Tener un empleo sigue siendo la principal vía para sostener un hogar, pero ya no garantiza salir de la pobreza. El dato que aporta Oxfam Intermón ayuda a entender por qué: España cuenta con unos 2,2 millones de trabajadores cuyos ingresos anuales están por debajo del umbral de pobreza y, cuando se descuentan el alquiler, la hipoteca y el IBI, otros 770.000 trabajadores quedan también por debajo. En total, cerca de tres millones de personas empleadas, el 15,49 %, viven en situación de pobreza laboral después de pagar su vivienda.

La nómina puede no cubrir la vida cotidiana

Para una persona que trabaja, la diferencia entre llegar o no a fin de mes no depende únicamente del salario bruto. También importan el tipo de contrato, el número de personas que dependen de esos ingresos y, sobre todo, cuánto cuesta mantener un techo. Los umbrales utilizados para 2024 sitúan la pobreza por debajo de 12.220 euros anuales para un hogar de una sola persona y de 25.663 euros para un hogar formado por dos adultos y dos niños. Si una parte desproporcionada del sueldo se va en vivienda, la capacidad real de consumo y ahorro se reduce aunque el empleo sea estable.

La situación es especialmente dura para quienes alquilan a precio de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral entre estos trabajadores es del 19,35 %. Después de abonar la renta, asciende al 34,08 %, casi el doble. En la práctica, significa que más de una de cada tres personas empleadas que alquilan en el mercado libre puede quedar por debajo del umbral de pobreza una vez satisfecha una necesidad básica.

El alquiler se convierte en una barrera para progresar

El problema no termina en la dificultad para pagar las facturas del mes. Cuando la renta absorbe una parte excesiva de los ingresos, también desaparecen el ahorro, la posibilidad de afrontar una emergencia y la opción de comprar una vivienda. Oxfam Intermón describe esta dinámica como una “trampa del alquiler”: quienes no pueden ahorrar no consiguen reunir una entrada, y quienes no pueden comprar permanecen expuestos a subidas de precios y a contratos más costosos.

Esto afecta de manera distinta según la situación residencial. Entre quienes están pagando una hipoteca, la pobreza laboral después de los gastos de vivienda alcanza el 10,22 %, mientras que baja al 7,95 % entre quienes ya tienen la casa pagada. La propiedad no elimina todos los problemas económicos, pero ofrece una protección importante frente a la escalada de los alquileres. Por eso, la brecha no se explica solo por cuánto gana cada trabajador, sino también por cuándo accedió a una vivienda y en qué condiciones.

Los trabajadores más esenciales afrontan más riesgo

El impacto se concentra en sectores con salarios bajos y una elevada presencia de trabajadores migrantes, como el empleo doméstico y de cuidados, la agricultura y la pesca y la hostelería. Son actividades imprescindibles para el funcionamiento diario de la sociedad, pero a menudo se caracterizan por jornadas parciales, temporalidad, ingresos reducidos o menor capacidad de negociación. Para quienes trabajan en estos sectores, una subida del alquiler puede equivaler a perder la capacidad de pagar otros gastos básicos, como la alimentación, el transporte o la energía.

La presencia de hijos también incrementa el riesgo. Un mismo salario debe cubrir más alimentación, educación, transporte y cuidados, mientras que el umbral de pobreza aumenta en una proporción que no siempre compensa el coste real de criar. Por eso, los hogares con menores y las familias monoparentales pueden experimentar una presión mayor incluso cuando varios adultos trabajan.

Vivir en una comunidad u otra cambia el resultado

Andalucía presenta la tasa de pobreza laboral más alta antes de incorporar el coste de la vivienda, con un 17,65 %, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 16,95 %, y Extremadura, con un 16,54 %. Sin embargo, al incluir los gastos residenciales, el incremento relativo resulta especialmente notable en Madrid, donde la tasa pasa del 7,29 % al 12,73 %, y en Cataluña, donde sube del 7,9 % al 12,8 %. En Murcia aumenta del 15,37 % al 20,23 %.

El alquiler de mercado deja ejemplos todavía más extremos. En Castilla y León, la pobreza laboral entre quienes alquilan pasa del 29,65 % antes de pagar la renta al 50,68 % después. En Castilla-La Mancha asciende del 22,53 % al 48,69 %, y en el País Vasco, del 12,98 % al 31,07 %. Estos datos muestran que un salario considerado suficiente en términos generales puede resultar insuficiente en una zona concreta cuando el precio de la vivienda crece más rápido que los ingresos.

Qué puede hacer una persona ante esta presión

Para los hogares, la primera consecuencia práctica es que el salario debe evaluarse junto con el coste completo de la vivienda, no solo con la cifra de la nómina. Antes de aceptar un alquiler o un cambio de empleo, conviene calcular qué porcentaje de los ingresos quedará comprometido, incluyendo suministros, transporte, impuestos y posibles subidas. También es importante comprobar las ayudas disponibles, revisar las condiciones del contrato y buscar asesoramiento si la renta amenaza con provocar impagos o la pérdida de la vivienda.

Pero las decisiones individuales tienen un margen limitado cuando el problema afecta a tres millones de trabajadores. La evolución descrita por Oxfam Intermón apunta a una pobreza laboral cronificada: la tasa pasó del 11,64 % en 2022 al 11,57 % en 2023 y al 11,48 % en 2024, pese a que el PIB creció más de un 6 % en ese periodo. Si la mejora continúa al ritmo actual, la convergencia con la media europea, situada en el 8 %, tardaría 59 años. Para el trabajador común, el mensaje es directo: el crecimiento económico no se traduce automáticamente en bienestar si los salarios no avanzan al mismo tiempo que el coste de vivir.