La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) extendió hasta el 15 de noviembre de 2026 el plazo para que los contribuyentes clasificados como pequeños, micro y no clasificados completen su incorporación al sistema de facturación electrónica. La prórroga general de seis meses reconoce las dificultades que enfrentan miles de negocios, pero también deja abierta una cuestión decisiva: si las mipymes cuentan realmente con las condiciones tecnológicas, económicas y administrativas necesarias para cumplir con la Ley núm. 32-23.

La medida ofrece tiempo adicional para la adaptación, aunque no resuelve por sí sola los obstáculos que explican el retraso. En muchos pequeños negocios, la transición implica adquirir equipos, asegurar una conexión estable a internet, capacitar al personal y modificar procedimientos que durante años se han gestionado mediante facturas físicas, registros manuales o herramientas básicas. El problema, por tanto, no se limita a la fecha de vencimiento, sino a la capacidad efectiva de cada empresa para asumir el cambio.

Una transición con capacidades desiguales

La implementación tiene impactos distintos según el tamaño y la estructura de la empresa. Una compañía grande suele disponer de departamentos de contabilidad, personal especializado, sistemas integrados y presupuesto para contratar proveedores tecnológicos. Para una microempresa familiar, en cambio, la facturación puede depender de una o dos personas que también atienden las ventas, administran el inventario y realizan las gestiones tributarias.

Esa diferencia modifica el costo real de la obligación. Aunque la DGII ofrece un facturador gratuito, utilizarlo exige conocimientos básicos, dispositivos adecuados, acceso digital y capacidad para conservar y gestionar correctamente los comprobantes. Una plataforma sin costo de licencia no elimina los gastos de conectividad, aprendizaje, asistencia técnica, actualización de equipos ni el tiempo que el propietario debe dedicar a comprender el nuevo procedimiento.

La brecha también puede ser territorial y sectorial. Los negocios ubicados fuera de los principales centros urbanos pueden enfrentar mayores dificultades para obtener soporte técnico o una conexión confiable. Del mismo modo, no tienen las mismas necesidades una tienda minorista, un pequeño taller, un profesional independiente o una empresa que realiza operaciones con múltiples clientes y proveedores. Aplicar una transición uniforme a realidades tan diferentes puede producir niveles de cumplimiento desiguales, incluso entre contribuyentes con voluntad de acatar la norma.

El desafío más allá del calendario

La prórroga debe entenderse como una oportunidad para corregir fallas de implementación y no únicamente como una cuenta regresiva más extensa. Si el plazo adicional se utiliza solo para esperar el vencimiento, el sistema podría enfrentar una nueva concentración de solicitudes, errores y contribuyentes que todavía no saben qué modalidad les corresponde. La administración tributaria necesita identificar las causas concretas de la demora y medirlas por segmento empresarial.

La información clara resulta fundamental. Los contribuyentes deben conocer qué obligaciones les aplican, cuáles son los pasos de incorporación, cómo corregir una factura, qué hacer ante una interrupción del servicio y cómo conservar la documentación electrónica. Las instrucciones generales pueden ser insuficientes para quienes no cuentan con asesoría contable permanente. Por eso, la capacitación debe ser práctica, accesible y adaptada al lenguaje y a las operaciones cotidianas de los pequeños negocios.

También conviene reforzar los canales de asistencia. La orientación oportuna puede prevenir errores que después se conviertan en incumplimientos formales. Centros de apoyo, jornadas de capacitación en zonas con menor acceso tecnológico, materiales simplificados y mecanismos de acompañamiento para los primeros meses permitirían transformar una obligación compleja en un proceso gradual de aprendizaje.

Control fiscal sin poner en riesgo la continuidad

La factura electrónica puede mejorar de manera significativa la trazabilidad de las operaciones, reducir el uso de documentos físicos y facilitar la detección de inconsistencias. Esos beneficios fortalecen el control fiscal y pueden contribuir a una administración más eficiente. Además, un registro ordenado de las ventas y compras ayuda a las empresas a conocer mejor sus ingresos, controlar inventarios y respaldar sus relaciones comerciales.

Sin embargo, la modernización no debe evaluarse únicamente por la cantidad de comprobantes emitidos. También importa que los documentos sean generados correctamente y que el sistema no expulse, por falta de capacidad, a empresas que podrían formalizarse y crecer. La digitalización mal acompañada puede elevar los costos de operación, provocar interrupciones en las ventas o llevar a algunos negocios a depender de intermediarios informales para cumplir con una obligación que deberían poder gestionar directamente.

La Ley núm. 32-23 contempla infracciones y sanciones relacionadas con la facturación electrónica. La fiscalización es una atribución legítima del Estado, pero su aplicación debe guardar proporción con la naturaleza del incumplimiento, la capacidad del contribuyente y la existencia de una conducta deliberada o simplemente de un error de adaptación. Un régimen sancionador aplicado sin orientación previa podría afectar la liquidez de pequeños negocios y agravar problemas que la política pública pretende superar.

Una prueba para la política tributaria

El éxito de la reforma dependerá de que la DGII combine exigencia, asistencia y evaluación continua. La meta no debe ser solo incorporar contribuyentes al sistema, sino asegurar que comprendan su funcionamiento y puedan sostenerlo en el tiempo. Para ello será necesario revisar los resultados de la prórroga, publicar información sobre los principales obstáculos y ajustar las herramientas según las necesidades de cada categoría empresarial.

La República Dominicana necesita una administración tributaria más transparente y moderna, pero esa transformación debe considerar el papel económico de las mipymes. Facilitar su cumplimiento puede favorecer la formalización, mejorar su gestión y ampliar la calidad de la información fiscal. Imponer una carga tecnológica sin apoyo suficiente produciría el efecto contrario: más costos, más vulnerabilidad y mayores incentivos para permanecer fuera del sistema.

La extensión hasta el 15 de noviembre de 2026 ofrece un margen necesario, pero limitado. La decisión de fondo consiste en convertir ese tiempo en acompañamiento efectivo, simplificación y aprendizaje. La factura electrónica será una herramienta de modernización cuando permita mejorar el control sin desconocer las condiciones reales de quienes deben utilizarla.