La muerte de al menos treinta personas en un centro de desplazados de Wad al Mahi, en el estado sudanés del Nilo Azul, vuelve a mostrar que la guerra entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército regular ya no se libra únicamente por el control de ciudades, carreteras o instalaciones militares. También está convirtiendo los espacios destinados a proteger a la población civil en objetivos de la confrontación. Según las autoridades locales, un dron atribuido a las FAR atacó el albergue a primeras horas del viernes. El balance comunicado incluye mujeres y niños, aunque existen discrepancias en el recuento inicial: una primera descripción habla de 24 mujeres y cuatro niños, mientras que el gobernador provincial, Mahjub al Sheij, elevó a 26 el número de mujeres fallecidas, además de los cuatro menores.

La diferencia en las cifras no es un detalle menor. En un conflicto en el que el acceso de periodistas, personal humanitario y equipos médicos está severamente limitado, la verificación independiente de los ataques se vuelve difícil y los balances pueden cambiar con el paso de las horas. Pero, incluso con esa incertidumbre, el hecho central permanece: un lugar que acogía a personas expulsadas de sus hogares fue alcanzado durante una escalada militar en una zona fronteriza y vulnerable. El Gobierno local calificó la agresión de “cobarde” y advirtió que atacar albergues agrava una situación humanitaria ya extremadamente precaria.

El Nilo Azul, de periferia olvidada a frente estratégico

Para entender la relevancia del ataque hay que situarlo en la transformación del Nilo Azul dentro de la guerra sudanesa. Desde el estallido del conflicto, el 15 de abril de 2023, los combates se concentraron inicialmente en Jartum y después se extendieron por Darfur, Kordofán y otras regiones. El Nilo Azul, situado en el sureste y próximo a Etiopía, ha adquirido una importancia creciente porque conecta rutas interiores, zonas agrícolas y corredores de movilidad hacia la frontera. El control de sus localidades permite presionar los desplazamientos de tropas y los movimientos de suministros, además de dificultar la llegada de ayuda a comunidades aisladas.

En los últimos días, las tropas gubernamentales han anunciado avances en localidades próximas a la frontera etíope. Las FAR cuentan en esta zona con el respaldo de sus aliadas del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte, conocido como SPLM-N. Esa combinación eleva el riesgo de que la ofensiva deje de ser una sucesión de choques locales y pase a convertirse en una campaña por el dominio territorial del sureste. Cuando una de las partes gana posiciones, la otra suele responder mediante ataques de mayor alcance, artillería, incursiones o drones. La población civil queda atrapada entre la necesidad de huir y la ausencia de lugares realmente seguros.

El uso de drones añade una dimensión nueva a esa dinámica. Estas aeronaves permiten golpear objetivos a distancia, reducen la exposición de los combatientes y pueden ser empleadas para atacar concentraciones, vehículos o posiciones defensivas. Sin embargo, en un entorno donde los campamentos improvisados y los edificios públicos albergan a cientos de personas, cualquier error de identificación puede producir un número elevado de víctimas. La atribución del ataque a las FAR procede de las autoridades provinciales y no ha sido acompañada, en la información disponible, por una investigación independiente. Esa cautela no elimina la gravedad del hecho, pero sí obliga a distinguir entre lo confirmado, lo atribuido y lo todavía pendiente de verificación.

Una guerra que convierte la huida en un ciclo sin salida

El centro atacado no representa una etapa excepcional, sino una fase cada vez más frecuente del desplazamiento sudanés. La guerra ha obligado a más de 14 millones de personas a abandonar sus hogares, según las Naciones Unidas, mediante desplazamientos internos o cruces de frontera. Muchas familias no huyen una sola vez: abandonan una localidad, se instalan en un refugio provisional y vuelven a desplazarse cuando el frente se aproxima, cuando escasean los alimentos o cuando el lugar de acogida es atacado. El resultado es un sistema de protección que se desgasta en cada movimiento.

Las mujeres y los niños aparecen con frecuencia entre las principales víctimas porque constituyen una parte importante de quienes permanecen en los albergues mientras otros miembros de la familia buscan comida, trabajo, transporte o un nuevo lugar de refugio. Un ataque que afecta a este grupo no solo causa pérdidas inmediatas. También rompe redes familiares, deja a menores sin cuidadores y reduce la capacidad de las comunidades para organizar la distribución de agua, alimentos y atención sanitaria. En zonas donde los hospitales funcionan de forma intermitente, una herida puede convertirse rápidamente en una muerte evitable.

El peligro se extiende más allá del emplazamiento alcanzado. Si los desplazados perciben que los albergues son localizables y vulnerables, pueden dispersarse hacia zonas rurales sin servicios básicos o intentar cruzar la frontera por rutas informales. Esa dispersión complica la identificación de las personas necesitadas y dificulta la vacunación, la vigilancia de epidemias y la entrega de ayuda alimentaria. También puede aumentar la dependencia de redes locales, autoridades armadas o intermediarios que cobran por el transporte y el acceso a recursos.

El impacto sobre la ayuda y la responsabilidad internacional

El ataque golpea directamente la operación humanitaria en Sudán. Las organizaciones de asistencia necesitan lugares relativamente estables para registrar a los desplazados, almacenar suministros y coordinar la atención médica. Cuando esos espacios son atacados o quedan cerca de una línea de combate, las agencias deben suspender actividades, evacuar personal o trasladar existencias. Cada interrupción produce un efecto acumulativo: menos alimentos llegan a tiempo, los equipos médicos reducen sus desplazamientos y las evaluaciones de necesidades se basan en datos incompletos.

La llamada del Gobierno local a las organizaciones humanitarias y a la comunidad internacional para que “asuman sus responsabilidades” refleja una contradicción central. La ayuda puede salvar vidas, pero no puede sustituir las obligaciones de las partes beligerantes. El derecho internacional humanitario exige distinguir entre combatientes y civiles, proteger a las personas desplazadas y adoptar precauciones para evitar daños indiscriminados. Si los centros de desplazamiento son usados como blancos o atacados sin verificar adecuadamente la presencia de civiles, la consecuencia no es solo humanitaria: puede constituir una vulneración grave de las normas de la guerra.

La respuesta internacional enfrenta además un problema práctico. Las condenas diplomáticas tienen poco efecto cuando no van acompañadas de mecanismos de verificación, presión política y garantías de acceso. Una medida concreta sería exigir corredores de evacuación y notificación de las instalaciones civiles, junto con sistemas para registrar ataques y preservar testimonios. Sin capacidad de documentar los hechos, la rendición de cuentas queda relegada y los ataques tienden a integrarse en una estadística cada vez más amplia de abusos no investigados.

Más desplazamiento, más fragmentación y menos margen para negociar

La agresión puede tener consecuencias militares y políticas que trasciendan el número de víctimas. El Ejército sudanés puede utilizarla para reforzar su narrativa de que las FAR son una fuerza incapaz de proteger a la población y para justificar nuevas operaciones en el Nilo Azul. Las FAR, por su parte, podrían negar la atribución, acusar al Ejército de propaganda o responder con ataques contra posiciones gubernamentales. En ambos casos, el sufrimiento civil corre el riesgo de ser incorporado a la guerra informativa, mientras la investigación independiente queda relegada.

También se reduce el espacio para una negociación local. Los acuerdos temporales de acceso humanitario dependen de un mínimo de confianza entre mandos y comunidades. Después de un ataque contra un albergue, los líderes civiles pueden temer que cualquier contacto con una de las partes sea interpretado como colaboración enemiga. Esa desconfianza dificulta la apertura de rutas seguras y puede empujar a las comunidades a buscar protección en estructuras armadas, reforzando la fragmentación territorial que alimenta el conflicto.

La experiencia de otras crisis muestra que el desplazamiento prolongado modifica la estructura social durante años. Los niños dejan de asistir a la escuela, los cultivos se abandonan y las familias venden sus bienes para financiar sucesivos desplazamientos. En el Nilo Azul, una región ya marcada por conflictos anteriores y tensiones políticas, la pérdida de cosechas y el cierre de mercados pueden traducirse en una dependencia duradera de la ayuda. Si el acceso humanitario no se estabiliza, la emergencia actual puede convertirse en una crisis de medios de vida que afecte a una generación completa.

La prueba decisiva será proteger a quienes ya lo han perdido todo

El ataque de Wad al Mahi no permite anticipar por sí solo el desenlace de la ofensiva en el Nilo Azul, pero sí señala una tendencia peligrosa: cuanto más se desplaza el frente, menos lugares quedan fuera del alcance de la violencia. La prioridad inmediata debería ser confirmar el número de víctimas, garantizar atención a los heridos y establecer condiciones verificables para que los desplazados puedan permanecer o trasladarse sin quedar expuestos a nuevos ataques. Para ello se necesitan interlocutores locales, acceso humanitario sostenido y presión sobre todas las partes, no únicamente sobre la fuerza a la que se atribuya este episodio.

La dimensión de la catástrofe sudanesa exige mirar más allá de cada comunicado militar. Mientras los desplazados sigan siendo tratados como parte del terreno de batalla, cada avance anunciado puede producir nuevas oleadas de huida y cada albergue puede convertirse en un objetivo. La protección civil no es un elemento secundario de la respuesta: es la condición mínima para impedir que la guerra destruya también las posibilidades de recuperación social y política del país.