La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que contempla penas de cárcel para quienes participen en campañas de “desinformación masiva” financiadas o coordinadas desde el extranjero. El organismo considera que la iniciativa puede intimidar a periodistas y medios, especialmente porque emplea conceptos amplios cuya interpretación quedaría abierta a las autoridades.

La advertencia fue incluida en un informe aprobado este domingo en Bogotá, durante la 82ª Asamblea General de la SIP. El documento sitúa la propuesta dentro de un escenario más amplio de tensión entre el poder político argentino y la prensa, marcado por ataques públicos del presidente, restricciones para acceder a información oficial y decisiones judiciales que, según el organismo, afectan el trabajo periodístico.

El punto de mayor riesgo está en la amplitud de la ley

La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, prevé sanciones penales para quienes, “por cuenta, orden o financiamiento extranjero”, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. La SIP no cuestiona únicamente la intención declarada de proteger los procesos democráticos, sino la falta de precisión de los términos utilizados.

Expresiones como “desinformación”, “manipular la opinión pública” o “campaña coordinada” pueden abarcar desde operaciones deliberadas de propaganda hasta investigaciones periodísticas, denuncias de interés público o publicaciones cuya veracidad sea objeto de una disputa política. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), cuyas objeciones fueron recogidas por la SIP, advierte que esa indeterminación puede producir un efecto inhibitorio: ante el riesgo de una querella o una condena, periodistas y medios podrían evitar temas sensibles aun cuando actúen de buena fe.

La preocupación adquirió mayor peso después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara el 25 de agosto que la Justicia debía intervenir frente a una publicación periodística que consideraba falsa y planteara la necesidad de una ley para castigar ese tipo de conductas. Milei respaldó posteriormente esa posición. Para la SIP, la secuencia muestra cómo una controversia concreta con la prensa puede convertirse en el argumento para ampliar la capacidad punitiva del Estado.

La disputa no se limita al proyecto legislativo

El informe también registra obstáculos para el acceso a la información pública. Persisten las controversias por las restricciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y se han denunciado limitaciones en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Economía. Estas medidas no equivalen por sí mismas a una prohibición general de informar, pero dificultan la verificación independiente de las decisiones gubernamentales y reducen los canales regulares de escrutinio.

La SIP menciona además como un hecho grave un episodio ocurrido en septiembre en la provincia de Formosa. Un juez condenó a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, a cuatro integrantes del equipo del programa “Hambre de Futuro”, de La Nación+, por entrevistar y filmar en la comunidad de San José. El caso plantea una pregunta central para la libertad de prensa: si la cobertura de una comunidad puede derivar en una sanción de arresto, la frontera entre una regulación legítima y una intimidación judicial se vuelve especialmente estrecha.

La organización periodística sostiene que estos episodios deben analizarse conjuntamente. Las restricciones de acceso, las sanciones contra equipos de prensa y una ley penal con definiciones imprecisas pueden reforzarse entre sí. El problema no reside solo en cada medida aislada, sino en el mensaje acumulado que reciben los medios cuando investigar al poder puede implicar costos administrativos, judiciales o personales.

Los ataques presidenciales agravan el clima

A esa presión institucional se suma la conducta pública de Milei. Según datos aportados por ADEPA, entre el 17 y el 23 de agosto el presidente republicó 335 mensajes contra la prensa, publicó otros 26 mensajes propios y realizó 21 alusiones despectivas al periodismo durante intervenciones públicas. El informe de la SIP contabiliza señalamientos contra al menos 16 periodistas identificados con nombre y apellido y contra nueve medios de comunicación.

La cifra no demuestra por sí sola que cada crítica presidencial constituya una violación de la libertad de expresión. Un mandatario conserva el derecho a cuestionar coberturas, opiniones y líneas editoriales. Sin embargo, la dimensión de la campaña y la combinación de ataques con iniciativas legales y restricciones de acceso modifican su alcance. La autoridad presidencial no se expresa únicamente en el contenido de sus palabras, sino también en la capacidad de amplificarlas y en las consecuencias que pueden tener sobre periodistas expuestos a hostigamiento digital o institucional.

La SIP recuerda, en ese contexto, el discurso pronunciado por Milei a finales de agosto en una escuela secundaria de Buenos Aires. Durante el acto, el presidente provocó un abucheo de los estudiantes contra la prensa, un episodio que generó un fuerte escándalo en Argentina. Para el organismo, el hecho ilustra cómo la deslegitimación del periodismo puede trasladarse desde las redes sociales y los discursos políticos hacia espacios educativos y sociales donde la crítica pública adquiere una dimensión simbólica adicional.

El debate de fondo es quién define la verdad pública

La discusión argentina excede la relación conflictiva entre Milei y determinados medios. En una democracia, combatir campañas extranjeras de manipulación electoral puede ser un objetivo legítimo, pero las normas destinadas a proteger la soberanía deben distinguir con claridad entre una operación coordinada para alterar elecciones y una investigación periodística incómoda, una denuncia equivocada o una interpretación controvertida de los hechos.

La 82ª Asamblea General de la SIP, reunida en Bogotá con representantes de medios de América y España, abordó precisamente los desafíos que enfrenta el periodismo independiente: libertad de prensa, inteligencia artificial y sostenibilidad económica. En ese marco, el caso argentino advierte sobre un riesgo que se extiende más allá de sus fronteras: cuando el poder político define de forma amplia qué información es falsa y vincula esa definición con penas de prisión, la lucha contra la desinformación puede terminar debilitando el derecho ciudadano a recibir información plural. La respuesta democrática exige reglas precisas, control judicial independiente y un debate público en el que la prensa pueda investigar sin que el desacuerdo sea convertido en delito.