A tres días de las elecciones israelíes, la plaza de los Rehenes de Tel Aviv recuperó la intensidad de las movilizaciones que durante dos años exigieron el regreso de los secuestrados en Gaza. Esta vez, sin embargo, el centro de la protesta no era la liberación de los cautivos, ya inexistentes en la Franja, sino la responsabilidad política por el ataque de Hamás del 7 de octubre. Supervivientes, antiguos rehenes, familiares de las víctimas y partidos opositores intentaron transformar el recuerdo de aquella jornada en el principal criterio de decisión ante las urnas.

La plaza de los Rehenes cambia de demanda, pero no de fuerza

Los organizadores reclamaron una comisión estatal independiente que determine qué falló, establezca responsabilidades y extraiga consecuencias personales y políticas. La petición resume el conflicto que atraviesa la campaña: para una parte significativa de la sociedad israelí, la investigación no puede quedar subordinada a las prioridades del Gobierno ni limitarse a una revisión técnica de los errores de seguridad.

“Tres años después, no estamos dispuestos a rendirnos”, proclamaron los convocantes, aunque el ataque se produjo hace dos años según la cronología del relato de campaña. La consigna expresa una continuidad política: el movimiento nacido alrededor de los rehenes se ha desplazado hacia la exigencia de rendición de cuentas. La concentración también mostró que la oposición no constituye un bloque ideológico homogéneo. Batucadas, organizaciones de derechos humanos, partidos de centro y formaciones de izquierda compartieron espacio, unidos por la crítica a Netanyahu y por la convicción de que el Estado debe explicar cómo pudo producirse una ofensiva que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.

La investigación que Netanyahu intenta mantener fuera de la campaña

El primer ministro bloquea, según sus adversarios, la apertura de una investigación estatal con capacidad para atribuir responsabilidades. En lugar de permitir que el debate se concentre en los fallos que precedieron al 7 de octubre, Netanyahu insiste en presentar la amenaza de Teherán y los resultados militares en Gaza, Líbano e Irán como prueba de su capacidad de mando.

La estrategia busca preservar la imagen de “Mister Security” que durante años sostuvo su liderazgo. El problema es que el ataque de Hamás golpeó precisamente el fundamento de esa identidad política: la promesa de que un Gobierno dirigido por Netanyahu garantizaba la seguridad nacional. Por eso la disputa no se limita a valorar la conducción de la guerra. También enfrenta dos interpretaciones sobre la responsabilidad: la del primer ministro, que reivindica los éxitos posteriores y atribuye prioridad a las amenazas externas, y la de sus críticos, que consideran que ningún balance militar puede cerrar el expediente de la catástrofe inicial.

En la plaza, esa discusión adquirió una dimensión personal. Adva Wallis, llegada desde Madrid para protestar y votar, vinculó el cambio político con la necesidad de aprender de lo ocurrido y evitar que vuelva a suceder. Ester Diner, de Mujeres Activas por la Paz, amplió el argumento: la prevención no dependerá únicamente de más operaciones militares, sino también de una salida política que permita hablar con la otra parte y alcanzar acuerdos. Miguel Turkenich, del grupo Looking the Occupation in the Eye, resumió esa posición con un mensaje de cooperación entre árabes y judíos. La movilización, por tanto, no solo cuestiona a Netanyahu; también disputa el marco de seguridad basado en prolongar indefinidamente la guerra.

Una elección atrapada entre la responsabilidad y la aritmética

El ataque se ha convertido en el arma principal de la oposición, pero las encuestas no garantizan que ese argumento se traduzca en un cambio de Gobierno. Yashar, encabezado por Gadi Eisenkot, aparece como primera fuerza con entre 22 y 23 escaños, mientras el Likud de Netanyahu se sitúa entre 19 y 21. La ventaja partidista, sin embargo, no resuelve la cuestión decisiva: ninguno de los bloques alcanza por sí solo los 61 diputados necesarios para gobernar.

Los sondeos atribuyen a la oposición entre 52 y 56 escaños y al bloque de Netanyahu alrededor de 50. En ese escenario, los partidos árabes, con una previsión de entre 14 y 16 representantes, podrían disponer de la llave para formar una coalición. La paradoja es que varias fuerzas opositoras siguen rechazando depender de ellos, pese a que su apoyo puede ser indispensable para desalojar al Likud del poder. El recuerdo del 7 de octubre moviliza a la oposición, pero las divisiones sobre sus posibles aliados pueden impedir que esa movilización se convierta en mayoría parlamentaria.

El voto como veredicto, no como cierre de la crisis

Eisenkot ha planteado las elecciones como una elección entre “asumir la responsabilidad y huir de ella”. Su posición tiene un peso singular: fue jefe del Ejército y perdió a un hijo combatiendo en Gaza. Naftali Bennett y Avigdor Lieberman también han acusado a Netanyahu de tener una responsabilidad directa o de ser el principal culpable de la masacre. La coincidencia opositora eleva el coste político del primer ministro, aunque no elimina su capacidad electoral.

Netanyahu todavía conserva opciones de victoria, un resultado difícil de aceptar para muchos de los asistentes a la protesta, pero explicable por la fragmentación del sistema político, la centralidad de la seguridad y la incertidumbre sobre las alianzas posteriores. El martes no resolverá automáticamente la disputa sobre el 7 de octubre. Puede producir un cambio de Gobierno, una coalición frágil o incluso nuevas elecciones si ningún bloque logra reunir los apoyos necesarios.

La plaza de los Rehenes ha convertido la memoria de la tragedia en una exigencia institucional: saber quién falló, quién debe responder y qué modelo de seguridad puede impedir otra catástrofe. Esa demanda acompaña a Israel hasta las urnas y seguirá vigente incluso si la aritmética parlamentaria vuelve a aplazar la decisión política.