Brasil llegará al próximo ciclo de Gobierno con un problema fiscal que ya ocupa el centro del debate económico, aunque todavía no haya sido abordado de forma explícita por los principales candidatos. El déficit fiscal previsto al cierre del mandato de Luiz Inácio Lula da Silva alcanza el 8,1%, una magnitud que, según economistas y medios brasileños, obligará a la próxima Administración a combinar recortes de gasto, aumentos de impuestos o ambas medidas para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas.

La advertencia ha sido formulada también por el presidente argentino, Javier Milei, cuyas declaraciones sobre Brasil suelen estar marcadas por un tono confrontativo. En este caso, sin embargo, su diagnóstico coincide con el de O Globo, uno de los principales diarios del país. “Es evidente que, en el próximo Gobierno, el país tendrá que pasar por un ajuste fiscal para equilibrar las cuentas”, señaló el periódico en un editorial publicado este fin de semana, al tiempo que criticó la falta de un debate serio durante la campaña.

Una factura acumulada durante el ciclo electoral

El deterioro fiscal es el resultado de una política económica expansiva aplicada durante los últimos cuatro años y de un conjunto de medidas adoptadas en el tramo final del mandato. Subsidios, transferencias, beneficios y desgravaciones fiscales vinculados a la campaña representan cerca de 300.000 millones de reales, unos 52.000 millones de euros al cambio. Flávio Bolsonaro, rival político de Lula, eleva la estimación hasta los 400.000 millones de reales.

La diferencia entre ambas cifras no altera el problema central: los compromisos asumidos deberán financiarse mientras el Estado mantiene sus servicios básicos y sus programas sociales. El margen de maniobra del próximo Gobierno será, por tanto, limitado. Un ajuste concentrado exclusivamente en el gasto podría afectar a sectores vulnerables, mientras que una subida generalizada de impuestos podría frenar la actividad y aumentar la presión sobre hogares y empresas. La dificultad reside en corregir las cuentas sin agravar las desigualdades ni interrumpir la recuperación económica.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor del Departamento de Gestión Pública de la Fundación Getulio Vargas, considera que existen partidas que no pueden desmontarse sin provocar un impacto social inmediato. Entre ellas menciona Bolsa Familia, el principal programa de transferencias de renta para familias en situación de pobreza o pobreza extrema. El programa alcanza al 26,6% de la población, unos 56,3 millones de personas, una cifra superior a la población total de España. Brasil cuenta con 214,2 millones de habitantes.

El experto también sitúa entre las áreas difíciles de recortar el acceso a la universidad pública y Farmacia Popular, que facilita medicamentos a precios reducidos. A estos programas se suma Pé-de-meia, una iniciativa que ofrece incentivos económicos para evitar el abandono escolar. Su expansión refleja una de las tensiones que marcarán la próxima legislatura: el Estado necesita reducir el déficit, pero buena parte del gasto está vinculada a derechos sociales y a necesidades que no pueden resolverse mediante ajustes lineales.

Desigualdad territorial y servicios bajo presión

La situación fiscal se superpone a una estructura social profundamente desigual. En el nordeste, la pobreza afecta a casi la mitad de la población, mientras que en el sur no supera el 12%. Esa brecha limita la posibilidad de aplicar una política uniforme en todo el territorio. Una reducción del gasto que pudiera resultar asumible en las regiones más prósperas tendría consecuencias mucho más severas en los estados con menor renta y mayor dependencia de las transferencias públicas.

El contraste también define la economía brasileña. El país combina extensas zonas de favelas, deficiencias en vivienda, transporte y saneamiento, y una elevada violencia urbana con una industria aeroespacial competitiva cuyo principal referente es Embraer. Brasil es además la novena economía mundial. La coexistencia de sectores modernos y bolsas de pobreza explica por qué el ajuste fiscal no puede limitarse a una operación contable: sus efectos dependerán de qué partidas se protejan y de cómo se distribuyan los costes.

O Globo ha enumerado entre los principales desafíos la baja calidad de los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación; el avance del crimen organizado sobre territorios, instituciones y actividades económicas; y la incapacidad de las administraciones para financiar las promesas constitucionales pese a una carga fiscal elevada. El diario atribuye parte de la dificultad a un Estado condicionado por intereses corporativos y regionales, que reducen la capacidad de establecer prioridades nacionales.

Menor crecimiento y mayor vigilancia de los mercados

El problema presupuestario aparece además en un contexto menos favorable para el crecimiento. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado recientemente su previsión de expansión para Brasil en 2026 al 2,1%. Una economía que crece con menor intensidad genera menos ingresos tributarios y dificulta la reducción del déficit mediante el aumento natural de la recaudación. También limita el espacio para aplicar medidas de consolidación sin deteriorar el empleo o la inversión.

El FMI ha advertido de un riesgo adicional: una pérdida de confianza de los mercados internacionales. En un escenario de tensión financiera, los inversores pueden optar por activos considerados más seguros, provocando una “huida hacia la seguridad”. Para las economías emergentes, ese movimiento suele traducirse en mayores diferenciales soberanos, presiones sobre el tipo de cambio y condiciones financieras internas más restrictivas.

La próxima Administración tendrá que responder, por tanto, a dos exigencias simultáneas. Deberá presentar un programa creíble para contener el déficit y, al mismo tiempo, preservar las políticas sociales que sostienen a millones de brasileños. La reforma laboral que reclama Carvalho Teixeira podría contribuir a ampliar el empleo formal y la productividad, pero su aplicación exigirá cautela en un país donde una parte importante de la población carece de preparación profesional. El desafío no consiste únicamente en gastar menos, sino en decidir qué Estado puede financiar Brasil y con qué prioridades.