Inicio / Noticias / La UACM descarta nuevos planteles y desplaza el debate hacia la capacidad existenteLa Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) no prevé abrir más planteles, de acuerdo con lo expresado el 15 de octubre de 2026 por su rector, Juan Carlos Aguilar Franco. El funcionario reconoció que incrementar el número de sedes no está entre los planes del Gobierno central. Al mismo tiempo, calificó como positiva la apertura de más universidades y espacios destinados a atender la demanda educativa. La declaración distingue, por tanto, entre respaldar la expansión de la oferta pública en general y comprometer a la UACM a crecer mediante nuevos campus.La noticia no incluye cifras sobre matrícula, solicitudes de ingreso, capacidad instalada, presupuesto ni distribución territorial de la demanda. Esa ausencia impide concluir si la decisión responde a restricciones financieras, a una evaluación académica o a una prioridad política. Pero sí permite identificar el problema que queda abierto: si crece la necesidad de educación superior y esta universidad no ampliará sus sedes, la respuesta dependerá de otras instituciones, de un mejor aprovechamiento de la infraestructura disponible o de una combinación de ambas vías.La expansión pública no equivale a ampliar la UACMEl primer punto de fondo es institucional. La valoración favorable del rector a la apertura de nuevas universidades no debe confundirse con un anuncio de expansión de la UACM. Son decisiones relacionadas, pero distintas: una puede aumentar la oferta educativa de la ciudad sin modificar la red de esta universidad. Para los estudiantes, importa menos el número agregado de instituciones que la existencia de lugares accesibles, programas pertinentes y condiciones que permitan iniciar y concluir una carrera.La diferencia también afecta la rendición de cuentas. Si la demanda se canaliza hacia planteles de otras instituciones, corresponde saber dónde se crearán, qué programas impartirán y con qué recursos operarán. Si se apuesta por concentrar más actividad en sedes actuales, habrá que explicar cómo se evitarán la saturación de aulas, los horarios insuficientes o las dificultades de traslado. La declaración conocida no resuelve esas preguntas; las vuelve más urgentes.La capacidad no se mide solo en edificiosUn segundo argumento es que abrir un campus no constituye por sí mismo una solución educativa. La infraestructura requiere profesorado, laboratorios, bibliotecas, servicios de acompañamiento y presupuesto recurrente. Un edificio nuevo sin esos componentes puede elevar la matrícula formal sin asegurar una experiencia académica adecuada. A la inversa, invertir en espacios existentes y en modalidades flexibles puede ampliar oportunidades con menor demora, siempre que la institución demuestre que dispone de capacidad real y que el acceso no se deteriora.Sin datos públicos sobre ocupación y demanda, no es posible saber cuál de esas alternativas resulta más conveniente para la UACM. La evaluación debería considerar, al menos, cuántas personas solicitan ingreso, cuántas son admitidas, qué proporción logra inscribirse y cómo se distribuyen los trayectos de los estudiantes. También debería distinguir entre falta de lugares y obstáculos de permanencia: ampliar cupos no resuelve por sí solo las dificultades económicas, académicas o de transporte que pueden llevar al abandono.Estudiantes y docentes asumirán los efectos concretosPara quienes buscan estudiar, la ausencia de nuevos planteles puede traducirse en una oferta más limitada cerca de sus hogares, aunque el impacto dependerá de las decisiones de otras universidades y de la disponibilidad de programas. La ubicación importa porque los desplazamientos consumen tiempo y dinero; sin información territorial sobre aspirantes y sedes, no cabe afirmar qué zonas resultarían más afectadas. Sí cabe advertir que una política de expansión que ignore esa dimensión puede aumentar la oferta en términos estadísticos y dejar intactas barreras de acceso para determinados grupos.El personal académico, por su parte, tiene motivos legítimos para observar con cautela una expansión acelerada: crecer sin plazas suficientes o con cargas excesivas puede debilitar la enseñanza. También puede defender que la universidad amplíe su alcance si existen recursos y planificación. Para las autoridades, el desafío consiste en no presentar como equivalentes la contención institucional y la mejora educativa. Mantener el tamaño de la red puede ser responsable si protege la calidad, pero exige explicar cómo se atenderán las necesidades que no desaparecen por esa decisión.El riesgo es que la demanda quede sin responsable claroLa declaración apunta a una posible distribución de responsabilidades entre el Gobierno central y las instituciones de educación superior. Si el Gobierno considera prioritario aumentar espacios, tendrá que definir quién los construye, financia y administra; si la UACM no figura como vehículo de esa expansión, otras entidades deberán asumir una parte de la respuesta. Sin coordinación, puede haber duplicación de programas en algunas zonas y falta de opciones en otras. Sin compromisos verificables, además, el respaldo general a nuevas universidades corre el riesgo de quedarse en una posición declarativa.En los próximos años, la discusión probablemente girará menos en torno al número de edificios y más alrededor de la capacidad efectiva: plazas disponibles, estabilidad presupuestaria, pertinencia de la oferta y permanencia estudiantil. Una salida razonable sería publicar diagnósticos de demanda y capacidad, fijar metas evaluables y comparar la apertura de sedes con alternativas de inversión en planteles existentes. Esa información permitiría juzgar si la decisión de no expandir la UACM es una prioridad coherente o una renuncia sin respuesta equivalente.El principal riesgo es actuar sobre señales incompletas. Abrir campus sin financiamiento duradero puede producir instalaciones subutilizadas o servicios precarios; no ampliar la oferta sin una alternativa suficiente puede trasladar el costo a los aspirantes y a sus familias. La posición de Aguilar Franco establece un límite institucional, no una solución para la demanda educativa. La prueba será que el Gobierno y las universidades conviertan la valoración de nuevos espacios en decisiones concretas, transparentes y evaluables, sin confundir crecimiento físico con acceso efectivo ni estabilidad con inmovilidad.