Los consulados españoles en el extranjero están volcando en una hoja de cálculo los datos de personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, para identificar qué expedientes acreditan un exilio político y cuáles se tramitaron bajo el criterio más amplio fijado por una instrucción del Ministerio de Justicia. La tarea responde a las medidas cautelares del Tribunal Supremo, que mantienen suspendido el derecho al voto de parte de este colectivo.

Según fuentes diplomáticas citadas por EL PERIÓDICO, la plantilla recoge campos que cada consulado debe revisar y completar. El listado comprende decenas de miles de solicitantes. La aplicación informática anunciada para organizar la información todavía no ha llegado; entretanto, los datos se preparan en Excel para trasladarlos posteriormente al sistema previsto.

Dos criterios, una revisión masiva

El punto decisivo es distinguir entre quienes aportaron pruebas de ser descendientes de exiliados por razones políticas, ideológicas o vinculadas a la orientación o identidad sexual, y quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la instrucción que presumía el exilio de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La clasificación administrativa busca delimitar a quién alcanza la suspensión cautelar.

Exteriores dio una primera instrucción a mediados de septiembre para emitir certificados sobre quienes habían justificado documentalmente su descendencia de exiliados. Junto a ella remitió resoluciones de la Junta Electoral Central y del Supremo. Desde entonces, los consulados han recibido nuevas comunicaciones, mientras deben revisar expedientes de gran volumen con plazos que coinciden con la preparación de unas elecciones generales adelantadas al 29 de noviembre.

El calendario electoral agrava la incertidumbre

Este lunes, el Supremo rechazó las solicitudes de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General para revocar la suspensión que afecta a nacionalizados mediante la interpretación más amplia de la instrucción ministerial. La Abogacía calcula que hay 163.020 personas afectadas y sostiene que no existe tiempo material para elaborar una relación detallada antes de los comicios.

La demora de la herramienta informática y la dependencia de revisiones consulares convierten una cuestión jurídica en un desafío operativo: identificar correctamente cada expediente exige criterios homogéneos entre oficinas y un intercambio fiable de información. Si la clasificación no llega a tiempo o contiene errores, el efecto no será solo administrativo. Podría determinar quién aparece habilitado para participar en una elección convocada en pocas semanas.

Objeciones al alcance de la medida

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que cumple y seguirá cumpliendo las medidas cautelares con diligencia, aunque reconoce que aplicarlas resulta complejo para muchos consulados. También advierte de una posible paradoja: ciudadanos españoles que votaron en 2023 o en recientes elecciones autonómicas podrían no poder hacerlo el 29 de noviembre.

El Gobierno y organizaciones de españoles en el exterior, entre ellas el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, han criticado la decisión. El Consejo ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional. Sus objeciones incluyen el plazo de cinco días para presentar alegaciones o subsanar expedientes, la diferencia de trato entre inscritos en el censo exterior CERA y en el censo de residentes en España CER, y el hecho de que la impugnación original se apoyara, según sostienen, en especulaciones de Vox e Iustitia Europa.

La controversia reúne así dos problemas distintos: el alcance legal de la suspensión y la capacidad de la Administración para ejecutarla sin confundir situaciones documentales diferentes. La hoja de cálculo es una solución provisional para ordenar la revisión, pero no resuelve por sí misma las dudas sobre los criterios ni el calendario. La cercanía de la votación eleva el coste de cualquier demora y deja a los consulados en el centro de una disputa cuyos efectos concretos dependen de la rapidez y consistencia de esa clasificación.