Emmanuel Macron ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentada tras los graves disturbios del sábado en París y otras ciudades francesas. El Elíseo justificó la decisión por la necesidad de conservar el mando de las fuerzas del orden en un momento de alta tensión, pero exigió al ministro aplicar cuanto antes nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos.

Fallos de previsión y pérdida de control

Nuñez reconoció que la policía perdió el control en algunas grandes ciudades y que el dispositivo desplegado resultó insuficiente frente a la magnitud de los saqueos y los enfrentamientos. Las autoridades habían previsto unos 200.000 manifestantes, pero la movilización alcanzó aproximadamente 500.000 personas. El ministro admitió también que se subestimó la presencia de vándalos, saqueadores y activistas de extrema izquierda.

Los disturbios dejaron 2.400 detenidos y cerca de un millar de agentes heridos, además de comercios saqueados y edificios públicos atacados. Las alcaldías de París, Marsella y Limoges cuestionaron la actuación policial; en esta última ciudad, el edificio municipal fue incendiado. El balance ha convertido la gestión operativa y la anticipación de la violencia en el principal foco de presión sobre el Gobierno.

Investigación y endurecimiento judicial

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó de fracaso la gestión de la jornada y atribuyó parte de los problemas a deficiencias de los servicios de inteligencia. Hasta la mañana del lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial, y la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80% de los casos. La Fiscalía de París creó un equipo especial para revisar cámaras, redes sociales y vídeos de testigos, mientras pide a los comerciantes conservar cualquier prueba. La respuesta combina ahora un refuerzo represivo con una revisión de la inteligencia y del despliegue policial, señales de que el Ejecutivo busca evitar que una nueva movilización vuelva a superar su capacidad de control.