El Gobierno de Estados Unidos reconoce que una parte del combustible exportado a empresarios privados cubanos puede terminar en manos de entidades vinculadas al régimen. La admisión aparece en una declaración del Departamento de Estado enviada al periodista David Adams y obtenida por 14ymedio, en un momento en que Washington intensifica la presión sobre los envíos destinados directamente al sector estatal de la Isla.

“No podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen”, afirma el texto de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado. La institución sostiene, sin embargo, que continuará sancionando a las empresas que suministren combustible al Gobierno cubano de manera consciente y que perseguirá los mecanismos utilizados para eludir las restricciones estadounidenses.

Una política que reconoce su propia zona gris

La posición de Washington revela una contradicción difícil de evitar: la estrategia busca romper el monopolio estatal sobre el combustible, pero permite que productos importados por operadores privados circulen en un mercado donde el Estado conserva buena parte de la infraestructura, las gasolineras y los mecanismos de distribución. En esas condiciones, la separación entre el suministro privado y el estatal no depende únicamente del origen del combustible, sino también de quién controla los puntos de venta y quién tiene acceso efectivo a ellos.

El Departamento de Estado presenta esta transformación como la mayor privatización registrada en la economía cubana. Según su argumento, después de que Venezuela interrumpiera el suministro gratuito de petróleo al régimen, la Administración de Donald Trump mantuvo las exportaciones dirigidas a empresarios privados. Estos comenzaron a importar y vender combustible a otros negocios privados, organizaciones humanitarias y establecimientos diplomáticos, lo que habría reducido el control absoluto que ejercía el Estado sobre el mercado.

La declaración añade que el régimen debe recurrir ahora al “subterfugio y la ilegalidad” para obtener una parte reducida del combustible que llega al país, en lugar de controlar la totalidad del sector. Pero las evidencias reunidas durante los últimos meses muestran que esa dependencia de intermediarios privados no ha impedido el abastecimiento de entidades estatales, incluidas algunas vinculadas al aparato militar y de seguridad.

La ruta del combustible pasa por empresas privadas

Desde abril, 14ymedio ha documentado el alquiler de gasolineras estatales a micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, para despachar combustible adquirido en Estados Unidos. En La Habana, la plataforma Ticket, gestionada por Cimex, una corporación perteneciente al conglomerado militar Gaesa y sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, comenzó a vender gasolina y diésel en dólares mientras los operadores privados eran los únicos autorizados a importarlos desde territorio estadounidense.

La estructura permite que el combustible cambie de manos varias veces antes de llegar al consumidor final. Una mipyme puede figurar como importadora, vender el producto a otra entidad privada y esta, a su vez, suministrarlo a una red de servicentros que continúa bajo control estatal. El resultado es una cadena formalmente privada en algunos tramos, pero conectada con instalaciones y compradores públicos en el último eslabón.

En mayo, una investigación constató que vehículos de Transmed y de otras empresas estatales se abastecían en la antigua estación Shell de Guanabacoa, mediante bombas alquiladas por privados. En septiembre, la gasolinera El Eficiente, situada cerca de Villa Marista, fue identificada como punto de suministro para vehículos de Sepsa, camiones de brigadas especiales del Ministerio del Interior y motocicletas de la Seguridad del Estado.

Incautaciones y documentos que complican el relato oficial

La ofensiva estadounidense contra los envíos destinados al sector estatal se hizo visible el 7 de octubre, cuando agencias del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la confiscación de 90 cargamentos de biodiésel: 71 en Port Everglades, Florida, y 19 en Houston, Texas. El valor conjunto rondaba los 2,8 millones de dólares. El destinatario era Enetec, empresa estatal incluida en la lista de sancionados de la Ofac desde el 13 de julio.

En Cuba, un incendio ocurrido semanas atrás en un tanque de la empresa Azutecnia, subsidiaria de la estatal Azcuba en Granma, volvió a poner el foco sobre la procedencia del combustible utilizado por entidades públicas. La información oficial no precisó qué carburante ardió ni de dónde procedía, pero la capacidad limitada de Cuba para refinar productos derivados de su propio crudo reduce las alternativas disponibles y aumenta la importancia de las importaciones.

Una investigación de ADN Cuba y Martí Noticias señaló que Cimex compra combustible a 21 proveedores, al menos 16 de ellos mipymes, y luego lo revende en su red de servicentros. Entre los documentos citados figura una factura del 21 de septiembre emitida por Cimex-Mariel a un servicentro Oro Negro por más de 23.000 litros de gasolina. Cimex no aparece como importadora directa, sino como compradora de productos suministrados por empresas privadas cubanas.

Un mercado ampliado, pero todavía opaco

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones estadounidenses de derivados del petróleo a Cuba alcanzaron 231,74 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia comercial bilateral. El dato contrasta con la afirmación del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien dijo a Reuters que el volumen importado no cubría siquiera el 3% de las necesidades nacionales y aseguró que ninguna empresa estatal había conseguido contratos de combustible.

Ambas afirmaciones pueden coexistir parcialmente: que el volumen total sea insuficiente para las necesidades del país no significa que las entidades estatales no estén accediendo a una parte del producto. El punto central no es únicamente cuánto combustible entra en Cuba, sino cómo se distribuye, quién fija las prioridades y qué mecanismos permiten que un producto autorizado para privados termine abasteciendo a organismos públicos.

La plataforma Ticket, que sigue ofreciendo gasolina y diésel en servicentros estatales y ha reducido sus precios con el paso de los meses, funciona como la señal más visible de esa superposición. Mientras Washington intenta demostrar que ha desmantelado el monopolio estatal, la infraestructura de Cimex conserva una posición decisiva en la venta final. El reconocimiento estadounidense sobre los desvíos confirma que las sanciones han alterado las rutas de suministro, pero todavía no han separado de forma clara el mercado privado del aparato estatal que pretende limitar.