Las elecciones israelíes del 27 de octubre han adquirido una importancia excepcional para los palestinos de Gaza y Cisjordania, aunque ninguno de ellos pueda participar en las urnas. La expectativa de que Benjamin Netanyahu pierda el poder no nace de una confianza sólida en su principal rival, Gadi Eisenkot, ni de la convicción de que un nuevo gobierno vaya a aceptar de inmediato la creación de un Estado palestino. Surge, sobre todo, del agotamiento provocado por la guerra, la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos y el deterioro económico. Para muchos palestinos, el objetivo inmediato no es alcanzar una solución histórica, sino detener una dinámica que consideran cada vez más destructiva.

Ese matiz resulta central para evaluar las posibles consecuencias. Una derrota de Netanyahu podría modificar el tono político, reducir algunas presiones y abrir canales de coordinación con la Autoridad Palestina y los actores internacionales. Sin embargo, no eliminaría las restricciones sobre Gaza, el peso de los sectores ultranacionalistas ni la desconfianza acumulada después de años de conflicto. El resultado electoral puede cambiar el margen de maniobra de Israel, pero no garantiza por sí mismo un cambio sustancial en la estructura de poder que condiciona la vida de los palestinos.

El alivio inmediato tendría límites claros

En Cisjordania, la principal expectativa palestina se concentra en la seguridad cotidiana. Los ataques de colonos, la creación de puestos de avanzada y la destrucción de viviendas, mezquitas, cultivos y olivos han convertido la temporada de cosecha en un periodo de especial vulnerabilidad. Un gobierno encabezado por Eisenkot ha prometido frenar la violencia de los extremistas israelíes y desmantelar los asentamientos levantados en zonas que, según los acuerdos interinos de la década de 1990, deberían estar bajo administración palestina.

Si esas promesas se tradujeran en órdenes operativas, investigaciones eficaces y sanciones sostenidas, el efecto podría ser relevante incluso sin avances diplomáticos. La reducción de los ataques permitiría a las comunidades rurales recuperar parte de su movilidad, proteger sus fuentes de ingreso y disminuir el riesgo de desplazamientos forzados. También podría mejorar la cooperación entre las fuerzas israelíes y la Autoridad Palestina en asuntos de seguridad, un ámbito frágil pero indispensable para evitar una escalada en las ciudades y aldeas de Cisjordania.

El riesgo es que la promesa de contención choque con la composición de cualquier coalición de gobierno. Los sectores favorables a los asentamientos poseen una influencia política considerable y podrían bloquear el desmantelamiento de puestos de avanzada o exigir nuevas medidas de control sobre los palestinos. Incluso un primer ministro menos confrontativo tendría que equilibrar las demandas de seguridad de la población israelí, la presión de los colonos y las posiciones de sus socios parlamentarios. La posibilidad de una mejora dependería menos de los discursos de campaña que de la capacidad de imponer decisiones frente a esos intereses.

Gaza seguirá siendo la prueba decisiva

La situación en Gaza plantea una dificultad todavía mayor. Según funcionarios sanitarios locales citados en el reporte, los ataques israelíes han causado más de 1.400 muertes desde el alto el fuego alcanzado poco más de un año atrás, mientras Israel ha ampliado el área que controla. El ejército israelí sostiene que sus operaciones buscan atacar a Hamás y proteger a las comunidades cercanas. La disputa sobre los objetivos militares no elimina, sin embargo, el impacto acumulado sobre la población civil, que continúa viviendo entre edificios destruidos, campamentos y servicios básicos insuficientes.

Un gobierno de Eisenkot podría colaborar más estrechamente con la Junta de Paz para Gaza impulsada por la administración de Donald Trump y apoyar un marco de reconstrucción condicionado al desarme de Hamás. Esa coordinación podría facilitar la entrada de ayuda, mejorar la distribución de alimentos y medicinas y crear mecanismos internacionales de supervisión. También podría reducir la incertidumbre para los donantes y permitir que la reconstrucción comience en zonas donde las condiciones de seguridad lo hagan posible.

Pero la reconstrucción no equivale a una solución política. Si Israel mantiene restricciones severas al movimiento de personas y mercancías, la ayuda puede limitarse a contener la emergencia sin permitir una recuperación económica real. Además, cualquier plan que pretenda desarmar a Hamás sin ofrecer una autoridad palestina legítima y capacidad administrativa en Gaza podría producir un vacío de poder. En ese escenario, distintas facciones armadas competirían por el control, mientras la población quedaría atrapada entre la exigencia de seguridad israelí y la ausencia de instituciones capaces de gobernar.

La economía puede abrir una ventana o profundizar el colapso

La presión económica sobre la Autoridad Palestina constituye otro punto de inflexión. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel ha restringido ampliamente el empleo de palestinos en su territorio y ha retenido ingresos fiscales que la Autoridad Palestina considera propios. El resultado ha sido una crisis de liquidez que afecta los salarios públicos, los servicios básicos y la actividad privada. Empresarios de Cisjordania describen una cadena de impagos y consumo deprimido que amenaza con extender la recesión a sectores que todavía funcionaban con relativa normalidad.

La devolución de fondos retenidos y una flexibilización controlada de las restricciones laborales podrían tener un efecto más rápido que cualquier negociación diplomática. La Autoridad Palestina recuperaría capacidad para pagar salarios y sostener servicios, mientras miles de familias dispondrían de ingresos para reactivar el comercio local. Una mejora económica también reduciría parte del incentivo que empuja a los jóvenes hacia grupos armados o redes de contrabando, aunque no resolvería por sí sola la frustración política.

La incertidumbre reside en el grado de confianza que un nuevo gobierno estaría dispuesto a depositar en las instituciones palestinas. Israel acusa a la Autoridad Palestina de utilizar recursos para financiar el terrorismo, una imputación que sus funcionarios niegan. Mientras esa disputa permanezca sin un mecanismo verificable de control financiero, cualquier transferencia de fondos puede convertirse en objeto de confrontación interna israelí. Incluso si se reanudan los pagos, la economía palestina seguiría dependiendo de decisiones tomadas fuera de su control y continuaría expuesta a nuevas interrupciones.

El cambio electoral no garantiza una salida diplomática

La diferencia entre Netanyahu y Eisenkot puede ser significativa en materia de gestión del conflicto, aunque ambos rechacen la creación de un Estado palestino. Esa coincidencia limita el alcance de las expectativas. Un eventual gobierno de Eisenkot podría reducir la violencia de los colonos, aliviar la presión económica y cooperar con iniciativas internacionales, pero mantener la expansión de determinados asentamientos, el control militar sobre amplias zonas de Cisjordania y restricciones estrictas sobre Gaza.

Para los palestinos, esa combinación podría producir una mejora tangible en el corto plazo y, al mismo tiempo, consolidar una realidad territorial sin horizonte político. Si disminuye la violencia visible sin detener la fragmentación de Cisjordania, el conflicto podría entrar en una fase menos explosiva pero más permanente. La estabilización, en ese caso, funcionaría como una forma de administrar la ocupación, no como un camino hacia su final.

También existe el riesgo de que las expectativas palestinas sean demasiado altas. La frustración acumulada hace comprensible que muchos vean la salida de Netanyahu como una condición mínima para evitar un deterioro mayor. Pero si el nuevo gobierno no cumple rápidamente sus promesas, la decepción podría reforzar la idea de que ningún liderazgo israelí ofrece una alternativa real. Esa pérdida adicional de confianza afectaría tanto a las instituciones palestinas que defienden la coordinación política como a los gobiernos extranjeros que intentan mediar.

La seguridad israelí puede dominar la agenda

El trauma de los ataques del 7 de octubre seguirá influyendo en la política israelí, incluso si Netanyahu es derrotado. Una parte considerable de la sociedad israelí puede interpretar cualquier concesión territorial o relajación de controles como una amenaza directa. Eisenkot, antiguo jefe militar, tendría incentivos para demostrar firmeza frente a Hamás y frente a otros grupos armados. Esa presión podría traducirse en operaciones aéreas continuadas, controles fronterizos estrictos y una política de seguridad que difiera de la de Netanyahu en el método, pero no siempre en sus efectos sobre los civiles.

El desafío será construir una política que distinga entre la persecución de grupos armados y el castigo colectivo de la población. Si las autoridades no logran establecer criterios transparentes sobre los objetivos militares, investigar las denuncias de abusos y garantizar el acceso humanitario, cada operación puede alimentar nuevos ciclos de radicalización. La seguridad israelí y la protección palestina no son objetivos incompatibles, pero su coexistencia exige controles institucionales que hasta ahora han demostrado ser insuficientes.

Una oportunidad frágil para recomponer la confianza

El escenario más favorable sería una transición que combine medidas verificables: protección efectiva de las comunidades palestinas, freno a la expansión de puestos de avanzada, liberación de ingresos fiscales, ampliación de la ayuda humanitaria y coordinación internacional para la reconstrucción de Gaza. Ninguna de esas decisiones resolvería el conflicto, pero juntas podrían reducir la presión que alimenta la violencia y permitir que las instituciones palestinas recuperen capacidad de acción.

La oportunidad, no obstante, sería frágil. Un atentado, una incursión militar con numerosas víctimas, un nuevo ataque de colonos o una disputa dentro de la coalición israelí podría devolver la agenda a la lógica de la represalia. Además, la ausencia de una estrategia política para el futuro de Gaza y Cisjordania dejaría sin respuesta la cuestión fundamental: quién gobernará, con qué legitimidad y bajo qué condiciones de seguridad.

Por eso, el resultado electoral debe interpretarse como un posible punto de inflexión, no como una solución. Para los palestinos, la derrota de Netanyahu podría significar menos presión y una oportunidad de respirar; para Israel, podría abrir una etapa de gestión más coordinada del conflicto. El riesgo es que esa mejora limitada sea utilizada para posponer indefinidamente las decisiones de fondo. Sin un horizonte político creíble, el cambio de gobierno puede reducir algunos daños inmediatos mientras la estructura que los produce permanece intacta.