La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes de “muy irresponsable” el operativo antidrogas realizado en abril en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización exigida por la legislación mexicana. El señalamiento no se limita a una crítica administrativa: la operación habría involucrado a personal extranjero en territorio nacional, en una actividad reservada a las autoridades federales, y terminó con la muerte de dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos.

La investigación ya produjo consecuencias judiciales. César Gustavo Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue detenido el sábado por presuntas irregularidades vinculadas con el despliegue. La Fiscalía estatal obtuvo una orden de aprehensión por posibles delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que la Fiscalía General de la República consiguió otra por traición a la patria.

Una operación que, según el Gobierno, no debía ocurrir

Sheinbaum explicó que las autoridades de Chihuahua no tenían atribuciones para intervenir contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Ese tipo de operación corresponde a las instituciones federales mexicanas, por lo que la participación de agentes estatales y extranjeros habría rebasado simultáneamente dos límites: el de la competencia territorial dentro del propio Estado mexicano y el de la autorización para que personal de otro país actúe en tareas de seguridad.

“¿Cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio?”, cuestionó la presidenta durante su conferencia matutina. Su reproche apunta tanto a la decisión de desplegar el operativo como a la forma en que se ejecutó, en un contexto que, por tratarse de una zona remota y de una instalación dedicada a la producción de drogas sintéticas, exigía una coordinación institucional especialmente rigurosa.

El accidente convirtió una irregularidad en una crisis política

El caso se remonta a abril, cuando los agentes participaron en una operación contra un laboratorio clandestino ubicado en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Al regresar del lugar, el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco. Murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos.

La tragedia hizo visible una cadena de decisiones que, sin el accidente, probablemente habría permanecido circunscrita a los procedimientos internos de seguridad. La muerte de los cuatro ocupantes elevó el caso de una posible infracción administrativa a un asunto con implicaciones penales, diplomáticas y de soberanía. También plantea una cuestión esencial para la investigación: quién autorizó el despliegue, bajo qué marco operativo se produjo y qué controles existían sobre la colaboración extranjera.

La responsabilidad no termina en el exfiscal

Jáuregui renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales en la información y la supervisión de la colaboración con los agentes estadounidenses. Sheinbaum cuestionó que el encargado de procurar justicia pudiera ser, al mismo tiempo, quien presuntamente incumpliera las normas que debía hacer respetar. “¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?”, expresó.

La presidenta indicó que las fiscalías estatal y federal colaboran en las investigaciones y advirtió que existen otras pesquisas contra el exfuncionario todavía no detalladas. Esa afirmación amplía el alcance del expediente: el operativo de abril podría ser solo una parte de un conjunto de decisiones institucionales bajo revisión. La determinación de responsabilidades dependerá de establecer si hubo una autorización inexistente, una omisión deliberada de controles o una estructura informal de cooperación que operó al margen de los canales oficiales.

Cooperación sí, pero bajo reglas mexicanas

El episodio ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen una relación marcada por la presión de Washington para intensificar la lucha contra los carteles. El presidente Donald Trump ha reiterado que organizaciones criminales controlan partes del territorio mexicano y ha sostenido que se lo comunicó a Sheinbaum. La mandataria, por su parte, ha defendido la cooperación bilateral contra el narcotráfico, pero también ha insistido en que México es amigo de todo el mundo y que las acciones de seguridad dentro de su territorio deben sujetarse a sus leyes.

Ahí reside la dimensión más delicada del caso. La colaboración con agencias estadounidenses puede aportar inteligencia y capacidades operativas, pero pierde legitimidad cuando no queda claro quién manda, qué autoridad responde ante la justicia y qué normas protegen a los funcionarios involucrados. El expediente de Chihuahua muestra que la eficacia contra el crimen organizado no puede medirse únicamente por la destrucción de un laboratorio: también depende de que la operación sea legal, trazable y políticamente defendible.

La investigación deberá aclarar las circunstancias del accidente y el papel de cada institución. Mientras tanto, el Gobierno federal utiliza el caso para marcar una frontera frente a cualquier cooperación no autorizada: combatir a los carteles puede requerir coordinación internacional, pero no permite sustituir las competencias mexicanas ni convertir acuerdos operativos informales en una política de seguridad. La forma en que se resuelva el expediente tendrá efectos sobre la relación bilateral y sobre los controles que regirán futuras operaciones conjuntas.