César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue detenido la tarde del sábado 17 de octubre por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con el operativo contra laboratorios clandestinos realizado en abril en el municipio de Morelos. La captura fue confirmada por Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mediante un video difundido este sábado.

El caso está vinculado con una operación que terminó con la muerte de dos agentes estatales y dos integrantes de la Agencia Central de Investigación de Estados Unidos, identificada en la información oficial como CIA. La investigación se concentra en la participación de personal extranjero en territorio mexicano, la falta de autorizaciones federales y las decisiones adoptadas por la Fiscalía estatal durante el despliegue.

Una captura con implicaciones institucionales

La detención ocurre seis meses después del operativo efectuado del 17 al 19 de abril cerca de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. En esas acciones fueron desmantelados seis laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para producir drogas sintéticas. Sin embargo, el resultado operativo quedó subordinado a una controversia de mayor alcance: la presencia y actuación de agentes estadounidenses no habría contado con la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas.

La acusación no se limita, por tanto, a un posible incumplimiento administrativo. La Fiscalía de la República sostiene que el entonces fiscal chihuahuense habría ordenado y coordinado una intervención que involucró a funcionarios extranjeros en tareas reservadas a las fuerzas federales. Esa interpretación coloca el expediente en el terreno de la soberanía nacional y del pacto federal, además de abrir preguntas sobre la cadena de mando, la comunicación entre corporaciones y los controles aplicables a la cooperación internacional en seguridad.

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, afirmó en un video difundido en redes sociales que Jáuregui habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. De acuerdo con la fiscal, el exfuncionario permitió la intervención de personas extranjeras sin autorización en acciones realizadas dentro del país. La imputación deberá ser acreditada ante las autoridades judiciales; por ahora, se trata de la postura de la Fiscalía dentro de la investigación.

La renuncia que no cerró el expediente

El escándalo provocó la salida de Jáuregui el 27 de abril, pocos días después del operativo. El entonces fiscal presentó su renuncia con carácter irrevocable, y la gobernadora María Eugenia Campos Galván la aceptó. La mandataria también fue cuestionada desde el Gobierno federal por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, aunque la responsabilidad penal que ahora se atribuye al exfiscal deberá determinarse de manera individual.

El mismo 27 de abril, Jáuregui compareció como testigo en instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. En esa ocasión dijo que únicamente había respondido un cuestionario y expresó su expectativa de que su declaración ayudara a aclarar los hechos. Su comparecencia como testigo no impidió que posteriormente la investigación avanzara hacia una posible imputación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió entonces que la renuncia no podía detener las pesquisas. “No para con una renuncia, tiene que seguirse investigando”, declaró durante una conferencia matutina. El 2 de junio, Ulises Lara López, quien era fiscal especial de la FGR para la investigación de asuntos relevantes, informó que Jáuregui había colaborado como testigo y aportado información considerada importante para esclarecer el operativo.

La respuesta política y el proceso judicial

Tras conocerse la aprehensión, Sheinbaum evitó pronunciarse de fondo. Durante una gira por Yucatán, la presidenta fue cuestionada al salir de un acto en el Hospital Regional de Alta Especialidad y respondió que hablaría “el lunes”. La gobernadora Maru Campos tampoco había emitido una postura pública hasta el momento de la información disponible.

La detención se produce además durante el proceso interno del Partido Acción Nacional para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. Jáuregui había expresado su intención de buscar la candidatura para gobernar la capital de Chihuahua. El contexto electoral incrementa la relevancia política del caso, pero no sustituye la obligación de probar los delitos ante un juez ni permite concluir que la captura responda exclusivamente a una disputa partidista.

El 15 de octubre, Campos declaró que no le correspondía determinar si el exfiscal era un perfil adecuado para una candidatura, pues esa decisión correspondía al partido. No obstante, reconoció la existencia de carpetas de investigación relacionadas con el caso del narcolaboratorio. Ese mismo día, Jáuregui difundió un video en el que anticipó que enfrentaría ataques contra su persona, su trabajo y su equipo, y sostuvo que quienes no lograban conquistar a la ciudadanía podían recurrir a cualquier recurso para alcanzar sus objetivos.

El siguiente paso será conocer la imputación formal, los elementos que presente la Fiscalía y la decisión judicial sobre la situación jurídica del exfiscal. La investigación deberá establecer no solo quién autorizó la operación y bajo qué facultades, sino también cómo se coordinó la presencia extranjera, qué información se ocultó o comunicó de manera incompleta y qué relación existe entre esas decisiones y la muerte de los cuatro agentes. El desenlace permitirá determinar si el caso representa una responsabilidad individual o una falla más amplia en los mecanismos de coordinación de seguridad entre Chihuahua y la Federación.