Costa Rica prevé inaugurar una nueva prisión de máxima seguridad con capacidad para más de 5.000 reclusos. El centro adoptará condiciones austeras y restricciones estrictas, entre ellas una hora diaria al aire libre para los internos. La iniciativa, defendida por la presidenta Laura Fernández, toma como referencia el modelo penitenciario promovido por Nayib Bukele en El Salvador, cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

Un régimen de encierro estricto

La información difundida sobre el proyecto describe celdas con rejas y camas de hormigón. La limitación del tiempo fuera de las celdas es uno de los rasgos más concretos del régimen anunciado: los presos dispondrían de una hora al día al aire libre. La capacidad prevista, superior a 5.000 personas, sitúa el establecimiento entre las grandes instalaciones penitenciarias de la región.

Fernández ha defendido la medida como parte de una política de seguridad de alta intensidad. Sin embargo, los datos disponibles no detallan el calendario completo de construcción, el costo del proyecto, los criterios de asignación de internos ni los mecanismos de supervisión independiente. Esos elementos serán determinantes para evaluar cómo se aplicará el régimen y qué garantías tendrán las personas recluidas.

La referencia salvadoreña y sus controversias

El proyecto costarricense se inspira en el modelo de máxima seguridad impulsado por Bukele, que ha convertido el endurecimiento penitenciario en uno de los ejes de su respuesta contra las pandillas. Esa estrategia ha tenido gran visibilidad regional y es observada por gobiernos que buscan reducir la violencia y reforzar el control de las cárceles.

La experiencia salvadoreña también ha recibido críticas de organizaciones no gubernamentales, que han denunciado presuntas violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y cientos de muertes bajo custodia en el sistema penitenciario. Esas denuncias no establecen por sí solas que el nuevo centro costarricense vaya a reproducir los mismos abusos, pero señalan riesgos que acompañan a los modelos basados en aislamiento severo y amplias restricciones.

Seguridad y garantías, un equilibrio pendiente

La construcción de una cárcel de gran capacidad puede ampliar la infraestructura estatal y permitir separar a determinados internos, pero el número de plazas y la severidad de las condiciones no bastan para medir su eficacia. También importan la gestión diaria, el acceso a atención médica, la posibilidad de contacto con familiares y abogados, y la existencia de vías para denunciar malos tratos.

Por ahora, el anuncio plantea una decisión política de fondo: cuánto peso dar al control estricto y qué salvaguardas incorporar para que la respuesta penal respete las obligaciones legales del país. La evolución del proyecto, sus reglas de funcionamiento y la supervisión de las condiciones de reclusión permitirán valorar si la iniciativa mejora la seguridad sin debilitar las garantías fundamentales.