La trayectoria del brigadier Julio Sanguily y la detención en Miami de Fernando Armando Valdés Pérez han vuelto a situar en el centro del debate una cuestión recurrente de la política cubana: cómo identificar una infiltración sin convertir la sospecha en una acusación sin pruebas. Ambos episodios, separados por más de un siglo, presentan elementos distintos, pero comparten una característica: la relación prolongada entre figuras del exilio o de la insurrección y estructuras vinculadas al Estado cubano o español.

Los documentos que cambiaron la imagen de Sanguily

Sanguily quedó incorporado a la memoria independentista por un hecho ocurrido en 1871, cuando Ignacio Agramonte lo rescató de una columna española. Durante décadas, ese episodio fue la principal referencia pública sobre su papel en la guerra. Sin embargo, la revisión de documentos conservados en los archivos del capitán general Camilo García de Polavieja modificó esa interpretación.

El historiador Manuel de Paz Sánchez sostiene que, al menos desde 1889, Sanguily colaboraba con la Capitanía General de Cuba. En los registros aparecía con el alias de “Pancho” y bajo una clave cifrada fechada en 1892. La documentación también recoge solicitudes de dinero. En una ocasión pidió 175 pesos en oro y recibió 150, suma que un ayudante de Polavieja calificó como el último adelanto disponible.

La misión que se le atribuía era entregar a Manuel García, conocido como el “Rey de los Campos de Cuba”, bandolero y conspirador independentista. El encargo nunca se concretó. De acuerdo con la interpretación de Paz Sánchez, Sanguily habría utilizado la relación con las autoridades españolas para obtener recursos mientras protegía a hombres de la manigua, a cambio de una comisión. La propia desconfianza española hacia él aparece en los documentos: uno de sus agentes lo describió como “ese maldito cojo”.

El fracaso del alzamiento de 1895

La controversia alcanzó un punto decisivo el 24 de febrero de 1895. Sanguily debía encabezar el levantamiento en el occidente de la isla, pero fue detenido en su vivienda de El Cerro mientras se bañaba, según el cónsul estadounidense. Juan Gualberto Gómez y su hermano Manuel le habían recomendado ocultarse. El historiador Rolando Rodríguez afirma que algunos conspiradores ya sabían que no cumpliría el plan y que incluso había empeñado su revólver y su machete.

Sin su participación, los conspiradores de Matanzas se dispersaron y el alzamiento occidental perdió fuerza. Esa misma noche murió Manuel García, en su primera acción como mambí. Varios testigos consideraron que pudo tratarse de un asesinato, aunque el episodio continúa formando parte de una trama histórica discutida y con versiones contrapuestas.

Sanguily permaneció casi dos años preso en La Cabaña. Para Rodríguez, el encarcelamiento pudo funcionar como una cobertura destinada a protegerlo de las sospechas de actuar para España. El historiador también le atribuye otras operaciones de dudosa lealtad: negocios con enclaves enemigos durante la guerra, la aceptación de un puesto ferroviario ofrecido por Polavieja y gestiones ante el ministro español Dupuy de Lôme para intentar convencer a Máximo Gómez de aceptar la autonomía a cambio de una mensualidad.

La documentación citada también vincula a Sanguily con cobros a tabaqueros de Cayo Hueso y, posteriormente, con pagos recibidos de Estrada Palma y de Leonard Wood por tareas descritas como “especiales”. No obstante, su imagen pública no desapareció: su retrato permanece en la galería de patriotas del Ayuntamiento de La Habana. Esa contradicción muestra la distancia entre la memoria heroica y la revisión crítica de los archivos.

El caso Valdés y la demora de una alerta

El episodio contemporáneo tiene como protagonista a Fernando Armando Valdés Pérez, quien apareció junto a Luis Posada Carriles en una fotografía tomada durante el cumpleaños número 90 de este último, en febrero de 2018. Valdés había organizado la celebración y, según testimonios citados por el Miami Herald, acompañaba a Posada al médico, administraba sus medicamentos y controlaba quién podía visitarlo.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Valdés el 10 de julio de 2026 en el aeropuerto de Miami y lo deportaron el 7 de agosto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sostuvo que, desde mediados de los años noventa, era un activo de la inteligencia cubana encargado de infiltrarse en el exilio. No fue procesado por espionaje. La medida migratoria se basó en que no habría declarado esa relación al solicitar la residencia, y hasta ahora no se han presentado públicamente pruebas judiciales que acrediten la acusación de espionaje.

Orlando González, amigo de Posada, declaró que había alertado al FBI sobre Valdés alrededor de 2006. La deportación se produjo unos veinte años después. Valdés rechazó las sospechas con un argumento que también aparece en otros casos de presunta infiltración: si hubiera sido un espía, habría podido matar a quienes lo rodeaban. Esa defensa confunde, sin embargo, las funciones de un agente. La infiltración suele depender de escuchar, ganar confianza y administrar accesos, no necesariamente de ejecutar acciones violentas.

Entre la vigilancia y la acusación

La historia reciente ofrece otros antecedentes. En 2003, la Seguridad del Estado cubana expuso a varios de sus agentes para contribuir a la condena de los 75 opositores detenidos durante la Primavera Negra. Néstor Baguer, identificado como “Octavio”, afirmó que había informado durante 43 años. Percy Alvarado, conocido como “Fraile”, aseguró en la televisión cubana que Posada había sido uno de sus contactos. Gilberto Abascal, informante del FBI, regresó posteriormente a Cuba.

Estos casos han alimentado en la sociedad cubana un clima de sospecha que puede tener efectos contradictorios. La desconfianza ayuda a detectar vínculos anómalos, pero también puede desacreditar denuncias legítimas cuando toda advertencia se presenta como paranoia. El dinero, los privilegios y el acceso exclusivo pueden justificar una verificación adicional, aunque por sí solos no demuestran una colaboración clandestina. La ausencia de enriquecimiento tampoco descarta una motivación ideológica o política.

La respuesta más prudente, según el análisis planteado por estos episodios, no consiste en crear una estructura de contrainteligencia sin controles, sino en establecer prácticas básicas de seguridad: distribuir los accesos, revisar los antecedentes, exigir cuentas claras y atender las alertas de manera documentada. La presunción de inocencia debe mantenerse como límite frente a las acusaciones, mientras la verificación debe impedir que la confianza personal sustituya a la evaluación de riesgos.

El caso de Sanguily demuestra que pueden pasar décadas antes de que los archivos modifiquen una reputación. El de Valdés plantea una pregunta distinta: qué ocurre cuando una alerta temprana no recibe respuesta durante años. En ambos casos, la lección no es sospechar de todos, sino investigar mejor, distinguir indicios de pruebas y evitar que la lealtad aparente cierre el paso a la comprobación.