La competencia entre China y Estados Unidos ya no se limita a determinar quién fabrica más, quién innova con mayor rapidez o quién controla las tecnologías estratégicas. El desafío central consiste en decidir qué país tendrá capacidad para fijar las reglas, las instituciones y las dependencias que organizarán la economía internacional durante las próximas décadas. Esa es la lectura de fondo que plantea el investigador Juan Vázquez Rojo en su ensayo El regreso de China: Pekín no pretende necesariamente reproducir el liderazgo estadounidense posterior a 1945, sino recuperar una posición central en las redes comerciales, financieras, industriales y tecnológicas.

La diferencia es importante. Estados Unidos construyó buena parte de su influencia mediante instituciones multilaterales creadas después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el sistema comercial que desembocaría en la Organización Mundial del Comercio. China, en cambio, se mueve en un escenario en el que esas estructuras siguen existiendo, pero han perdido parte de su autoridad y eficacia. Su estrategia combina la entrada en instituciones clásicas con la creación de nuevos espacios de cooperación, como los BRICS, y con una extensa red de inversiones, créditos e infraestructuras.

El final de una hegemonía sin relevo automático

El orden internacional surgido tras 1945 se apoyaba en una premisa: Estados Unidos disponía de la capacidad económica, militar y diplomática necesaria para sostener las reglas que había contribuido a diseñar. Durante décadas, ese liderazgo permitió coordinar la reconstrucción europea, expandir el comercio y organizar los flujos financieros globales. Sin embargo, la crisis de esa arquitectura no implica que China esté a punto de sustituir a Washington en todos los ámbitos.

La trayectoria actual se parece más a una redistribución gradual del poder que a un cambio de bandera. La política exterior estadounidense ha recurrido con mayor frecuencia a medidas unilaterales, entre ellas los aranceles, mientras que China intenta convertir su peso económico en influencia política. La Nueva Ruta de la Seda es un ejemplo de esa lógica. Sus proyectos de puertos, ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones y energía no solo amplían mercados para las empresas chinas; también crean relaciones de dependencia, consolidan rutas comerciales y otorgan a Pekín interlocución directa con gobiernos de Asia, África, Oriente Próximo y otras regiones.

El efecto acumulado puede ser más relevante que cualquier proyecto aislado. Un país que financia una infraestructura esencial, suministra la tecnología utilizada y participa en su mantenimiento obtiene una capacidad de negociación que no siempre aparece en las estadísticas comerciales. La influencia se construye así mediante contratos, estándares técnicos, cadenas logísticas y acceso a recursos, no únicamente mediante alianzas militares.

De la etiqueta barata a la capacidad de diseñar

El ascenso industrial chino se entiende mejor como un proceso de cambio de posición dentro de las cadenas globales de valor. Durante años, el sello «Made in China» se asoció a productos de bajo coste, ensamblados para marcas occidentales y con una participación limitada de empresas chinas en el diseño, la propiedad intelectual o la comercialización. Ese modelo fue decisivo para crear empleo, atraer inversión extranjera y convertir al país en la fábrica del mundo, pero también lo situaba en los segmentos con menor margen y mayor vulnerabilidad.

Pekín empezó a considerar insuficiente esa especialización. Si los salarios aumentaban y las empresas extranjeras podían trasladar el ensamblaje a otros países, China necesitaba controlar las fases más rentables. De ahí surgieron planes industriales quinquenales destinados a impulsar sectores estratégicos. «Made in China 2025», lanzado en 2015, expresó con claridad ese objetivo: dejar de ser únicamente un gran fabricante y adquirir capacidades propias en telecomunicaciones, vehículos eléctricos, robótica, baterías, energía solar, inteligencia artificial y otros ámbitos.

La fórmula combina intervención estatal y competencia empresarial. El Gobierno moviliza créditos, subvenciones, suelo industrial, infraestructuras y compras públicas, mientras cientos de compañías compiten dentro de un mercado interno de enormes dimensiones. Esa presión doméstica funciona como una fase de selección: una empresa que sobrevive en China suele haber desarrollado capacidad para reducir costes, aumentar la producción y responder a consumidores exigentes antes de enfrentarse a los mercados exteriores.

El caso de las baterías y de los vehículos eléctricos muestra por qué esta estrategia puede tener efectos duraderos. El control de la fabricación no depende solo de una patente concreta, sino de la acumulación de experiencia, proveedores especializados, acceso a minerales, capacidad logística y producción a gran escala. Cuando todos esos elementos se concentran en un mismo ecosistema industrial, los competidores necesitan años y enormes inversiones para alcanzar una posición comparable. Por eso la ventaja tecnológica puede transformarse en una ventaja geopolítica.

La energía como industria y como instrumento de poder

La transición energética añade otra dimensión a la rivalidad. China no llegó a las renovables por una única razón ambiental. La contaminación urbana generó un problema social y político, mientras la dependencia de las importaciones energéticas exponía al país a interrupciones y presiones externas. Invertir en energía solar, baterías, redes eléctricas y otros sistemas limpios ofrecía, al mismo tiempo, una respuesta a esos riesgos y una oportunidad industrial.

El resultado es una paradoja: China continúa dependiendo en gran medida del carbón y de otros combustibles fósiles, pero domina numerosas fases de la producción vinculada a las nuevas energías. Esa posición le permite beneficiarse de una transformación que no necesita liderar exclusivamente por razones climáticas. En varios países de Asia y África, los paneles solares chinos se adoptan sobre todo porque son más baratos y accesibles. La motivación de los compradores puede ser económica, pero sus decisiones amplían el mercado de las empresas chinas y consolidan sus estándares tecnológicos.

En Estados Unidos, la orientación política ha sido más cambiante. La Administración Biden promovió inversiones industriales y energéticas para reducir la brecha, mientras la Administración Trump ha dado prioridad a reforzar la producción nacional de petróleo y gas. Esa diferencia no elimina la capacidad estadounidense de innovar, pero puede dificultar la continuidad de una política industrial estable. En sectores donde las ventajas dependen de aprender rápido y fabricar a gran escala, los cambios de rumbo tienen un coste: ralentizan las inversiones, fragmentan los incentivos y dejan espacio a quien mantiene objetivos más constantes.

2008 y 2013: dos puntos de inflexión

La crisis financiera de 2008 modificó la percepción china sobre los límites del modelo exportador. Hasta entonces, la economía dependía ampliamente de vender bienes baratos a Europa y Estados Unidos. Cuando esos mercados entraron en crisis, quedó expuesto el riesgo de confiar en una demanda occidental que China no podía controlar. La respuesta fue un programa masivo de inversión pública en puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones y desarrollo urbano.

Aquella política sostuvo el crecimiento y amplió las capacidades productivas, pero también generó excesos de inversión y un mayor endeudamiento en algunas áreas. Su importancia histórica reside en que conectó la política interna de estímulo con una estrategia de proyección exterior. Las infraestructuras construidas para mantener la actividad económica podían convertirse después en la base material de una presencia internacional más ambiciosa.

En 2013, Xi Jinping impulsó la revitalización de la antigua Ruta de la Seda. La iniciativa no fue solo un programa comercial. Representó un intento de integrar financiación, transporte, energía, telecomunicaciones e industria en una red con centro de gravedad chino. Para los países participantes, puede significar acceso a infraestructuras que otras potencias no ofrecen con la misma rapidez. Para Pekín, supone abrir mercados, asegurar rutas y colocar empresas nacionales en posiciones estratégicas.

Instituciones, estándares y la batalla por la legitimidad

La disputa más profunda puede desarrollarse dentro de las instituciones internacionales. China busca ganar peso en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero también impulsa plataformas alternativas o complementarias. Los BRICS, cuya presidencia asumirá China el próximo año según Vázquez Rojo, expresan el malestar de países que consideran insuficiente la representación de las economías emergentes en las estructuras tradicionales.

El objetivo no es necesariamente destruir el sistema existente. Ganar influencia dentro de sus organismos puede ser más eficaz que abandonarlos, porque permite modificar prioridades, criterios de financiación y normas desde posiciones de mayor autoridad. La creación de nuevas plataformas añade capacidad de presión: si los países disponen de más de un canal para obtener financiación o coordinar políticas, las instituciones occidentales pierden parte de su poder de intermediación.

En paralelo, la competencia se traslada a los estándares. Quien define los protocolos de telecomunicaciones, las reglas de los pagos digitales, los requisitos de las baterías o los sistemas de inteligencia artificial influye en qué empresas pueden operar y qué costes deben asumir. Un estándar técnico puede parecer neutral, pero crea mercados cautivos, favorece a determinados proveedores y condiciona la soberanía tecnológica de los países que lo adoptan.

Una rivalidad con efectos domésticos y globales

Para Europa, esta transformación plantea un dilema especialmente difícil. Sus economías necesitan acceder a tecnologías chinas baratas para acelerar la electrificación y mantener la competitividad industrial, pero una dependencia excesiva puede debilitar su autonomía ante futuras crisis. Diversificar proveedores resulta más costoso a corto plazo, aunque depender de un único ecosistema puede salir aún más caro cuando una disputa comercial, una interrupción logística o una restricción de exportaciones afecta a sectores enteros.

En los países en desarrollo, la presencia china ofrece oportunidades reales: carreteras, redes eléctricas, conectividad y acceso a bienes tecnológicos de precio reducido. Pero también puede generar desequilibrios financieros, dependencia de proveedores externos y dificultades para desarrollar capacidades industriales propias. La pregunta decisiva no es solo quién construye una infraestructura, sino quién controla sus datos, su mantenimiento, sus ingresos y las condiciones de su financiación durante las décadas siguientes.

En el plano social, la rivalidad entre ambas potencias alimenta debates sobre empleo, desindustrialización y seguridad económica. La relocalización de fábricas en Estados Unidos o Europa puede recuperar determinados puestos de trabajo, pero no garantiza por sí sola una prosperidad amplia: las plantas automatizadas generan menos empleo que las antiguas cadenas industriales. A la vez, proteger sectores estratégicos mediante aranceles puede encarecer productos para los consumidores y provocar represalias comerciales.

El escenario que emerge no es el de una sustitución inmediata de Estados Unidos por China, sino el de un mundo más disputado, con varias fuentes de poder y reglas menos estables. China ha convertido su escala industrial en influencia diplomática y aspira a que esa influencia se refleje en las instituciones. Estados Unidos conserva ventajas decisivas en finanzas, innovación, alianzas y poder militar, pero su capacidad de liderazgo dependerá de que vuelva a ofrecer previsibilidad y objetivos sostenidos. La evolución de esta carrera determinará no solo qué país vende más tecnología, sino quién define las condiciones bajo las que el resto del mundo podrá desarrollarse.