La Policía de Seguridad Pública (PSP) desalojó este martes de madrugada las acampadas contra la crisis de la vivienda instaladas en el centro de Lisboa y Oporto. La operación terminó con varias detenciones en la capital, donde los agentes retiraron por la fuerza a los manifestantes que se resistieron a abandonar la plaza del Rossio.
Distinta respuesta en las dos ciudades
La intervención comenzó alrededor de las 6:00 horas, después de que la Policía exigiera desmontar las tiendas y despejar el espacio público. En Lisboa, los participantes, acampados desde el sábado, formaron un cordón humano y corearon consignas antes de la entrada del Cuerpo de Intervención. Algunos denunciaron agresiones durante el desalojo. Trasladados a la plaza de Figueira, anunciaron nuevas movilizaciones.
En Oporto, donde la protesta se prolongaba desde hacía diez días en la plaza de Dom João I, la actuación transcurrió sin enfrentamientos. Los manifestantes terminaron desmontando el campamento tras ser advertidos de que podían ser detenidos. La decisión contradijo el resultado de una asamblea celebrada la noche anterior, en la que 35 participantes habían votado mantener la acampada.
El conflicto se desplaza al debate legislativo
El ministro de Administración Interna, Luís Neves, defendió el operativo y afirmó que “la ley está para cumplirse”, aunque aseguró que el derecho de manifestación sería respetado. La PSP justificó los desalojos por la falta de autorización municipal y por supuestos incumplimientos relativos a la ocupación de las plazas, el ruido y los horarios.
La disputa policial encubre un conflicto social más amplio. Los organizadores rechazan la reforma de los arrendamientos, que prevé mayor flexibilidad contractual y desahucios más rápidos, y reclaman vivienda pública, límites a las compras de fondos de inversión y alternativas habitacionales antes de cualquier desalojo. La intervención puede haber despejado temporalmente las plazas, pero también intensifica la presión sobre un Gobierno que debe demostrar que el cumplimiento de la ley no agrava la falta de acceso a una vivienda asequible.
