La demanda por difamación presentada por Ronen Bar contra Benjamín Netanyahu ha convertido el fracaso de seguridad del 7 de octubre de 2023 en una batalla pública sobre quién recibió las advertencias, qué margen había para actuar y quién debe responder por la masacre. El exdirector del Shabak reclama tres millones de shékels y sostiene que el primer ministro intenta atribuirle una responsabilidad que, a su juicio, también corresponde al jefe del Gobierno.

Más de veinte avisos, pero sin fecha ni hora

El núcleo documental de la demanda es una secuencia de más de veinte comunicaciones que Bar dice haber trasladado a Netanyahu desde noviembre de 2022. En ellas alertó sobre la actividad de Yahia Sinwar, el aumento de atentados, la vulnerabilidad interna de Israel y el riesgo de una confrontación en varios frentes. En julio de 2023 habló de una “alerta estratégica de guerra” y propuso un ataque preventivo; dos meses después pidió golpear a los dirigentes de Hamas.

La limitación decisiva, reconocida en el propio relato de Bar, es que esas advertencias no precisaban el día ni la hora de un ataque. Esa diferencia separa una alerta estratégica de una predicción operativa: puede justificar cambios de postura y preparación, pero no demuestra por sí sola que los responsables conocieran el momento y el método de la incursión. La disputa judicial tendrá que esclarecer qué información concreta llegó a cada instancia y qué respuesta era razonable exigir.

La política de “calma a cualquier precio”

Bar atribuye parte del deterioro de la disuasión a la política de Netanyahu hacia Gaza: limitar la libertad de acción militar y permitir, entre otras medidas, la entrada de trabajadores gazatíes con la expectativa de contener a Hamas. Según el exjefe del Shabak, esa estrategia facilitó que el grupo se fortaleciera hasta actuar como un ejército en la frontera israelí. También afirma que el primer ministro desoyó sus recomendaciones de atacar selectivamente a Hamas y a Sinwar.

El Gobierno ofrece una lectura opuesta. Alega que, semanas antes del ataque, los organismos de seguridad consideraban que Hamas estaba disuadido y que el propio hecho de que no estuvieran preparados prueba que no hubo una advertencia concreta. Las dos versiones plantean una cuestión más amplia que la responsabilidad individual: si la política de contención descansaba en una evaluación compartida o si las señales que la contradecían quedaron subordinadas a prioridades políticas y a una confianza excesiva en la disuasión.

La llamada que ninguno reconoce como hecha

Netanyahu reprocha a Bar no haberle despertado la noche del ataque, pese a los indicios recibidos, y sostiene que el entonces jefe del Shabak podía haber usado el teléfono rojo. Bar responde que informó a la secretaria militar del primer ministro y que Netanyahu permaneció meses en un “letargo”. Ambos relatos sitúan la controversia en la comunicación de las horas previas, aunque Bar niega que hablara esa noche con el jefe del ejército, una afirmación atribuida previamente al primer ministro.

Una investigación ausente, una disputa en campaña

La querella llega mientras Israel se encamina a las elecciones del 27 de octubre y Netanyahu califica las acusaciones de campaña política. Bar, por su parte, reclama que la verdad se establezca en los tribunales y denuncia que el primer ministro bloquea una comisión estatal de investigación mientras difunde selectivamente documentos. Sin una investigación independiente que reconstruya decisiones, alertas y responsabilidades a partir de registros completos, el litigio puede exponer versiones enfrentadas, pero difícilmente sustituirá el examen institucional del mayor fallo de seguridad del país.