Un año después del alto el fuego, Gaza no ha entrado en una etapa de paz, sino en una forma más silenciosa de emergencia permanente. La reducción de los bombardeos, el fin de los desplazamientos masivos y el aumento de la entrada de camiones han evitado una parte de la destrucción inmediata, pero no han reconstruido las condiciones mínimas para vivir. Para Mariam, una joven madre que intenta trabajar y criar a su bebé entre ruinas y tiendas de campaña, la tregua ha reducido el miedo a morir durante la noche sin devolverle la posibilidad de construir un futuro.

La escena resume la paradoja central del enclave: hay menos violencia visible, pero no existe una recuperación material, institucional ni social capaz de transformar la vida cotidiana. Según los datos citados en el reportaje, alrededor de 2,2 millones de palestinos permanecen concentrados en el 30% de la Franja bajo control de Hamás, mientras el 70% restante continúa ocupado por el Ejército israelí al otro lado de la llamada Línea Amarilla. Las cifras y la descripción territorial son objeto de disputa política, pero el hecho esencial permanece: la población vive con una movilidad extremadamente limitada, acceso irregular a bienes básicos y una capacidad casi inexistente para decidir dónde residir o cómo ganarse la vida.

La tregua redujo la intensidad, no desmontó la emergencia

El alto el fuego ha producido cambios concretos, aunque insuficientes. Los bombardeos son menos frecuentes, los desplazamientos forzosos masivos han disminuido y han entrado más camiones con alimentos y otros suministros. También se produjo la liberación de rehenes israelíes y la excarcelación de cientos de presos palestinos, dos de los veinte puntos incluidos en el plan de paz que sirvió de base al acuerdo. El problema es que esos avances no han activado los mecanismos que permitirían pasar de la contención militar a la reconstrucción.

El segundo punto del plan, según el texto, prometía reconstruir Gaza en beneficio de su población. Sin embargo, las operaciones militares no han desaparecido, las demoliciones continúan y decenas de miles de personas siguen viviendo en alojamientos provisionales. La tregua funciona así como una pausa operativa, no como un acuerdo de normalización. Esa diferencia es decisiva: un cese parcial de los ataques puede evitar nuevas víctimas, pero no repara hospitales, restablece redes de agua, devuelve ingresos ni permite retirar los escombros que sepultan viviendas y cuerpos.

Desde la perspectiva de la población gazatí, el deterioro se ha vuelto menos visible para el exterior precisamente porque la intensidad de la guerra ha bajado. Mariam sostiene que el mundo ha dejado de hablar de Gaza, mientras Joan Tubau, jefe de misión de Médicos sin Fronteras en los territorios palestinos ocupados, describe los últimos seis meses como un periodo de “absoluto estancamiento”. La reducción de la atención internacional no es un elemento meramente mediático: afecta a la presión diplomática, a la financiación humanitaria y a la capacidad de las organizaciones de mantener operaciones sostenidas.

El bloqueo convierte la ayuda en una economía de escasez

Uno de los principales errores de interpretación consiste en medir la situación únicamente por el número de camiones que entra en la Franja. La cuestión no es sólo cuánto llega, sino qué llega, a qué precio, con qué regularidad y si existen energía, transporte y personal para convertir esos suministros en servicios efectivos. Tubau explica que hay alimentos disponibles a precios extraordinarios, pero que resulta más fácil encontrar Nutella que insulina. La comparación ilustra una distorsión profunda de la ayuda: la entrada de mercancías no equivale a la disponibilidad de bienes esenciales.

La falta de combustible, gas, piezas de repuesto y generadores bloquea la cadena completa. Sin gasolina no circulan vehículos; sin generadores no funcionan las plantas desalinizadoras; sin piezas no pueden repararse motores; sin materiales médicos y medicamentos los hospitales no pueden sostener tratamientos complejos. En estas condiciones, la infraestructura deja de fallar como consecuencia directa de un bombardeo y empieza a fallar por agotamiento. El resultado es menos espectacular que la destrucción de un edificio, pero puede ser igual de letal a medio plazo.

El sistema financiero ofrece otro indicador de la parálisis. El Banco Mundial estima que el 98% de la infraestructura bancaria ha sido afectada por los bombardeos. Sólo dos cajeros automáticos funcionan parcialmente en todo el enclave, de modo que muchas personas deben recurrir a cambistas que cobran comisiones de entre el 40% y el 50% para obtener efectivo. La consecuencia no se limita a la pérdida de poder adquisitivo. Cuando el dinero no circula por canales formales, las familias no pueden comprar alimentos con estabilidad, pagar transporte, contratar reparaciones ni sostener pequeños negocios. La crisis humanitaria se convierte en una crisis de mercado y, al mismo tiempo, en una crisis de confianza.

La primera conclusión analítica es clara: mientras el acceso a Gaza siga organizado como una excepción administrada y no como un sistema previsible de abastecimiento, cualquier mejora estadística en la entrada de ayuda será frágil. La población no necesita únicamente más suministros, sino una red logística regular, combustible suficiente, mecanismos de pago funcionales y garantías para que las organizaciones puedan operar. Sin esos elementos, cada interrupción fronteriza o cada deterioro de la seguridad puede devolver rápidamente el enclave a una fase de emergencia extrema.

Hospitales abiertos, pero incapaces de recuperar su capacidad

La sanidad revela con precisión la diferencia entre estar funcionando y estar en condiciones de atender. Un informe de Médicos por los Derechos Humanos de Israel señala que ningún hospital de la Franja trabaja a pleno rendimiento y que sólo 20 de los 36 centros hospitalarios operan parcialmente. Desde octubre del año anterior, el número de camas de cuidados intensivos apenas aumentó de 103 a 104. En una población de 2,2 millones de personas sometida a heridas de guerra, enfermedades crónicas, infecciones y partos de riesgo, ese incremento resulta prácticamente irrelevante.

La supervivencia del sistema depende en gran parte del esfuerzo de trabajadores palestinos que sostienen turnos extenuantes y después duermen en tiendas sometidas a temperaturas extremas. Pero el sacrificio individual no puede sustituir a una estructura sanitaria. Mantener la electricidad de un hospital cuesta, según Tubau, más de 15.000 euros diarios en promedio. Cuando no hay financiación suficiente, un centro puede verse obligado a cerrar aunque conserve médicos, pacientes y equipamiento básico. La crisis, por tanto, no consiste sólo en la destrucción de hospitales, sino en la imposibilidad de costear su funcionamiento cotidiano.

Las consecuencias aparecen en los pacientes que nunca llegan a ser tratados. El Ministerio de Salud gazatí cifra en al menos 1.570 las personas fallecidas entre octubre de 2023 y julio de 2026 mientras esperaban ser evacuadas, entre ellas 505 pacientes con cáncer y al menos 264 niños. Estas cifras deben leerse con cautela por las dificultades de verificación en un escenario de guerra, pero expresan una tendencia inequívoca: la demora administrativa y logística puede convertirse en una sentencia de muerte incluso cuando el paciente no se encuentra bajo fuego directo.

La segunda conclusión es que el colapso sanitario está desplazando el centro de la mortalidad. Durante la fase más intensa de la guerra, el riesgo se asociaba principalmente a los ataques. Durante la tregua, una proporción creciente del daño procede de enfermedades no tratadas, falta de evacuaciones, infecciones, desnutrición y complicaciones que en otro contexto serían evitables. Es una transformación importante para las organizaciones humanitarias y para los donantes: financiar únicamente ambulancias, alimentos o reconstrucción de edificios no bastará si no se sostienen electricidad, medicamentos, especialistas, evacuaciones y cadenas de suministro durante meses.

La seguridad sigue siendo una frontera móvil

El alto el fuego tampoco ha eliminado la violencia. Al menos 1.460 personas han muerto y 5.116 han resultado heridas por tropas israelíes desde el 10 de octubre, según los datos recogidos en el reportaje. Además, entre 8.000 y 10.000 cuerpos permanecerían bajo los escombros. La imposibilidad de retirarlos no responde sólo a la falta de voluntad o de capacidad técnica: no hay maquinaria pesada suficiente y muchas personas están demasiado debilitadas para excavar con sus manos.

La Línea Amarilla se ha convertido en un espacio de riesgo e incertidumbre. Su existencia divide un territorio ya fragmentado y dificulta el movimiento de personas, el acceso a tierras, la recuperación de viviendas y la llegada de equipos de emergencia. Para Israel, la presencia militar y el control territorial se justifican por razones de seguridad y por la necesidad de impedir la reconstitución de grupos armados. Para la población palestina y las organizaciones humanitarias, ese mismo dispositivo prolonga el desplazamiento, consolida una forma de confinamiento y hace imposible una recuperación mínimamente autónoma.

La disputa no es sólo jurídica o diplomática. Tiene efectos prácticos sobre la gestión de la ayuda. Israel sostiene la responsabilidad de controlar los riesgos vinculados a Hamás y a otras milicias; las agencias humanitarias reclaman acceso, previsibilidad y protección para trabajar. Hamás, por su parte, mantiene influencia sobre parte del territorio y de la administración local, pero su control también genera desconfianza entre gobiernos donantes y organizaciones que temen que los recursos sean desviados o instrumentalizados. Esta triple tensión paraliza decisiones que deberían ser técnicas: quién distribuye, quién supervisa, quién garantiza la seguridad y quién responde cuando una entrega no llega a su destino.

La tercera conclusión es que la ayuda se ha convertido en un asunto de gobernanza. Sin una autoridad capaz de coordinar seguridad, servicios públicos, reconstrucción y rendición de cuentas, cada actor puede atribuir el fracaso a otro. Israel puede señalar la amenaza armada; Hamás, el bloqueo y la ocupación; los donantes, la falta de garantías; y las agencias, la ausencia de acceso. Mientras tanto, la población queda atrapada en el espacio que dejan esas responsabilidades superpuestas.

Reconstruir será más difícil que detener los bombardeos

Las necesidades de vivienda ofrecen una medida de la magnitud del problema. Naciones Unidas estima que 1,98 millones de palestinos requieren asistencia relacionada con el alojamiento. La destrucción no puede resolverse levantando edificios aislados: será necesario retirar escombros, identificar restos humanos, despejar municiones sin explotar, recuperar redes de agua y electricidad, abrir carreteras y restituir escuelas, hospitales y mercados. Cada una de esas tareas depende de las demás. Un barrio no puede volver a funcionar si sus habitantes carecen de transporte, agua, atención médica y medios de pago.

El riesgo principal es que la reconstrucción se reduzca a una operación inmobiliaria sin recuperación social. Si las familias no pueden regresar con seguridad, si se mantienen las restricciones de movimiento y si no se recuperan los empleos, los nuevos edificios pueden convertirse en enclaves habitables sólo sobre el papel. También existe el peligro de que la selección de zonas de reconstrucción consolide la fragmentación territorial: unas áreas recibirían inversión y protección, mientras otras quedarían como depósitos permanentes de población desplazada.

El próximo invierno será una prueba inmediata. Miles de personas volverán a enfrentarse al frío, la humedad y la precariedad de las tiendas. Si los suministros energéticos y la ayuda para vivienda no aumentan antes de esa temporada, es previsible un repunte de enfermedades respiratorias, mortalidad infantil y desplazamientos secundarios. La presión sobre hospitales parcialmente operativos crecerá justo cuando sus costes de funcionamiento ya superan la capacidad de financiación disponible.

A más largo plazo, la tendencia dependerá de tres variables. La primera será la capacidad de convertir la tregua en un acuerdo verificable que reduzca la violencia y defina responsabilidades territoriales. La segunda, la apertura de corredores de suministro y evacuación con reglas estables, supervisión independiente y financiación plurianual. La tercera, la creación de una administración de servicios que no dependa exclusivamente de la lógica militar ni quede subordinada a facciones armadas. Si ninguna de ellas avanza, Gaza puede permanecer en una zona intermedia: sin guerra total, pero también sin paz, reconstrucción ni autonomía económica.

La experiencia de Mariam muestra el coste humano de esa indefinición. Dormir algo mejor porque las bombas son menos frecuentes no significa recuperar la normalidad. La normalidad requiere poder desplazarse, trabajar, obtener medicinas, recibir atención médica y saber que el techo de una vivienda no desaparecerá de nuevo. Un año de tregua ha demostrado que detener parte de la violencia es indispensable, pero también que resulta insuficiente cuando el bloqueo, la destrucción institucional y la incertidumbre territorial siguen intactos. El riesgo más grave no es únicamente que Gaza vuelva a una guerra abierta, sino que el mundo termine aceptando como permanente una emergencia que debería ser transitoria.