Donald Trump negó este viernes que él o Elon Musk hayan restringido el acceso de Ucrania a Starshield, el servicio satelital de uso militar de SpaceX. La limitación, detectada por unidades ucranianas durante la noche del 13 de octubre, afectó terminales en movimiento y dificultó algunas operaciones con drones. Mientras Kiev dijo que el servicio comenzaba a restablecerse, todavía reclamaba que se levantaran por completo los límites de velocidad.

“No nosotros no hicimos eso en absoluto”, afirmó Trump ante periodistas en Georgia. Dijo que había comprobado el servicio esa mañana y que, según entendía, ni siquiera se había ralentizado. Sobre una posible intervención de Musk, añadió: “No fui yo ni fue Elon”. El presidente aseguró que se había enterado del episodio por las noticias.

Una restricción que afectó a equipos móviles

Según información citada por AP, las conexiones de algunos terminales se perdían cuando los equipos superaban los 160 kilómetros por hora. La medida no supuso un apagón general de internet satelital en Ucrania: afectó determinadas conexiones militares asociadas a Starshield, la versión gubernamental y de seguridad nacional de la tecnología de SpaceX.

El comandante Yevhen Karas, jefe del regimiento ucraniano de sistemas no tripulados Raid, dijo a AP que la interrupción duró un día. Varios drones y otros equipos quedaron afectados y algunas misiones fracasaron. El impacto de una limitación de este tipo depende de la función de cada terminal, pero los enlaces en movimiento son relevantes para mantener el intercambio de información durante operaciones aéreas y coordinar unidades sobre el terreno.

El episodio ocurrió durante una jornada de ataques rusos. Zelenski denunció que Rusia lanzó misiles balísticos contra Kiev, con al menos cinco muertos, y que empleó 850 drones Shahed. La coincidencia temporal no demuestra que la restricción satelital causara esos ataques ni permite establecer por sí sola cuánto alteró la respuesta ucraniana, pero subraya la sensibilidad operativa de una interrupción de comunicaciones en medio de una ofensiva.

Quién controla Starshield

Musk había rechazado tener responsabilidad personal en el corte inicial y en las limitaciones posteriores. El miércoles sostuvo que Starshield pertenece al Gobierno estadounidense y está bajo su control, y que cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente. Esa explicación situó la autoridad sobre el servicio en Washington, aunque no identificó quién ordenó la restricción concreta.

El jueves, Reuters informó, citando a funcionarios estadounidenses y occidentales, que la Casa Blanca había aprobado la decisión. Las fuentes no precisaron quién la tomó ni quién dispuso su ejecución; un funcionario estadounidense negó que Trump hubiera pedido personalmente la medida. La versión contrasta con la negativa presidencial y deja sin aclarar cómo se adoptó la decisión, quién la implementó y bajo qué criterios operativos.

Kiev espera una restitución completa

Para el jueves algunas unidades ucranianas comunicaban que la conexión había recuperado su funcionamiento habitual. El ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, informó el viernes que el servicio se restablecía para terminales que circulaban a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Sin embargo, el Gobierno ucraniano seguía pidiendo que se eliminaran todos los límites.

En Bruselas, después de participar como invitado en una cumbre de líderes de la Unión Europea, Zelenski dijo que mantenía contacto diario con su Ministerio de Defensa y que sus socios le habían transmitido indicios de que Washington restablecería esas capacidades. Reconoció que los límites anteriores todavía no se habían levantado por completo y destacó el respaldo europeo tras los recientes roces con Trump.

El presidente ucraniano defendió el uso militar de Starshield para interceptar aeronaves que atacan a civiles e infraestructura y afirmó que Kiev no emplea el sistema para atacar objetivos en territorio ruso. La dependencia de Ucrania de una infraestructura controlada fuera del país convierte las decisiones de acceso en un factor operativo y político: aunque el servicio se recupere, la controversia deja en primer plano quién puede modificar sus condiciones y con qué grado de transparencia.