Inicio / Noticias / Macron reclama medidas políticas ante una protesta estudiantil que reabre el debate sobre la respuesta policialEmmanuel Macron ha instado al Gobierno francés a presentar “soluciones concretas” en los próximos días frente a las protestas estudiantiles, que en tres semanas han dejado más de 7.000 detenidos y alrededor de un millar de heridos. El presidente reconoce que los jóvenes expresan “inquietudes legítimas”, pero advierte de que esas demandas están siendo “explotadas políticamente y transformadas en violencia urbana”. La petición llega mientras continúan las movilizaciones, se prepara una nueva jornada para el 17 de octubre y aumentan las diferencias dentro del Ejecutivo sobre cómo responder.La portavoz gubernamental, Maud Bregeon, informó de que Macron urgió a su gabinete a poner propuestas sobre la mesa. El mandatario ya había pedido a sus ministros “proporcionalidad y ética” una semana antes. El doble llamamiento resume el desafío político: contener los episodios violentos sin deslegitimar las reivindicaciones ni agravar la confrontación mediante el uso de la fuerza.La movilización pone a prueba la estrategia oficialLas autoridades sostienen que el movimiento está en “neta desaceleración”, pero decenas de miles de personas salieron a las calles el martes y los organizadores han anunciado una nueva convocatoria para el 17 de octubre, con el retorno previsto de los chalecos amarillos. La persistencia de las marchas, pese a la lectura oficial de que pierden intensidad, alimenta el temor a que la protesta estudiantil desborde su ámbito inicial y se convierta en un foco más amplio de malestar social.La tensión también se refleja en el desacuerdo entre el ministro de Educación, Edouard Geffray, y el titular de Interior, Laurent Nuñez, según Le Monde. Geffray ha condenado la violencia, pero defiende la manifestación como “una libertad fundamental” y promueve la reapertura urgente de los institutos bloqueados. Nuñez, en cambio, prefiere mantenerlos cerrados para proteger al personal docente. No se trata solo de una disputa administrativa: la decisión sobre los centros determina si la prioridad inmediata es restablecer la actividad educativa o reducir los riesgos de seguridad.Las cifras oficiales —un 96% de los institutos abiertos y unos 200 centros afectados por cierres— han sido cuestionadas. Además, las protestas se han extendido a universidades y centros privados, lo que dificulta medir su alcance mediante el estado de los institutos. La brecha entre los datos gubernamentales y la percepción de una movilización todavía visible puede debilitar la confianza en la evaluación oficial, especialmente si no se explican con claridad los criterios utilizados para contabilizar centros abiertos y bloqueados.Investigaciones policiales y cifras enfrentadas de heridosLa Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) ha abierto 36 investigaciones sobre la actuación de las fuerzas del orden durante las últimas tres semanas. Una examina las lesiones que sufrió un estudiante en Lens al recoger una granada aturdidora, que le hizo perder una mano. Otras indagan el uso de armas LBD, que disparan proyectiles de goma y que, al menos en un caso, han causado la pérdida de un ojo. La existencia de investigaciones no establece por sí misma responsabilidades, pero sitúa el uso de la fuerza entre los asuntos que el Gobierno deberá esclarecer.Nuñez rechaza que sea adecuado hablar de “represión policial” y sostiene que casi 900 de los heridos son agentes atacados por “alborotadores”. Educación, por su parte, afirma que 147 docentes han sido agredidos, entre ellos 40 directores de institutos. Las cifras describen daños en varios grupos y proceden de ámbitos distintos; por ello, no resuelven por sí solas la discusión sobre la proporcionalidad de las intervenciones. Las 36 investigaciones de la IGPN y los casos de lesiones graves aportan un elemento verificable para examinarla, mientras las autoridades insisten en la violencia ejercida contra policías y profesores.El movimiento, impulsado por el deterioro de la educación pública, la falta de inversión, los horarios rígidos y las denuncias de discriminación y opacidad en Parcoursup —la plataforma de acceso a la educación superior—, es considerado la mayor movilización estudiantil desde 1986. La comparación remite a las protestas contra la ley de educación superior de aquel año, marcadas por la represión policial y la muerte del estudiante Malik Oussekine tras ser golpeado por agentes. Esa memoria histórica eleva el coste político de cualquier nueva escalada y hace que la actuación policial sea un componente central de la crisis, no un asunto separado de las demandas educativas.Presupuesto y negociación, en el centro de la salidaEn el consejo de ministros del miércoles, Macron pidió avanzar tanto en las respuestas políticas como en las negociaciones con los sindicatos. Estas conversaciones permitieron cubrir esta semana más de 3.000 puestos de profesores ausentes, una medida concreta que responde a una parte de las dificultades de personal, aunque no atiende por sí sola las reclamaciones sobre inversión, organización escolar o acceso a la educación superior.El primer ministro, Sébastien Lecornu, había anunciado en una intervención televisiva que el gasto público en Educación aumentará el próximo año y que no se verá afectado por los recortes de 54.000 millones de euros. La promesa se formula en medio del debate presupuestario, que el año pasado provocó la caída del centrista François Bayrou como primer ministro. Para los estudiantes y los sindicatos, la credibilidad de la respuesta dependerá de que los compromisos presupuestarios se traduzcan en recursos y medidas comprobables. El Ejecutivo afronta así dos pruebas simultáneas: reducir la tensión en las calles y demostrar que puede atender las causas materiales que la alimentan.