Meta aseguró este martes que cumplió las órdenes del Tribunal Superior Electoral de Brasil para garantizar un tratamiento igualitario a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, cuando faltan cinco días para la segunda vuelta presidencial. La compañía, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, comunicó que concluyó la implementación de las medidas exigidas por la corte, que el lunes le había otorgado un plazo de 24 horas para demostrar su cumplimiento.

La advertencia judicial incluía una posible multa diaria de aproximadamente 200.000 dólares. En el documento presentado ante el tribunal, Meta sostuvo que los contenidos relacionados con ambas candidaturas son tratados “de forma igualitaria y no discriminatoria”. La respuesta fue difundida por el portal Poder360 y busca cerrar, al menos formalmente, una disputa que ha colocado a las plataformas digitales bajo una vigilancia excepcional durante el tramo decisivo de la campaña.

Una respuesta judicial en el momento más sensible

La intervención de la justicia electoral se produce en un escenario de máxima competencia. Lula, dirigente izquierdista próximo a cumplir 81 años, aspira a obtener un cuarto mandato presidencial frente al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Los sondeos más recientes describen un empate técnico, de modo que cualquier variación en la circulación de mensajes, anuncios o denuncias puede adquirir un peso político considerable.

El resultado de la primera vuelta contribuyó a intensificar la presión. Lula obtuvo el 47% de los votos frente al 45% de Bolsonaro, una diferencia de apenas dos puntos porcentuales. Para su campaña, esa distancia demostró que la elección permanecía abierta y que las redes sociales podían influir en la capacidad de cada candidato para movilizar a sus seguidores, responder a ataques y alcanzar a los votantes menos definidos.

La campaña de Lula había acusado a Meta de interferir en las elecciones al restringir el alcance de sus contenidos en Instagram y WhatsApp. También denunció que la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp se negaba a generar material electoral favorable a Lula, mientras que sí producía contenido relacionado con su rival. Estas acusaciones no prueban por sí solas una decisión política de la empresa, pero sí revelan un problema central: cuando los sistemas automatizados responden de manera distinta ante candidatos que compiten por el mismo cargo, la percepción de neutralidad queda comprometida incluso si la causa inicial es técnica.

Meta niega favoritismos, pero reconoce errores

La empresa rechazó haber tomado partido y atribuyó parte de las irregularidades a fallos técnicos. Entre ellos mencionó la desactivación accidental de anuncios de la campaña de Lula, aunque afirmó que se trató de incidentes que no afectaron únicamente a Brasil. La explicación puede reducir la sospecha de una intervención deliberada, pero no elimina las consecuencias políticas de los errores: una publicidad retirada durante horas decisivas o una respuesta automatizada que limita la difusión de un mensaje puede alterar la capacidad de una campaña para competir en condiciones equivalentes.

La diferencia entre una acción intencional y una falla operativa también resulta menos clara para los usuarios que reciben el contenido. Desde su perspectiva, lo determinante no es saber si el bloqueo obedeció a una orden interna, a un algoritmo defectuoso o a un problema de infraestructura, sino comprobar que un mensaje circuló menos que otro. Por eso, la exigencia de la justicia electoral no se limita a reclamar una declaración de neutralidad: obliga a la plataforma a demostrar que sus procedimientos producen resultados comparables para ambas candidaturas.

La advertencia que va más allá del balotaje

El consejo asesor de contenido de Meta añadió una presión independiente al afirmar que había constatado “fallos recurrentes” en la moderación de contenidos vinculados con las elecciones presidenciales brasileñas. El organismo expresó preocupación por las deficiencias repetidas en los esfuerzos de la compañía para proteger la integridad electoral. La observación es relevante porque desplaza el debate desde un caso aislado hacia la calidad general de los mecanismos de supervisión, revisión y corrección utilizados durante la campaña.

La repetición de errores sugiere que el desafío no consiste únicamente en corregir publicaciones concretas. También exige revisar cómo se diseñan las reglas de moderación, qué criterios se aplican a los anuncios políticos, cuánto tarda la empresa en responder a las reclamaciones y qué información ofrece para que las campañas puedan impugnar una decisión. Sin esos datos, la igualdad de trato puede quedar reducida a una afirmación difícil de verificar desde fuera.

La disputa brasileña muestra así una tensión cada vez más importante en las democracias digitales. Las plataformas privadas controlan canales esenciales de comunicación política, pero sus sistemas de distribución y moderación no siempre son transparentes ni suficientemente auditables. Al mismo tiempo, una intervención judicial demasiado amplia podría abrir nuevos conflictos sobre la libertad de expresión y el alcance de la regulación electoral. El desafío consiste en exigir responsabilidad sin convertir a los tribunales en administradores permanentes de cada decisión tecnológica.

Meta afirma haber cumplido la orden y evita, por ahora, la multa anunciada. Sin embargo, el episodio deja una pregunta abierta para los días que restan antes del balotaje: si la igualdad de trato depende de correcciones urgentes después de una denuncia, ¿puede considerarse garantizada durante toda la campaña? La respuesta tendrá consecuencias inmediatas para Lula y Flávio Bolsonaro, pero también para la forma en que Brasil y otros países supervisen a las grandes plataformas en futuras elecciones.