La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre un nuevo intento del Departamento de Defensa de Estados Unidos de restringir el acceso ciudadano a información gubernamental. La alerta forma parte de su informe sobre libertad de prensa y se concentra en una propuesta que, si obtiene la aprobación del Congreso, modificaría el margen de decisión de la Secretaría de Defensa para mantener en reserva documentos que actualmente deben ser divulgados.

Una advertencia que apunta al alcance del cambio

El punto central de la denuncia no es únicamente que el Pentágono busque proteger determinados datos, sino que la iniciativa podría alterar el criterio con el que se decide qué información pertenece al ámbito público. Según la SIP, el proyecto permitiría bloquear el acceso a una cantidad amplia de información que hoy está sujeta a las leyes estatales de acceso a recursos públicos o a la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA.

La importancia de este cambio radica en que la transparencia no depende solo de la existencia formal de una ley, sino también de los límites que se imponen a quienes deben aplicarla. Cuando una autoridad obtiene facultades más extensas para clasificar documentos, la discusión deja de centrarse en si un dato es realmente sensible y pasa a depender, en mayor medida, de la interpretación administrativa de turno.

El poder de designar información como CUI

La propuesta otorgaría al secretario de Defensa la capacidad de designar unilateralmente una gran variedad de información de interés público como “información controlada no clasificada”, identificada por sus siglas en inglés como CUI. Aunque esta categoría no equivale formalmente a la información clasificada, sus efectos prácticos podrían ser similares en determinados casos: impedir o limitar la divulgación de materiales que no han sido declarados secretos bajo los procedimientos tradicionales.

La diferencia entre ambos conceptos resulta decisiva. La información clasificada suele estar sometida a reglas específicas relacionadas con la seguridad nacional y a niveles definidos de reserva. La categoría CUI, en cambio, puede abarcar información que no alcanza ese umbral, pero que el Gobierno considera conveniente controlar. Si el criterio para incorporarla a esa categoría queda concentrado en una sola autoridad, el espacio para el escrutinio externo podría reducirse de manera considerable.

FOIA bajo presión administrativa

La FOIA constituye uno de los principales instrumentos para que periodistas, investigadores y ciudadanos soliciten documentos del Gobierno federal. Su funcionamiento presupone que la información pública debe estar disponible, salvo que exista una excepción legal claramente justificada. La propuesta señalada por la SIP podría introducir una vía adicional para negar esa divulgación: no necesariamente declarar un documento secreto, sino etiquetarlo como información controlada no clasificada.

Ese mecanismo tendría consecuencias concretas para el periodismo de investigación. Las solicitudes de información podrían enfrentar más restricciones, mayores demoras y una discusión previa sobre la clasificación administrativa del material. En asuntos vinculados con el gasto militar, la gestión institucional o las decisiones estratégicas, incluso una parte de la documentación que no revele operaciones sensibles puede ser relevante para evaluar el uso de recursos públicos y la actuación de los funcionarios.

El problema, por tanto, no se limita a la cantidad de documentos que eventualmente dejarían de publicarse. También afecta la posibilidad de reconstruir decisiones oficiales a partir de registros verificables. Sin acceso a esos documentos, los medios y la sociedad dependen en mayor medida de declaraciones institucionales, filtraciones o fuentes indirectas, herramientas que no sustituyen el valor probatorio de los archivos públicos.

El Congreso, ante una decisión sobre control y rendición de cuentas

La iniciativa todavía requiere la aprobación del Congreso para entrar en vigor, un elemento que introduce una etapa política e institucional decisiva. La revisión legislativa debería determinar si las nuevas facultades responden a una necesidad concreta de protección de información o si establecen una fórmula demasiado amplia para limitar la transparencia.

La SIP sostiene que, bajo el cambio propuesto, “cualquier información que el Gobierno no quiera divulgar” podría ser designada como CUI y mantenerse reservada. Esa conclusión expresa el principal riesgo identificado por la organización: que una categoría creada para proteger información delicada termine funcionando como una excepción general, difícil de impugnar y con controles insuficientes.

La discusión también plantea una cuestión de equilibrio. El Departamento de Defensa tiene responsabilidades que pueden exigir reserva, especialmente cuando están comprometidas capacidades operativas o datos sensibles. Sin embargo, la protección legítima de esa información pierde fuerza si se extiende a documentos cuyo interés público no ha sido evaluado con criterios verificables. La seguridad nacional y la transparencia no son principios incompatibles, pero requieren límites definidos, revisión independiente y razones que puedan ser examinadas.

La advertencia de la SIP coloca así el debate en un terreno más amplio que el de una modificación técnica. Lo que está en juego es quién decide qué puede conocer la ciudadanía, con qué justificación y bajo qué mecanismos de apelación. Mientras el Congreso analiza la propuesta, la eventual ampliación del poder de clasificación administrativa seguirá siendo un indicador relevante del espacio que las autoridades estadounidenses están dispuestas a reservar para la prensa y para el control público.