Najmeh Amini, estudiante iraní de Contabilidad de 23 años, permanece en la prisión de Vakilabad, en Mashhad, tras recibir una condena a muerte por blasfemia relacionada con una publicación en redes sociales. El fallo aún no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo. La espera convierte el caso en algo más que un proceso individual: pone bajo escrutinio la aplicación de la pena capital a expresiones digitales cuyo contenido exacto no se ha hecho público.

Dos tribunales, dos condenas

El procedimiento se dividió en dos causas. Un tribunal penal impuso la pena de muerte por sab ol-nabi, delito referido a las ofensas contra el profeta Mahoma. Por separado, un tribunal revolucionario dictó doce años, seis meses y un día de prisión por acusaciones que incluyen actos contra la seguridad nacional y propaganda contra el régimen. La suma de las sentencias agrava la incertidumbre sobre el futuro de Amini, aunque la condena capital todavía puede ser revisada.

La Policía Cibernética iraní, conocida como Fata, la detuvo tras detectar su actividad en internet. Según Human Rights Activists in Iran, que cita a una fuente próxima a la familia, esa actividad derivó en la acusación de blasfemia; las publicaciones que dieron origen al caso siguen sin divulgarse. Esa falta de información pública dificulta valorar los hechos y aumenta la importancia de que el recurso examine tanto las pruebas como las garantías del proceso.

La defensa invocó un estado de alteración

Durante el juicio, Amini dijo que había hecho los comentarios mientras sufría alucinaciones, después de consumir hongos psicodélicos con amigos. Sus abogados sostuvieron que no actuó de forma consciente y pidieron que se considerara esa circunstancia. El juez rechazó el argumento y cuestionó que, según esa explicación, no hubiera dirigido expresiones ofensivas contra países como Estados Unidos o Israel.

La legislación iraní contempla la pena de muerte por insultar al profeta Mahoma y a ciertas figuras veneradas por el islam chií, conforme al artículo 262 del Código Penal Islámico. El artículo 263 prevé excepciones cuando no existe intención deliberada o la persona se encuentra en determinados estados de alteración, aunque puede contemplar hasta 74 latigazos en algunos supuestos. La controversia jurídica está, por tanto, en cómo se prueba la intención y qué peso se concede a la defensa: cuestiones decisivas cuando el castigo posible es irreversible.

Una apelación que concentra la atención internacional

Amini fue arrestada durante las protestas multitudinarias de enero, iniciadas en medio del deterioro económico y transformadas en movilizaciones contra las autoridades. Distintas organizaciones de derechos humanos informaron de miles de muertos en la represión; Hrana, vinculada a HRAI, señaló que más de 50.000 personas fueron detenidas. El contexto amplía el alcance del caso, pero no sustituye la evaluación específica de las pruebas y del procedimiento seguido contra ella.

En una grabación difundida el mes pasado y atribuida a Amini, la joven pidió ayuda a Naciones Unidas, abogados y organizaciones internacionales: «Solo quiero una cosa: que seáis mi voz». Iran Human Rights, con sede en Oslo, calcula que Irán ha ejecutado a más de 600 personas desde comienzos de año. Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, advierte que una condena a muerte por una publicación podría ampliar el uso de la pena capital contra expresiones pacíficas. El Tribunal Supremo deberá determinar ahora si confirma la sentencia o exige revisar el caso; su decisión tendrá consecuencias directas para Amini y será observada como una señal sobre los límites de la libertad de expresión en Irán.