Soto de la Barca, en Tineo (Asturias), continúa deteriorándose después de que el Ayuntamiento devolviera en 2025 una subvención de 3,5 millones de euros destinada a rehabilitar el antiguo poblado de trabajadores de una central térmica. El proyecto, que pretendía convertir 14 viviendas en alojamientos colaborativos y recuperar parte de los espacios comunes, no llegó a ejecutarse por problemas administrativos y el incumplimiento de los plazos. La central fue desmantelada por completo, pero el futuro de la comunidad construida a su alrededor sigue sin un plan definitivo.

El caso resume una de las dificultades menos visibles de la transición energética: cerrar una instalación industrial puede ser técnicamente viable, pero reconstruir la vida económica y social que dependía de ella exige decisiones, financiación y capacidad administrativa sostenidas en el tiempo. En Soto de la Barca, el dinero llegó antes que un proyecto preparado para convertir la oportunidad en obras concretas.

Un pueblo diseñado alrededor de la electricidad

Soto de la Barca nació en los años sesenta junto al río Narcea, al mismo tiempo que se levantaba una central térmica destinada a producir electricidad con carbón de Asturias y León. La instalación comenzó sus operaciones comerciales en 1965 y necesitaba atraer a técnicos, trabajadores y familias a una zona próxima a sus equipos y servicios. Para responder a esa necesidad, la empresa impulsó un poblado planificado por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún.

El complejo llegó a reunir aproximadamente 500 habitantes y fue concebido como algo más que una sucesión de viviendas. Contaba con escuela, cine, piscina, club social, economato, iglesia, instalaciones deportivas y un consultorio médico. La organización del espacio reflejaba una lógica habitual en determinados enclaves industriales del siglo XX: la compañía no solo proporcionaba empleo, sino también una parte significativa de la infraestructura necesaria para la vida cotidiana.

Durante sus mejores años, la central empleó a unos 250 trabajadores y amplió su capacidad hasta disponer de tres grupos generadores. Su actividad convirtió al poblado en una comunidad relativamente autosuficiente y otorgó a la zona un papel relevante dentro del suministro eléctrico regional. Mientras la instalación funcionó, las viviendas y los equipamientos tuvieron una utilidad clara. Cuando dejó de hacerlo, esa misma dependencia se transformó en una vulnerabilidad estructural.

El cierre dejó una comunidad sin función económica

La pérdida de competitividad del carbón, las exigencias ambientales y los compromisos de descarbonización aceleraron el declive de las centrales térmicas españolas. Naturgy solicitó en diciembre de 2018 el cierre definitivo de las unidades que seguían activas en Soto de la Barca. La central dejó de producir electricidad con carbón en junio de 2020 y su clausura fue autorizada ese mismo año mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El cierre no significó únicamente retirar maquinaria. También eliminó el principal flujo de empleo, población y mantenimiento que había sostenido el poblado durante décadas. Las viviendas quedaron vinculadas a una actividad inexistente y los equipamientos comunitarios perdieron usuarios. En este tipo de enclaves, la despoblación no suele producirse de una sola vez: avanza a través del abandono de servicios, la falta de inversiones y la salida progresiva de las familias.

Naturgy acordó ceder el complejo residencial al Ayuntamiento de Tineo. La operación trasladó al municipio una oportunidad patrimonial, pero también una responsabilidad costosa. Mantener edificios vacíos, reparar redes y proteger espacios sometidos al vandalismo requiere recursos permanentes, incluso antes de decidir qué uso tendrán las instalaciones.

Una subvención que no llegó a convertirse en obras

En 2023, el Instituto para la Transición Justa concedió 3,5 millones de euros para transformar el antiguo poblado en viviendas colaborativas. La propuesta obtuvo la máxima valoración nacional en su convocatoria e incluía la recuperación de 14 viviendas unifamiliares, la mejora de los accesos, el acondicionamiento de los espacios públicos y la creación de áreas comunitarias.

La idea buscaba adaptar un espacio industrial abandonado a una forma de residencia compartida capaz de atraer nuevos habitantes. Sin embargo, el proyecto quedó atrapado en su fase administrativa. El gobierno municipal que tomó posesión en junio de 2023 sostuvo que había recibido expedientes con plazos comprometidos y que uno de los trabajos técnicos imprescindibles para urbanizar el poblado no se había completado.

La consecuencia fue decisiva: las obras no comenzaron dentro del calendario exigido y el Ayuntamiento tuvo que devolver la totalidad de la ayuda en 2025. El concejal de Urbanismo, Pablo Fernández, calificó la subvención como un «regalo envenenado», una expresión que resume el desequilibrio entre el volumen de la financiación y la capacidad real de asumir un conjunto residencial con necesidades patrimoniales, urbanísticas y económicas complejas.

La central desaparece y el poblado espera

Mientras la rehabilitación se paralizaba, la antigua infraestructura energética avanzaba hacia su desaparición. La torre de refrigeración fue demolida en diciembre de 2023 y otras estructuras fueron retiradas en los meses posteriores. Naturgy confirmó que el desmantelamiento había alcanzado el 100%, dejando al poblado sin el elemento que explicaba su origen y sin la actividad que durante décadas justificó su mantenimiento.

Las viviendas vacías han sufrido robos, actos vandálicos y un deterioro acelerado. Aun así, Soto de la Barca no está completamente deshabitado: conserva una pequeña población censada, muy inferior a la de su etapa industrial. El municipio ha estudiado alternativas como la vivienda pública y los usos culturales, pero en febrero de 2026 todavía no contaba con un proyecto de rehabilitación definitivo.

La paradoja se hizo más visible con la llegada de nuevas iniciativas energéticas. En julio, el Gobierno adjudicó a La Barca Energía un proyecto hidroeléctrico de bombeo de 320 megavatios, con una inversión comprometida superior a 400 millones de euros. La propuesta puede devolver actividad económica a la comarca, pero no resuelve por sí misma el abandono residencial. La energía vuelve a tener futuro en el territorio; la comunidad que construyó la antigua central todavía busca el suyo.