María Corina Machado afirmó que no habrá una paz duradera en Colombia mientras Venezuela carezca de democracia, en una entrevista concedida a EL TIEMPO en Ciudad de Panamá. La dirigente opositora anunció que prepara su regreso a Caracas, pese a siete intentos bloqueados, para impulsar una transición basada en un “gran acuerdo nacional” y en la definición de un calendario electoral.

Una transición con impacto regional

Machado sostuvo que la crisis venezolana dejó de ser un asunto interno: afecta la seguridad fronteriza, la migración y la estabilidad económica de toda América Latina. Acusó al poder encabezado por Delcy Rodríguez de mantener vínculos con estructuras criminales y grupos armados, y descartó que el actual gobierno coopere de manera efectiva contra el Eln y la Segunda Marquetalia.

La opositora pidió nombrar un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia independientes, además de fijar cuanto antes la fecha de las presidenciales. Mencionó como posible referencia el 24 de julio de 2027, propuesta planteada por el senador estadounidense Bernie Moreno y respaldada por otros congresistas. Para Machado, la fecha electoral funcionaría como una señal concreta de salida frente a una población golpeada por la falta de alimentos, electricidad, medicinas y empleo.

También planteó una agenda de integración con Colombia. Propuso reparar y ampliar el gasoducto Antonio Ricaurte, aumentar la producción venezolana de gas y atraer inversiones mediante reglas transparentes, arbitraje internacional y una agencia de hidrocarburos independiente. Su argumento central es que una Venezuela democrática podría reducir la presión migratoria, recuperar su economía y convertir una frontera dominada por grupos ilegales en un corredor de seguridad y desarrollo.

Machado describió a la oposición como más cohesionada tras las primarias de 2023 y el respaldo a Edmundo González Urrutia. Aseguró que la transición no será un proceso de revancha, aunque defendió la salida de las fuerzas de seguridad de quienes estén vinculados con narcotráfico, extorsión o violaciones de derechos humanos. Su retorno busca convertir la demanda democrática en una movilización ciudadana amplia, mientras el deterioro social aumenta la urgencia de una solución institucional.