La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para establecer si hubo traslados no autorizados de dinero en efectivo o sustancias prohibidas en una aeronave oficial. La actuación se produjo después de que Eva Ferrer Galcerán, exconsejera para la Reconciliación, formulara acusaciones sobre presuntos vínculos ilícitos y el supuesto transporte de dinero relacionado con Verónica del Socorro Alcocer García. Por separado, voceros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmaron a NTN24 que Alcocer permanece en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Las afirmaciones de Ferrer, quien ocupó el cargo entre 2022 y 2023, fueron difundidas en una entrevista con SEMANA. La exfuncionaria, de nacionalidad colombiana y española, sostuvo que Alcocer habría utilizado el avión asignado a la Presidencia para movilizar cerca de 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. También planteó la posibilidad de que se hubieran transportado cargamentos ilícitos entre los dos países. Esas declaraciones constituyen señalamientos que deben ser verificados: la indagación anunciada no equivale a una conclusión sobre los hechos ni establece responsabilidades individuales.

Qué busca establecer la indagación

El órgano de control pretende determinar si ocurrieron las anomalías denunciadas en vuelos fronterizos y si el traslado de efectivo o de sustancias prohibidas se realizó a bordo del avión oficial. La participación del DAPRE y de la FAC sitúa el foco inicial en las entidades vinculadas con la administración y operación de la aeronave. La información disponible no precisa qué documentos, registros de vuelo o testimonios serán examinados ni establece un calendario para la etapa preliminar.

La verificación de una denuncia de este tipo requiere distinguir entre la existencia de un vuelo, el uso de una aeronave estatal y la naturaleza de lo que supuestamente se transportó. Cada elemento demanda pruebas propias. Los registros de itinerarios, autorizaciones, manifiestos y procedimientos de seguridad podrían ser relevantes para reconstruir los trayectos, aunque la Procuraduría no ha detallado públicamente las diligencias previstas. La solidez del proceso dependerá de que los señalamientos se contrasten con evidencia comprobable y de que se respeten las garantías de las personas involucradas.

El alcance de la posición estadounidense

Las declaraciones atribuidas a voceros del Tesoro estadounidense agregaron una dimensión internacional a la controversia al ratificar que Alcocer continúa en la lista de sancionados de la OFAC. Esa confirmación informa sobre la vigencia de una medida administrativa estadounidense, pero no constituye por sí misma una prueba de las acusaciones sobre vuelos, dinero o cargamentos. Son asuntos distintos, con procedimientos y estándares propios, que no deben confundirse en la cobertura ni en la evaluación pública del caso.

Según la información difundida, el organismo estadounidense también recordó que la designación de Alcocer como embajadora en misión especial quedó sin efecto por decisión de la justicia colombiana. La razón señalada fue la incompatibilidad con la prohibición constitucional del nepotismo, recogida en el artículo 126 de la Constitución. Ese antecedente se refiere a la legalidad del nombramiento y tampoco determina la veracidad de las denuncias presentadas por Ferrer.

Investigación independiente y debido proceso

El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió que la Fiscalía General de la Nación adelante las averiguaciones con independencia y sostuvo que toda denuncia debe investigarse, sin importar quién esté involucrado. A la vez, advirtió que la gravedad de lo relatado no reemplaza el debido proceso. Su declaración subraya dos exigencias que pueden coexistir: esclarecer los hechos con diligencia y evitar que las acusaciones públicas se traten como culpabilidad antes de que exista evidencia suficiente.

Manuel Aguilera, director de República USA, describió la lucha contra la narcopolítica y las conexiones delictivas continentales como una prioridad para la Casa Blanca, y anticipó atención a los hallazgos de las próximas semanas. Ese interés político puede elevar la repercusión del caso, pero el avance de las actuaciones colombianas dependerá de las competencias de sus instituciones y de los elementos que estas logren reunir.

Por ahora, el hecho verificable en el ámbito interno es la apertura de una indagación previa, no una determinación de que los traslados denunciados ocurrieron. La diferencia resulta decisiva: el caso combina afirmaciones de una exfuncionaria, una pesquisa de control sobre entidades públicas y una sanción estadounidense cuyo alcance es independiente de esas denuncias. Las conclusiones dependerán de la evidencia que produzcan las investigaciones y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.