El diputado provincial Marcelo Aguiar, dirigente del Partido Liberal (PL) en la Asamblea Legislativa de San Pablo y referente de la bancada evangélica, quedó bajo investigación luego de protagonizar un incidente con un arma de fuego en un local nocturno del barrio de Itaim Bibi. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 19 de octubre y terminó con el secuestro del arma que llevaba y con nuevas dudas sobre la placa oficial colocada en el vehículo en el que se movilizaba.

De acuerdo con los testimonios reconstruidos por el medio G1, Aguiar se encontraba en una fiesta y habría estado importunando a otros asistentes. Después de una pelea cayó al suelo y se produjo un disparo. La Policía Militar informó que no hubo personas heridas, un dato que limita la gravedad inmediata del episodio, aunque no elimina las posibles responsabilidades por la portación del arma dentro del establecimiento ni por las circunstancias en que se efectuó el disparo.

Un arma autorizada, pero igualmente secuestrada

El legislador cuenta con un permiso federal para portar armas. Sin embargo, la autorización no impide que la policía retire el arma cuando existe un incidente que debe ser peritado. El revólver fue secuestrado para determinar, entre otros aspectos, si fue el utilizado en el disparo, cómo se produjo la detonación y si las declaraciones de los testigos coinciden con la evidencia técnica.

Aguiar fue trasladado a la Comisaría 14ª, en el barrio de Pinheiros. La policía no dispuso su permanencia bajo custodia debido a su inmunidad parlamentaria. La defensa del diputado buscó precisar el alcance de lo ocurrido y sostuvo que no fue detenido, sino que prestó declaración y luego fue liberado. Esa diferencia terminológica no resuelve el fondo del caso: la investigación puede continuar aunque el legislador no haya quedado privado de su libertad.

En un comunicado, la asesoría de Aguiar afirmó que el diputado estaba bajo los efectos de medicamentos fuertes que le provocaron una reacción adversa y que terminó involucrado en una discusión. También aseguró que confía en la Justicia y que los hechos serán esclarecidos. La explicación introduce una hipótesis sobre su estado, pero deberá ser respaldada por documentación médica y confrontada con los testimonios, las imágenes de seguridad y los peritajes del arma.

La placa oficial que no aparece en los registros

El caso adquirió una segunda dimensión cuando se detectó que el vehículo utilizado por Aguiar llevaba una placa oficial de la Asamblea Legislativa de San Pablo. El automóvil, no obstante, no figura en la lista pública de unidades asignadas al diputado. La discrepancia puede ser administrativa si existiera una autorización excepcional o un cambio todavía no incorporado a los registros, pero también podría configurar un delito si se confirma que la identificación fue adulterada o utilizada sin autorización.

La adulteración de la identificación vehicular contempla, según la legislación mencionada en el reporte, una pena de entre tres y seis años de prisión, además de una multa. Por eso, la revisión de la placa puede terminar teniendo un peso jurídico comparable o incluso mayor que el incidente dentro del boliche. Mientras el disparo debe ser reconstruido a partir de pruebas materiales y testimonios, la situación del vehículo puede verificarse mediante documentos de asignación, registros oficiales y pericias sobre la placa.

El local Santo Cupido confirmó que durante la madrugada del 19 de octubre se produjo un incidente que involucró a un concurrente. La administración informó que activó a las autoridades competentes y que permanece a disposición de la investigación. El comunicado no atribuyó responsabilidades, pero confirma que el episodio ocurrió dentro del establecimiento y que fue lo suficientemente relevante como para requerir intervención policial.

La respuesta política y el impacto institucional

Las diputadas Ediane Maria y Monica Seixas, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), solicitaron la intervención del Consejo de Ética de la Asamblea Legislativa. El órgano deberá analizar la denuncia y sus derivaciones, aunque todavía no implica una sanción ni anticipa el resultado del proceso. La instancia política tendrá que establecer si la conducta de Aguiar afectó el decoro parlamentario, si utilizó indebidamente recursos o símbolos institucionales y si corresponde abrir un procedimiento disciplinario.

El episodio también pone bajo escrutinio el uso de credenciales oficiales en contextos particulares. Una placa de la Asamblea puede transmitir una apariencia de autoridad y facilitar el acceso o el desplazamiento del vehículo. Si se confirma que fue colocada en un automóvil no asignado, el problema excedería la conducta individual del diputado y alcanzaría los mecanismos de control patrimonial y administrativo del Poder Legislativo paulista.

Un dirigente con visibilidad pública en un momento político sensible

Aguiar, de 53 años, es conocido por haber integrado el grupo de música cristiana Renascer Praise, vinculado con la Iglesia Renascer em Cristo. Su trayectoria combina exposición religiosa, actividad artística y participación política, una combinación que le otorgó reconocimiento dentro del electorado evangélico. Fue concejal de San Pablo en 2008 y diputado federal en 2010, aunque no consiguió renovar ese mandato. Llegó a la Asamblea Legislativa en enero de 2025, tras la renuncia de un legislador que asumió una intendencia.

En las elecciones de primer turno de 2026 volvió a quedar como suplente, con 37.585 votos, sin obtener la reelección. Además, se incorporó al PL el 16 de marzo de ese año, en un acto con la presencia del presidente nacional de la fuerza, Valdemar Costa Neto. Horas antes del incidente había participado en un acto de campaña del presidenciable Flávio Bolsonaro en la Avenida Paulista, según registros publicados en su cuenta de Instagram.

La proximidad temporal con una actividad partidaria de alto perfil aumenta la repercusión política, pero no prueba ninguna relación entre ambos hechos. La cuestión central será si la investigación logra establecer con precisión qué ocurrió dentro del boliche, quién manipuló el arma, por qué se produjo el disparo y cuál era el origen de la placa del vehículo. Hasta que esas respuestas estén documentadas, el caso permanece abierto en dos planos paralelos: el judicial, por el arma y la identificación vehicular, y el institucional, por la conducta de un representante electo.