El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió temporalmente la aplicación de varias disposiciones de una ley destinada a endurecer las sanciones contra Rusia. La Casa Blanca informó que el mandatario firmó este viernes una orden ejecutiva y justificó la exención ante el Congreso por considerar que responde al interés nacional. La decisión no revoca las sanciones estadounidenses impuestas previamente mediante otras órdenes ejecutivas, pero aplaza parte de las nuevas medidas aprobadas por el Legislativo.

Qué queda en pausa y qué sigue vigente

La ley, bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, busca limitar los recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra rusa contra Ucrania. La orden de Trump exime temporalmente sanciones dirigidas a personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, restricciones financieras y comerciales, y aranceles previstos para productos rusos y para bienes procedentes de determinados países que compran hidrocarburos a Rusia.

La suspensión no tiene una fecha de vencimiento fijada en el anuncio. Las exenciones seguirán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen adoptar nuevas medidas. La orden también encarga a varios departamentos del Gobierno aplicar las disposiciones de la ley que permanecen en vigor. Por tanto, el alcance práctico de la legislación dependerá tanto de las normas que continúen activas como de futuras decisiones del Ejecutivo.

Una ley aprobada, pero de aplicación condicionada

Trump promulgó la legislación el 18 de septiembre. La orden actual introduce una diferencia importante entre aprobar un marco de sanciones y aplicarlo de inmediato: aunque el Congreso estableció medidas para aumentar la presión económica sobre Moscú, la Casa Blanca conserva margen para exceptuar disposiciones invocando el interés nacional. Esa facultad permite al Gobierno ajustar el ritmo de aplicación, pero también abre una disputa política sobre hasta qué punto la ley limitará realmente las opciones presidenciales.

La justificación oficial se apoya en una fórmula amplia, y la información divulgada no precisa qué criterios concretos determinaron la suspensión de cada medida ni qué condiciones llevarían a restablecerlas. La ausencia de un plazo definido tampoco permite saber cuánto durará la pausa. En consecuencia, la orden no solo modifica el calendario de las sanciones: desplaza parte de la decisión sobre su eficacia futura desde el Congreso hacia el presidente y los responsables de política exterior y económica.

El diésel añade una dimensión energética

La medida llega después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú. El 9 de octubre, Trump anunció que había acordado con el presidente ruso, Vladímir Putin, el suministro de combustible para los mercados internacionales. Según el mandatario estadounidense, Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas y podría aportar cantidades adicionales, en parte dependiendo del estado de sus refinerías.

Ese anuncio vincula las excepciones económicas con un objetivo declarado de contener los precios de la energía y los combustibles. La lógica de la Administración es que permitir ciertas operaciones puede ampliar la oferta y aliviar los costos. Sin embargo, el efecto sobre los precios no queda demostrado por el anuncio del acuerdo: dependerá de las entregas efectivas, de las condiciones del mercado y de cómo se ejecuten las autorizaciones. La cifra de más de 300.000 toneladas corresponde a lo anunciado por Trump, no a un volumen cuya entrega ya esté confirmada en la información disponible.

La tensión entre presión económica y costos internos

Legisladores de ambos partidos han cuestionado el acuerdo sobre el combustible, por sus posibles efectos sobre la presión económica contra Moscú y su compatibilidad con la legislación estadounidense. Los críticos advierten que los ingresos obtenidos por la venta de combustible ruso podrían contribuir a financiar la guerra contra Ucrania. La Administración, por su parte, defiende la necesidad de contener los costos energéticos. El desacuerdo no se limita a la conveniencia de una transacción concreta: enfrenta dos objetivos de política pública que pueden entrar en conflicto, reducir los recursos disponibles para Rusia y evitar que la energía se encarezca para consumidores y empresas.

La coexistencia de sanciones previas, exenciones temporales y operaciones autorizadas deja una política con distintos niveles de restricción. Para medir su impacto será necesario observar qué transacciones se realizan, qué disposiciones permanecen activas y si las exenciones se mantienen o se revierten. Por ahora, la decisión de Trump no elimina la presión económica existente, pero sí retrasa componentes de la nueva ley en un momento en que Washington también busca facilitar el suministro de combustible. Esa combinación será el centro de la controversia sobre la coherencia y el alcance de la estrategia estadounidense frente a Rusia.