La discusión sobre una Ley de Inversiones en Bolivia dejó de ser abstracta para el sector vitivinícola de Tarija. El enólogo e inversionista francés Francois Corentin Thorez sostiene que la falta de reglas previsibles frena proyectos extranjeros y cita un episodio propio: la anulación del registro de su marca de vinos, “Castel des Andes”, que, según explicó, le impide comercializar y continuar invirtiendo en su emprendimiento. Su caso conecta una demanda empresarial amplia con una controversia administrativa concreta, aunque por sí solo no permite determinar las causas ni la legalidad de la decisión sobre la marca.

Thorez recibió del Concejo Municipal de Tarija y la provincia Cercado un reconocimiento al mérito profesional por su trayectoria en beneficio del sector vitivinícola. Al mismo tiempo, pidió que se apruebe el proyecto de Ley de Inversiones enviado por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La iniciativa contiene 103 artículos y, de acuerdo con la noticia, debía ser debatida el 11 de agosto. La fecha y el envío señalan que existe un proceso legislativo, no que la norma haya sido aprobada ni que sus efectos estén definidos.

Una marca cuestionada revela el costo de la incertidumbre

El registro de una marca es un activo comercial: identifica un producto, acumula reputación y permite que el productor lo diferencie en el mercado. Si su titular pierde la posibilidad de usarla, puede quedar expuesto a costos de relanzamiento, interrupciones de venta y deterioro de la confianza de distribuidores y clientes. En una bodega pequeña, cuya expansión depende de inversiones graduales y de una clientela construida con el tiempo, esa incertidumbre puede pesar tanto como los costos de equipos o de producción.

El relato de Thorez tiene, por ello, una dimensión que trasciende su emprendimiento. Según afirmó, hay inversionistas de su país interesados en instalar pequeñas bodegas en Bolivia, pero primero preguntan quién les garantizará seguridad jurídica. La cadena causal es directa: si no pueden anticipar cómo se registran y protegen sus activos, calcular el riesgo se vuelve más difícil; si el riesgo percibido aumenta, pueden aplazar el desembolso o dirigirlo a otro destino. No es posible afirmar, con los datos disponibles, cuántos proyectos se han detenido por esta razón, pero la percepción de incertidumbre ya opera como una barrera de entrada.

La ley puede ordenar expectativas, pero no reemplaza su aplicación

Una norma de inversiones puede dar un marco común para las reglas que afectan a capitales locales y extranjeros y aclarar procedimientos, garantías y mecanismos de resolución de controversias. Sin embargo, aprobar una ley no corrige automáticamente los problemas de ejecución. Si las instituciones aplican de manera inconsistente las normas vigentes, o si las decisiones administrativas carecen de explicaciones accesibles y vías de revisión efectivas, una nueva declaración de garantías tendrá un alcance limitado.

Ese es el primer punto que la discusión corre el riesgo de simplificar: seguridad jurídica no equivale a prometer que toda inversión tendrá éxito ni a inmovilizar la regulación. Significa que las decisiones públicas sean previsibles, motivadas y revisables, y que los derechos puedan ejercerse mediante procedimientos conocidos. El propio llamado de Thorez incluye tanto aprobar la nueva norma como aplicar cabalmente las que ya existen. Esa distinción importa: la confianza depende no solo del texto legal, sino de la experiencia cotidiana ante las autoridades.

El episodio de “Castel des Andes” merece especial cuidado. La información disponible señala que se anuló el registro y que Thorez atribuye a esa situación la imposibilidad de comercializar y seguir invirtiendo. No detalla la fundamentación administrativa, los recursos presentados ni el estado del trámite. Sin esos antecedentes, no corresponde concluir que hubo una expropiación o una actuación arbitraria. Sí corresponde reconocer que un caso cuya explicación y resolución no sean transparentes puede convertirse en una señal negativa para otros empresarios, incluso antes de que conozcan los hechos completos.

Tarija necesita inversión, pero también reglas equilibradas

La vitivinicultura puede generar actividad a lo largo de una cadena que incluye viñedos, elaboración, empleo especializado, transporte y comercialización. Una bodega nueva no representa únicamente capital instalado: puede ampliar la demanda de uva y abrir oportunidades para proveedores locales. La insistencia de Thorez en la capacidad de las uvas tarijeñas expresa una apuesta productiva ligada al territorio. Si el país no logra transformar esa ventaja agrícola en proyectos sostenibles, pierde la posibilidad de que el valor se procese y se retenga localmente.

Pero la expectativa de atraer inversión no debe desplazar los intereses de otros actores. Los productores nacionales necesitan competir bajo reglas parejas; las comunidades y trabajadores tienen interés en que los proyectos generen beneficios verificables, y el Estado debe preservar la capacidad de fiscalizar y actualizar las normas. La seguridad jurídica no puede convertirse en una garantía de rentabilidad privada ni en una excusa para debilitar la protección de derechos. El desafío consiste en ofrecer estabilidad frente a cambios arbitrarios, manteniendo controles legítimos y mecanismos de rendición de cuentas.

También hay una diferencia entre anunciar interés inversor y materializarlo. La referencia a empresarios franceses interesados en pequeñas bodegas es relevante como indicio, pero no cuantifica compromisos, empleos, montos ni plazos. Para evaluar el impacto económico de la futura ley, harán falta datos sobre inversiones efectivamente ejecutadas, proyectos cancelados, tiempos de trámite y conflictos resueltos. Sin indicadores públicos, el debate podría quedarse en promesas contrapuestas: el Gobierno atribuyendo dinamismo a la norma y los empresarios señalando que persisten obstáculos.

La prueba estará en los procedimientos

El debate legislativo abre una oportunidad para definir cómo se resolverán controversias de inversión y cómo se coordinarán las garantías generales con regímenes específicos, como el de propiedad intelectual. Una norma clara debería reducir zonas grises sin ofrecer privilegios por nacionalidad. Su credibilidad dependerá de que los procedimientos sean comprensibles y se cumplan también cuando la decisión favorezca al Estado o a un tercero, no solo cuando el resultado satisfaga al inversionista.

En el corto plazo, la atención estará puesta en el contenido final del proyecto y en la capacidad de la Asamblea de discutir sus 103 artículos con precisión. Después, el indicador decisivo será su aplicación: si las empresas pueden anticipar plazos, defender sus registros y obtener respuestas fundamentadas, la señal de confianza será más sólida que cualquier proclamación. Si las controversias continúan sin información suficiente o sin vías de revisión previsibles, la ley podría elevar expectativas sin reducir el riesgo que motivó el reclamo.

Para Thorez, permanecer en Tarija responde a su confianza en la uva local y a su voluntad de instalar una bodega; él mismo advierte que otro inversionista quizá tome una decisión distinta. Esa diferencia resume el dilema: los recursos y las oportunidades productivas pueden existir, pero no bastan para atraer capital de largo plazo. La futura política de inversiones se medirá menos por el número de artículos aprobados que por la capacidad de las instituciones para convertir derechos escritos en decisiones consistentes, transparentes y susceptibles de revisión.