Al cumplirse un año del plan de paz impulsado por Donald Trump, Washington reivindica la liberación de todos los rehenes israelíes y la creación de una administración tecnocrática palestina como avances decisivos. Pero las cifras de víctimas y los compromisos aún incumplidos muestran que la tregua no equivale a una paz consolidada. Desde su inicio, el Ministerio de Salud de Gaza reportó 1,493 palestinos muertos y 5,299 heridos; además, organismos de Naciones Unidas advirtieron que persistieron los ataques y los desplazamientos.

La diferencia entre el balance diplomático y la experiencia cotidiana de la población no es solo una disputa sobre cómo describir el acuerdo. Determinará su legitimidad, la disposición de las partes a cumplirlo y la posibilidad de que la ayuda y la reconstrucción lleguen a quienes las necesitan. El aniversario, por tanto, deja abierta una pregunta central: si el alto el fuego puede convertirse en una estructura política capaz de reducir la violencia de forma verificable.

Un canal diplomático que todavía puede producir beneficios

El regreso de los rehenes, vivos y fallecidos, y la liberación de cientos de presos y detenidos palestinos fueron resultados concretos de la primera fase del acuerdo. La mediación también creó mecanismos políticos, entre ellos la Junta de Paz y una administración tecnocrática designada en enero de 2026. Aunque esta última aún no ha podido ingresar a Gaza para ejercer sus funciones, su existencia ofrece un posible marco para coordinar servicios y decisiones civiles si las condiciones de seguridad lo permiten.

La continuidad de ese canal tiene valor práctico. Si las partes mantienen comunicación y los mediadores sostienen compromisos verificables, pueden reducir el riesgo de que un incidente local desencadene una escalada más amplia. La tregua también facilita el ingreso de asistencia humanitaria y crea una oportunidad para reparar infraestructuras esenciales. Sin embargo, el Departamento de Estado no presentó cifras que permitieran comprobar su afirmación de que aumentó la ayuda y disminuyó el desvío de suministros por Hamás. La falta de indicadores públicos dificulta evaluar avances y alimentar la confianza.

La distancia entre el alto el fuego y la seguridad civil

Los informes de Naciones Unidas sobre ataques cerca y lejos de la denominada línea amarilla, junto con las muertes y heridas registradas durante la tregua, reflejan un problema estructural: el acuerdo no ha establecido una protección suficientemente efectiva para los civiles. Israel afirma que sus operaciones se dirigieron contra combatientes de Hamás y otros grupos armados; Hamás rechaza esas acusaciones y responsabiliza a Israel de obstaculizar la paz. Sin mecanismos independientes y aceptados para investigar incidentes, cada episodio puede reforzar las acusaciones mutuas y debilitar la disposición a cumplir lo pactado.

El riesgo no se limita a una reanudación formal de la guerra. Una violencia de menor intensidad, sostenida en el tiempo, puede provocar más desplazamientos, interrumpir servicios y hacer que las comunidades perciban la tregua como insegura. Esa percepción también puede erosionar la autoridad de cualquier administración palestina que intente asumir funciones: sin seguridad, acceso y capacidad para prestar servicios, su legitimidad será difícil de construir. A su vez, la falta de gobernanza efectiva puede facilitar nuevas disputas sobre quién controla el territorio y la distribución de recursos.

Reconstruir exige dinero, acceso y acuerdos políticos

La brecha financiera hace visible la dimensión del desafío. La Junta de Paz anunció un programa inicial de 2,450 millones de dólares, frente a los 71,400 millones que estimaciones de organismos internacionales consideran necesarios durante la próxima década. Esa diferencia no es solo contable: implica que la selección de proyectos, la entrada de materiales y la asignación de fondos podrían convertirse en focos de tensión, especialmente si las comunidades afectadas no participan o no pueden verificar cómo se distribuye la ayuda.

La reconstrucción depende también de decisiones que siguen pendientes. Según Reuters, Israel mantiene el control de aproximadamente dos tercios de Gaza y la administración tecnocrática todavía no ha ingresado al territorio. Mientras no se resuelvan el retiro de tropas, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, los donantes afrontarán incertidumbre sobre quién garantiza la seguridad y quién supervisa las obras. Si la financiación se compromete sin acceso sostenido ni condiciones operativas claras, los proyectos pueden retrasarse; si se pospone hasta que exista un acuerdo político completo, la población puede quedar expuesta durante más tiempo a condiciones precarias.

La prueba será medir el cumplimiento, no solo celebrar el aniversario

El plan conserva una oportunidad diplomática, pero sus próximos resultados dependerán de que las promesas se traduzcan en cambios observables. La reducción de ataques, el acceso regular de ayuda, la entrada efectiva de la administración palestina y la publicación de datos verificables sobre los fondos permitirían distinguir el progreso real de las declaraciones políticas. Sin esos criterios, Washington puede presentar avances que otros actores consideran insuficientes, mientras la desconfianza se afianza entre israelíes y palestinos.

La incertidumbre también afecta a los mediadores y a los países que podrían aportar recursos o personal para estabilizar la zona. Una fuerza internacional sin mandato claro, respaldo de las partes y garantías de seguridad podría quedar paralizada o convertirse en objeto de disputa. Del mismo modo, un proceso de desarme que no se vincule con acuerdos políticos y protección civil difícilmente resolverá por sí solo las causas de la confrontación. El aniversario marca un avance en la negociación, pero no demuestra que la paz sea duradera: esa conclusión dependerá de la protección de la población, el cumplimiento recíproco y una reconstrucción con recursos suficientes y supervisión creíble.