El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, Baltazar Martínez Ríos, cuestionó los resultados de la administración de Adrián de la Garza al frente de Monterrey, horas antes de la presentación del Segundo Informe de Gobierno correspondiente al periodo municipal 2024-2027. El dirigente partidista sostuvo que existe una distancia significativa entre el discurso oficial y las condiciones que, según su partido, enfrentan diariamente los habitantes de la capital del estado.

Las críticas se concentraron en cinco áreas: seguridad, vialidades, limpieza, servicios públicos y transparencia. MC presentó sus señalamientos como resultado de los recorridos realizados por sus integrantes en distintas colonias, así como de los reportes ciudadanos que, afirmó, no han recibido una respuesta suficiente por parte de las autoridades municipales.

Una disputa entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana

Martínez Ríos afirmó que la administración municipal apela de manera recurrente a la experiencia de Adrián de la Garza, quien ha ocupado la alcaldía durante varios periodos. Sin embargo, el coordinador estatal de MC sostuvo que esa experiencia no se ha traducido en soluciones visibles para los problemas urbanos de Monterrey.

En particular, describió una ciudad con baches, acumulación de basura y deficiencias persistentes en los servicios públicos. Desde la perspectiva del partido, la continuidad de estas condiciones debilita el argumento de que el conocimiento previo de la ciudad garantiza una gestión más eficiente. El cuestionamiento político, por tanto, no se limita a una falla puntual, sino que plantea si la experiencia acumulada ha producido mejoras verificables en la operación cotidiana del municipio.

El dirigente también lanzó acusaciones contra el alcalde relacionadas con el caso de Next Energy y mencionó presuntos desvíos o triangulaciones por más de 7 mil millones de pesos que, según su declaración, habrían tenido un costo para Monterrey. La información proporcionada para esta nota no incluye documentación adicional que permita corroborar de manera independiente esa afirmación. Por ello, se trata de un señalamiento partidista que requiere respaldo documental y la correspondiente respuesta de las autoridades involucradas.

Parquímetros y obras viales, el punto de la rendición de cuentas

Otro de los ejes de la crítica fue el destino de los recursos obtenidos mediante los parquímetros. Martínez Ríos señaló que, de acuerdo con lo que se había planteado, la recaudación debía contribuir al mejoramiento de las vialidades; no obstante, afirmó que las calles continúan deterioradas y que incluso se han incrementado las tarifas de estacionamiento regulado.

La relevancia de este planteamiento radica en la relación entre ingreso público y resultado observable. Si una administración vincula una fuente específica de recaudación con una finalidad concreta, la ciudadanía puede exigir información sobre cuánto se obtiene, cómo se administra y qué obras se financian con esos recursos. La ausencia de datos públicos o de una explicación detallada puede convertir una decisión recaudatoria en un foco de desconfianza, especialmente cuando persisten baches y problemas de movilidad.

MC no presentó en el boletín cifras sobre la recaudación de los parquímetros, el número de calles intervenidas ni una comparación técnica del estado de la infraestructura vial. Esos datos serían necesarios para medir el alcance real de las acusaciones y distinguir entre una percepción política, una deficiencia operativa y un posible incumplimiento de objetivos.

La seguridad, bajo escrutinio por la falta de policías

En materia de seguridad, el coordinador estatal de MC afirmó que Monterrey mantiene un déficit de elementos de la Policía Regia. A su juicio, el ayuntamiento no ha logrado completar la plantilla necesaria para cubrir el territorio municipal, pese al tiempo que Adrián de la Garza ha estado al frente de la ciudad.

Martínez Ríos también cuestionó que Fuerza Civil participe en tareas de seguridad dentro de Monterrey. Su argumento es que la intervención estatal evidenciaría una dependencia operativa del municipio respecto de una corporación que pertenece al gobierno de Nuevo León. Sin embargo, la presencia de Fuerza Civil no permite por sí sola establecer la magnitud del déficit municipal ni determinar si existe una coordinación institucional prevista. Para evaluar ese punto serían indispensables datos sobre la plantilla autorizada, el número de agentes activos, la cobertura territorial y la distribución de responsabilidades entre las corporaciones.

El debate adquiere mayor importancia porque la seguridad no se mide únicamente por el número de policías. También intervienen la capacidad de respuesta, la prevención, la coordinación y la confianza de los habitantes. Aun así, una plantilla insuficiente puede limitar cualquier estrategia, particularmente en una ciudad extensa y con demandas simultáneas en zonas comerciales, habitacionales y de alta movilidad.

Las cinco preguntas de Movimiento Ciudadano

Martha Herrera, coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de MC Monterrey, informó que el partido planteó cinco preguntas al alcalde sobre calles, alumbrado, drenaje pluvial, movilidad y seguridad. La selección de estos temas refleja problemas de servicios básicos que afectan de manera directa la vida diaria y que, a diferencia de los anuncios generales, pueden ser contrastados en colonias específicas.

Herrera sostuvo que las preguntas surgieron de recorridos territoriales y de conversaciones con vecinos. Según su versión, las respuestas y reportes ciudadanos no coinciden con el contenido del informe municipal, al que calificó como un discurso alejado de la realidad. El partido anunció que continuará visitando las calles y dando seguimiento a las solicitudes de atención.

La exigencia de MC de que el alcalde pida licencia, en caso de mantenerse distraído de sus responsabilidades, eleva el tono de la confrontación política. No obstante, para que el debate trascienda la disputa partidista será necesario que las críticas se acompañen de indicadores verificables y que el gobierno municipal responda con información pública sobre avances, pendientes, presupuesto ejercido y metas incumplidas.

El informe municipal como prueba de resultados

El Segundo Informe de Gobierno representa el espacio institucional para contrastar estas acusaciones con resultados medibles. Más allá de los lemas de gobierno, la evaluación ciudadana dependerá de evidencias concretas: calles reparadas, tiempos de atención a reportes, cobertura de alumbrado y drenaje, evolución de la recolección de basura, capacidad policial y transparencia en el uso de los recursos.

La disputa entre el municipio y Movimiento Ciudadano muestra que el principal reto de la administración no es únicamente comunicar sus logros, sino demostrar que las políticas públicas producen mejoras sostenidas en las colonias. Mientras no se conozcan respuestas oficiales y datos comparables, los señalamientos permanecerán en el terreno político; pero también dejarán abierta una pregunta central para Monterrey: si la ciudad dispone de recursos y experiencia administrativa, ¿por qué problemas básicos continúan siendo motivo de reclamo?