El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, estaría vinculado a una estructura de narcotráfico y lavado de activos que su gobierno intenta desmantelar. La acusación fue formulada en una entrevista con SEMANA pocas horas después de la captura de Luisa González, excandidata presidencial y figura del movimiento Revolución Ciudadana, detenida durante la madrugada del jueves 22 de octubre por una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2023.

La declaración de Noboa eleva nuevamente la tensión política y diplomática entre Ecuador y Colombia. El mandatario ecuatoriano sostuvo que Petro “se enloquece” porque estaría inmerso en esa estructura ilegal, aunque en la información conocida no se detallan pruebas concretas que sustenten directamente la participación del presidente colombiano. La acusación aparece después de que Petro calificara la captura de González como parte de una supuesta “dictadura” en Ecuador y cuestionara las políticas de seguridad del gobierno de Noboa.

Una captura con impacto electoral y regional

González pertenece a Revolución Ciudadana, la organización política cercana al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y permanece en Bélgica tras ser condenado por corrupción en su país. Correa reaccionó a la detención con un mensaje publicado en X: “Apresaron a Luisa González. ¡¡¡YA BASTAAA!!!”. El exmandatario también se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana.

La Fiscalía ecuatoriana investiga presuntas inconsistencias en los aportes recibidos y en el origen lícito de los recursos utilizados durante la campaña presidencial de 2023, particularmente en el gasto destinado a publicidad electoral. González perdió aquella elección en segunda vuelta frente a Noboa, con el 48 % de los votos. En enero, las autoridades allanaron su vivienda; en ese momento, la excandidata negó haber recibido dinero procedente de Venezuela.

La detención ocurre en un contexto político especialmente sensible. Revolución Ciudadana había sido inhabilitada para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre. Por ello, el procedimiento judicial no solo afecta a una dirigente opositora, sino que puede profundizar la disputa sobre el uso de las instituciones de seguridad y justicia en el escenario electoral ecuatoriano.

El cruce entre Petro y Noboa

Petro comentó la publicación de Correa y acusó al gobierno ecuatoriano de avanzar hacia una “verdadera dictadura”, cuyo origen, según él, estaría en un fraude electoral. También cuestionó el llamado escudo de seguridad de Ecuador, al afirmar que no sería una herramienta contra el narcotráfico, sino “un escudo contra la democracia”. Sus declaraciones situaron la captura de González dentro de una controversia regional sobre democracia, persecución política y estrategias contra el crimen organizado.

Noboa respondió vinculando las críticas de Petro con una investigación de mayor alcance. “Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, declaró. La frase constituye una acusación política de extrema gravedad. Para que tenga consecuencias judiciales o diplomáticas verificables, tendría que ser acompañada por evidencias, decisiones fiscales o actuaciones formales de las autoridades competentes.

El intercambio también revela que la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el principal eje de confrontación entre ambos gobiernos. En Ecuador, Noboa ha construido buena parte de su legitimidad sobre la ofensiva contra las organizaciones criminales. En Colombia, Petro ha defendido una política de paz total y una estrategia de diálogo con grupos armados que sus críticos consideran insuficiente frente al crecimiento de las economías ilegales.

Antecedentes de una crisis que no se cerró

En una entrevista concedida en abril, Noboa ya había acusado a Petro de mantener vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales ecuatorianas. Según el presidente de Ecuador, Petro se reunió en Manta con integrantes de Revolución Ciudadana, algunos de los cuales tendrían conexiones con Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros y actualmente detenido en Estados Unidos. Aquella afirmación tampoco fue acompañada, en la información divulgada, por pruebas públicas que establecieran una relación del presidente colombiano con actividades ilícitas.

Las acusaciones anteriores contribuyeron a agravar la crisis bilateral. Ecuador envió una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Bogotá; Colombia adoptó una medida similar con su representante diplomático. Las mesas de diálogo fueron suspendidas y las represalias comerciales aumentaron, con aranceles de hasta el 100 %. El deterioro afectó una relación marcada por la interdependencia fronteriza, el intercambio comercial y la necesidad de coordinación contra redes criminales transnacionales.

El nuevo enfrentamiento puede complicar todavía más esa cooperación. Mientras la Fiscalía ecuatoriana debe determinar si existieron delitos en la financiación de la campaña de González, Noboa enfrenta la responsabilidad de distinguir entre una acusación política y una imputación sustentada institucionalmente. Petro, por su parte, deberá responder a las señalamientos sin convertir la disputa en un obstáculo adicional para la cooperación regional contra el narcotráfico y el lavado de activos.

Por ahora, los hechos confirmados son la captura de González, la investigación sobre los recursos de su campaña y el intercambio público de acusaciones entre Petro y Noboa. La eventual implicación de altos dirigentes políticos en una estructura criminal solo podrá establecerse mediante pruebas verificables y procedimientos judiciales. Esa diferencia será determinante para definir si el episodio deriva en una investigación de alcance internacional o queda, una vez más, atrapado en la escalada política entre los dos países.