El Ayuntamiento de Monterrey aprobó la contratación de la empresa Red Recolector para utilizar su Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRES), ubicado en Salinas Victoria, como alternativa para el tratamiento y la disposición de residuos sólidos urbanos no peligrosos. La decisión responde a la suspensión del servicio de SIMEPRODE y busca evitar que la operación municipal dependa de una sola instalación para el manejo de la basura generada en la ciudad.

El acuerdo fue avalado por el Cabildo durante una sesión en la que también se aprobaron medidas relacionadas con la prevención de riesgos, el uso de espacios comunitarios y la incorporación de un inmueble al patrimonio municipal. Sin embargo, el contrato con Red Recolector constituye la decisión de mayor impacto operativo, debido a que atiende una presión inmediata sobre una de las etapas más sensibles del servicio de limpieza: el destino final de los residuos después de su recolección.

La suspensión de SIMEPRODE abrió una presión operativa

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, SIMEPRODE suspendió el servicio pese a que el Ayuntamiento había efectuado pagos correspondientes a ocho meses, por un monto acumulado de 37.8 millones de pesos. La interrupción colocó a Monterrey ante la necesidad de encontrar una instalación adicional para recibir y procesar los desechos, especialmente porque la continuidad de la recolección domiciliaria no garantiza, por sí sola, que exista capacidad suficiente para trasladar y disponer la basura.

La administración municipal aclaró que los recorridos de recolección en los domicilios se mantuvieron con normalidad. Esta precisión es relevante: el problema no se ubicó en la primera parte de la cadena, es decir, en retirar los residuos de las viviendas, sino en la infraestructura posterior encargada de recibirlos, procesarlos y conducirlos hacia su disposición final. La diferencia puede pasar inadvertida para la ciudadanía, pero determina la estabilidad de todo el sistema.

Más que una salida temporal, una decisión sobre la resiliencia del servicio

El uso del CIPRES permite ampliar las opciones disponibles y reducir la exposición a una falla concentrada en un único sitio. Esa diversificación puede ofrecer mayor margen de maniobra ante nuevas suspensiones, problemas de capacidad, restricciones logísticas o desacuerdos contractuales. También puede facilitar que el municipio distribuya los flujos de residuos de acuerdo con las condiciones operativas y la disponibilidad de cada instalación.

No obstante, contar con una segunda alternativa no elimina las obligaciones de planeación. El desempeño del esquema dependerá de las condiciones específicas del contrato, de la capacidad efectiva del centro en Salinas Victoria, de los tiempos de traslado y de los controles aplicables al procesamiento de residuos. La distancia entre el punto de recolección y la instalación de destino influye directamente en los costos, el consumo de combustible, la disponibilidad de unidades y la posibilidad de mantener las rutas sin retrasos.

La medida también plantea la necesidad de contar con información pública sobre los criterios de selección, la vigencia del contrato, los volúmenes previstos y los mecanismos de supervisión. El antecedente de los pagos realizados a SIMEPRODE, aun cuando el servicio terminó suspendido, muestra que la continuidad presupuestaria y la continuidad operativa no siempre avanzan al mismo ritmo. Para evitar que el municipio vuelva a quedar expuesto, el seguimiento del cumplimiento contractual será tan importante como la contratación misma.

El punto crítico está después de la recolección

La disposición de residuos no peligrosos exige coordinar varias etapas: separación y almacenamiento inicial, recolección, transferencia, traslado, tratamiento y destino final. Una interrupción en cualquiera de ellas puede generar costos adicionales y presiones sobre las demás. Si una instalación deja de recibir residuos, el municipio debe rediseñar rutas, movilizar unidades a mayores distancias o recurrir a sitios alternos con poca anticipación.

Por ello, el acuerdo con Red Recolector debe entenderse como una medida de continuidad, pero también como una oportunidad para revisar la estructura completa del servicio. La administración puede utilizar esta coyuntura para comparar costos por tonelada, tiempos de operación, capacidad de tratamiento y resultados ambientales entre las distintas opciones. Sin esos indicadores, la diversificación corre el riesgo de limitarse a trasladar el problema de un sitio a otro sin mejorar la eficiencia general.

La decisión tampoco sustituye las políticas de reducción, separación y aprovechamiento de residuos. Mientras mayor sea la cantidad de basura mezclada que debe transportarse y procesarse, mayor será la presión sobre la infraestructura disponible. La apertura de una nueva alternativa resuelve una necesidad inmediata, pero la sostenibilidad del sistema depende de disminuir progresivamente el volumen que llega a disposición final y de fortalecer la recuperación de materiales aprovechables.

Otros acuerdos aprobados por el Cabildo

Durante la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó la expedición del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de Monterrey. El documento podrá consultarse en dependencias municipales y en formato electrónico mediante el portal oficial del gobierno local. Su función será identificar y clasificar zonas expuestas a fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y riesgos asociados con actividades humanas.

El atlas también contempla medidas de mitigación para prevenir o atender posibles afectaciones a la población y sus bienes. Su utilidad dependerá de que la información se incorpore a las decisiones de obra pública, ordenamiento urbano, protección civil y atención de emergencias. Un diagnóstico de riesgos solo adquiere valor práctico cuando orienta permisos, inversiones y protocolos antes de que ocurra una contingencia.

El Cabildo autorizó además la renovación por 10 años de la concesión de un inmueble utilizado como caseta de vigilancia por la Junta de Vecinos de la colonia Residencial La Española. También otorgó la concesión de un área pública a la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la colonia Tecnológico para actividades de convivencia y recreación comunitaria.

Finalmente, se aprobó la donación a favor del Municipio de un inmueble situado en el cruce de las calles Parque Atotonilco y Parque El Sabinal, en la colonia Barrio del Parque, en Ciudad Solidaridad. El predio se incorporará al patrimonio inmobiliario municipal, una decisión que amplía los activos públicos disponibles para futuras necesidades urbanas y comunitarias.

Con la contratación de Red Recolector, Monterrey intenta fortalecer la continuidad de un servicio que depende tanto de los camiones como de la infraestructura que recibe los residuos. La respuesta inmediata es disponer de otro centro de procesamiento; el desafío de fondo será convertir esa alternativa en parte de una estrategia verificable, con capacidad suficiente, controles contractuales y una política que reduzca la dependencia de la disposición final.