ayuda humanitaria. Ambas prioridades cuentan con un respaldo amplio, aunque la competencia por los recursos puede intensificarse a medida que aumenten las necesidades externas de la Unión.

La financiación propia, otro frente de conflicto

El documento no se limita a revisar el gasto. También modifica las propuestas para obtener nuevos ingresos comunitarios, una cuestión que varios gobiernos consideran especialmente sensible porque podría elevar sus contribuciones nacionales. Irlanda calcula que su paquete de recursos propios permitiría recaudar unos 55.000 millones de euros anuales.

Entre las medidas figura elevar del 75% al 90% la parte de los ingresos del mecanismo de ajuste en frontera por carbono que se transferiría a las arcas europeas. También se plantea introducir gradualmente una contribución vinculada al comercio de derechos de emisión para determinados Estados miembro. Se mantienen las propuestas de aportaciones de grandes empresas, productos del tabaco y residuos electrónicos, mientras quedan fuera las alternativas de la Eurocámara para gravar a las grandes plataformas digitales, las criptomonedas y las apuestas por Internet.

El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó de entrada el planteamiento irlandés y afirmó que “no es una base para el acuerdo”. Alemania sostiene que el presupuesto debe ser asumible para los países que soportan la mayor parte de la financiación y reclama que todos contribuyan a modernizar y priorizar el gasto. La respuesta anticipa una negociación prolongada: preservar la agricultura y la cohesión puede facilitar el apoyo de varios países, pero los recortes en inversión, seguridad y acción exterior dejan abiertas las principales discrepancias sobre el papel que la Unión quiere desempeñar durante los próximos siete años.