Los votantes de California decidirán el próximo 3 de noviembre si el estado impondrá por única vez un gravamen del 5% sobre el patrimonio neto de las personas con más de 1.000 millones de dólares. La Proposición 40, que podría convertir a California en el primer estado estadounidense en aplicar un impuesto directo sobre la riqueza acumulada y no solo sobre la renta, cuenta con el respaldo público del Partido Demócrata estatal, pero también con la oposición del gobernador Gavin Newsom, de buena parte de la industria tecnológica y de varias organizaciones sociales.

La medida afectaría a algo más de 200 residentes que vivían en California el 1 de enero y pretende recaudar decenas de miles de millones de dólares. El 90% de los ingresos se destinaría a la sanidad y el 10% restante a la educación y la asistencia alimentaria, con el propósito declarado de compensar los recortes federales al programa Medicaid aprobados el año pasado por el Congreso tras la presión del presidente Donald Trump.

Una propuesta con apoyo insuficiente y una campaña millonaria

La disputa llega a su tramo decisivo con una opinión pública prácticamente dividida. La encuesta más reciente del centro Berkeley IGS concede a la proposición un 45% de apoyo y un 42% de rechazo, mientras que el 13% de los consultados aún no ha decidido su voto. A tres semanas de las elecciones de mitad de mandato, ese grupo puede determinar el resultado de una consulta que ya ha desbordado el debate fiscal y se ha convertido en una prueba para la coalición demócrata.

La campaña contraria ha reunido unos 200 millones de dólares, según los datos de la Secretaría de Estado, una suma que supera ampliamente los aproximadamente 35 millones recaudados por los defensores de la iniciativa. Casi la mitad del dinero opositor procede de Sergey Brin, cofundador de Google, quien ha calculado que el impuesto podría obligarle a pagar alrededor de 13.000 millones de dólares.

Mark Zuckerberg, de Meta; Dario Amodei, de Anthropic, y Jensen Huang, de Nvidia, figuran entre las fortunas que podrían quedar alcanzadas por el gravamen. La magnitud de la financiación revela que el referéndum no se percibe únicamente como una política tributaria puntual: para el sector tecnológico, puede establecer un precedente con consecuencias para la localización futura de capital, empresas y grandes patrimonios.

El gobernador cuestiona el mecanismo, no el diagnóstico

Newsom ha rechazado la Proposición 40 aunque reconoce la necesidad de abordar la desigualdad extrema. El gobernador considera que un impuesto único no garantiza una fuente estable de ingresos para sostener la sanidad y la educación en los próximos años. Su posición coincide con la de grupos que, en otros asuntos, suelen alinearse con las corrientes progresistas del estado.

Planned Parenthood y el sindicato de profesores California Teachers Association se encuentran entre las organizaciones civiles contrarias a la propuesta. Sus objeciones no responden necesariamente a una defensa de las grandes fortunas. Algunas temen que los multimillonarios trasladen su residencia y reduzcan la base fiscal; otras cuestionan que una recaudación excepcional pueda financiar servicios públicos que requieren ingresos previsibles y permanentes.

La oposición también incluye a los republicanos en bloque y a sectores moderados del Partido Demócrata. Esa alianza muestra el principal dilema de la medida: el impuesto puede generar una cantidad extraordinaria de recursos de forma inmediata, pero también expone al estado a una eventual respuesta estratégica de los contribuyentes afectados, desde cambios de residencia hasta litigios sobre la valoración de sus activos.

El precedente de dos décadas de presión fiscal

La propuesta se inscribe en una trayectoria de políticas redistributivas adoptadas después de la crisis financiera de 2008. La Proposición 30, aprobada en 2012, y la Proposición 55, aprobada en 2016, elevaron los tipos para las rentas más altas hasta el 13,3% en los tramos superiores. En la actualidad, el 1% más rico aporta aproximadamente el 45% de la recaudación estatal.

Ese diseño ha permitido a California aumentar sus ingresos cuando la economía tecnológica crece, pero también ha hecho que las finanzas públicas dependan en mayor medida de un grupo reducido y especialmente volátil de contribuyentes. La Proposición 40 llevaría esa dependencia a un nuevo nivel: en lugar de gravar los ingresos generados durante un año, aplicaría el impuesto al valor acumulado de acciones, participaciones empresariales, propiedades y otros activos.

Los promotores, encabezados por el sindicato SEIU United Healthcare Workers West y apoyados por los economistas de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, sostienen que la concentración patrimonial exige medidas que vayan más allá de la tributación convencional. Para ellos, la reducción de Medicaid convierte la iniciativa en una respuesta directa a una emergencia presupuestaria y social.

Sanders internacionaliza la batalla

El senador independiente por Vermont Bernie Sanders viajó el lunes a California para respaldar la proposición ante cientos de simpatizantes. La calificó como la medida electoral más importante de Estados Unidos y elogió a los demócratas estatales por enfrentarse a algunas de las personas más ricas del país.

La intervención de Sanders ha elevado el alcance político de la consulta, pero también ha puesto de relieve sus contradicciones. La izquierda demócrata ve en California un laboratorio para extender un impuesto sobre la riqueza a escala nacional. Sus adversarios creen, en cambio, que el estado está convirtiendo una necesidad legítima de financiación pública en una apuesta fiscal de alto riesgo.

El resultado no solo determinará cuánto dinero puede obtener California en el corto plazo. También indicará hasta dónde está dispuesto a llegar el electorado de un estado demócrata cuando la lucha contra la desigualdad choca con la movilidad de las grandes fortunas, la estabilidad presupuestaria y el peso político de Silicon Valley.