Durante su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, sostuvo que los homicidios dolosos en Nuevo León comenzaron a repuntar en 2021 y alcanzaron en 2024 su nivel más alto de la última década. La afirmación reabrió el debate sobre la evolución de la violencia en el estado y sobre la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno en la prevención y el combate a los delitos de alto impacto.

De la Garza presentó una gráfica para respaldar su exposición y vinculó el aumento con el periodo en que inició la administración estatal de Samuel García, aunque evitó mencionarlo por su nombre. El señalamiento se produjo en un contexto político en el que las autoridades estatales han defendido avances recientes en materia de seguridad, mientras los gobiernos municipales buscan demostrar que cuentan con capacidades propias para responder a una problemática que rebasa sus límites administrativos.

Una discusión que se mide en ciclos largos

El alcalde recordó que en 2011 asumió la Procuraduría estatal cuando Nuevo León atravesaba uno de los momentos más críticos de su historia reciente, con una tasa anual de homicidios superior a 40 casos por cada 100 mil habitantes. Según su relato, durante aquella gestión el indicador descendió de manera contundente. La referencia sirve para plantear que los resultados en seguridad no dependen únicamente de operativos de corto plazo, sino de la continuidad institucional, la coordinación y la capacidad de análisis criminal.

La comparación también introduce una cautela necesaria: los homicidios responden a factores que cambian con el tiempo, entre ellos las disputas entre grupos delictivos, la disponibilidad de armas, la situación económica y la actuación de las corporaciones policiales y de procuración de justicia. Por ello, una gráfica anual puede mostrar una tendencia relevante, pero no explica por sí sola las causas del repunte ni permite atribuirlo automáticamente a una sola administración.

La estrategia municipal busca ampliar su margen de respuesta

De la Garza afirmó que Monterrey ha colocado la seguridad como una prioridad mediante la construcción de dos nuevos centros C4, uno en el norte y otro en el sur de la ciudad, además de dos centros de Comando C2 ubicados en Barrio Antiguo y el Parque España. La infraestructura pretende acercar la vigilancia y la generación de inteligencia a las condiciones específicas de cada zona, en lugar de concentrar todas las decisiones en un solo centro de operación.

El proyecto contempla también ampliar la cobertura hacia colonias cuya seguridad corresponde actualmente al estado. Este punto revela una de las tensiones principales del modelo de seguridad metropolitano: la división formal de competencias no siempre coincide con la experiencia cotidiana de los habitantes, quienes enfrentan un mismo problema de seguridad aunque la respuesta dependa de autoridades distintas.

El alcalde reportó una inversión superior a 990 millones de pesos para consolidar una red conectada con el territorio y destacó las condiciones laborales de la Policía de Monterrey. La mejora salarial, la profesionalización y la disponibilidad de herramientas tecnológicas pueden fortalecer la capacidad operativa, pero su efecto depende de que estén acompañadas por controles internos, investigación de delitos y mecanismos de evaluación que permitan verificar si los recursos producen resultados sostenibles.

Los resultados que presenta el Ayuntamiento

De acuerdo con las cifras expuestas por el municipio, la incidencia delictiva general disminuyó 25 por ciento, los homicidios dolosos se redujeron 66 por ciento y los delitos patrimoniales bajaron 39 por ciento. De la Garza añadió que la percepción de seguridad alcanzó su nivel más alto desde que existe registro en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Estos indicadores apuntan en direcciones distintas pero complementarias. La reducción de delitos registrados puede reflejar una menor ocurrencia, una mejor prevención o cambios en la denuncia y el registro. La percepción ciudadana, por su parte, incorpora experiencias directas, temor, visibilidad policial y condiciones del entorno. Que ambas variables mejoren constituye una señal favorable, aunque no sustituye la revisión de los datos absolutos, los periodos comparados y la metodología empleada.

Coordinación federal, el siguiente punto de presión

El presidente municipal agradeció el respaldo que, según dijo, ha recibido del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. La mención subraya que Monterrey no puede enfrentar por sí solo la dinámica delictiva de Nuevo León, particularmente cuando los homicidios están relacionados con disputas que tienen alcance regional.

El desafío inmediato será convertir las inversiones y los anuncios de coordinación en una política verificable y permanente. Para ello será necesario observar si la disminución reportada se mantiene, si alcanza de manera equilibrada a las colonias con mayores rezagos y si la capacidad de inteligencia se traduce en investigaciones judicializadas. El debate político puede cambiar con cada administración; la seguridad de los habitantes, en cambio, exige resultados comparables, transparencia en las cifras y continuidad más allá de los ciclos electorales.