La Administración de Donald Trump impuso este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), pocas horas después de que Navi Pillay, exjueza del tribunal, recibiera el Premio Nobel de la Paz. La medida, anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, busca impedir las transacciones con la institución y puede extender las restricciones a empresas que le presten servicios. La CPI respondió que se trata de un ataque al Estado de derecho y aseguró que continuará con sus investigaciones y procesos judiciales.

“Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar”, declaró Rubio en un comunicado. El jefe de la diplomacia estadounidense justificó la decisión con la oposición de Trump a que la CPI procese a ciudadanos de Estados Unidos. La formulación apunta a una estrategia de presión económica y administrativa destinada no solo a sancionar a funcionarios concretos, sino también a dificultar el funcionamiento cotidiano de la institución.

La respuesta de la Corte

La CPI rechazó “enérgicamente” las sanciones y pidió a sus Estados miembros que garanticen la continuidad del tribunal. En un comunicado, sostuvo que la decisión estadounidense constituye “un intento de obstruir el curso de la justicia” e impedir que la Corte cumpla la misión para la que fue creada. Según la institución, el alcance de la medida afecta a los fundamentos del orden jurídico internacional, porque busca condicionar por medios externos la capacidad de un tribunal creado para investigar y juzgar crímenes graves.

La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, afirmó a Reuters que el tribunal mantendrá sus actividades “en todas las situaciones, investigaciones y procesos judiciales”. La declaración pretende transmitir que las sanciones no alterarán formalmente los expedientes abiertos ni modificarán las obligaciones profesionales de fiscales y jueces. Sin embargo, la continuidad efectiva dependerá de la capacidad de la Corte para conservar sus recursos, sus proveedores y los canales administrativos necesarios para sostener sus operaciones.

Una medida de mayor alcance

Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra fiscales y jueces de la CPI durante la Administración Trump. La decisión anunciada este viernes podría ir más lejos al amenazar a las empresas que mantienen relaciones de servicio con el tribunal. Esa posibilidad eleva el coste de trabajar con la institución, incluso para compañías que no estén directamente vinculadas a una investigación concreta.

El efecto potencial no se limita a la transferencia de fondos. Un tribunal internacional necesita contratar servicios tecnológicos, financieros, logísticos y de seguridad, además de mantener comunicaciones con testigos, investigadores y autoridades nacionales. Si los proveedores perciben que colaborar con la CPI puede exponerlos a sanciones, podrían retirarse o exigir condiciones más gravosas. La presión, por tanto, puede operar de manera indirecta: no necesariamente mediante el cierre inmediato de la institución, sino encareciendo y ralentizando cada parte de su actividad.

El contexto político del enfrentamiento

El argumento central de Washington es que la CPI carece de legitimidad para procesar a ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos no acepta que el tribunal pueda ejercer autoridad sobre sus nacionales y ha cuestionado repetidamente cualquier investigación que considere una extralimitación de sus competencias. La nueva decisión convierte esa disputa jurídica y política en una confrontación económica con la propia institución.

La coincidencia temporal con el Nobel concedido a Pillay añade una dimensión simbólica al anuncio. La exjueza, vinculada anteriormente a la CPI, fue reconocida el mismo día en que el Gobierno estadounidense anunció medidas contra el tribunal del que formó parte. Aunque la concesión del premio y las sanciones responden a decisiones distintas, su proximidad concentra la atención internacional en el papel de la justicia penal internacional y en la tensión entre la defensa de la soberanía nacional y la persecución de crímenes que afectan a la comunidad internacional.

El reconocimiento a Pillay también puede reforzar la visibilidad pública de la CPI en un momento de máxima vulnerabilidad institucional. Para sus Estados miembros, el desafío consiste ahora en demostrar que el tribunal dispone de respaldo político y material suficiente para mantener sus funciones. La declaración de la Corte pide precisamente que ese respaldo se traduzca en garantías concretas de continuidad, no solo en expresiones de apoyo.

Un impacto que dependerá de la aplicación

La magnitud real de las sanciones dependerá de los mecanismos mediante los cuales se apliquen y de la reacción de los países que respaldan a la CPI. Si las restricciones se limitan a determinadas operaciones financieras, el tribunal podría intentar reorganizar sus canales de contratación y financiación. Si alcanzan a una parte amplia de sus proveedores, la presión podría afectar la velocidad de las investigaciones, la protección de testigos y la preparación de los procesos.

La CPI ha insistido en que seguirá trabajando en todas sus situaciones y causas, pero su respuesta también revela el principal riesgo: que la coerción económica termine debilitando la capacidad práctica de administrar justicia sin modificar oficialmente ninguna investigación. La disputa deja así una cuestión abierta que supera el anuncio de este viernes: hasta dónde pueden llegar las sanciones de una potencia para proteger a sus ciudadanos sin comprometer el funcionamiento de una institución internacional concebida para actuar precisamente cuando los crímenes más graves quedan fuera del alcance de los sistemas nacionales.