La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre ha entrado en una fase de decisiones concretas. Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han comenzado a definir candidaturas, pactos y prioridades estratégicas en un calendario especialmente estrecho. ERC se encamina a situar de nuevo a Gabriel Rufián al frente de su lista al Congreso, mientras el PSOE y Frente Amplio exploran una fórmula conjunta para el Senado. En paralelo, Sánchez ha convertido en uno de los ejes de su movilización electoral la defensa del derecho a voto de unos 400.000 ciudadanos nacionalizados mediante la llamada ley de nietos.

Las tres operaciones responden a una misma lógica: en una campaña de apenas unas semanas, la configuración de las listas y la concentración del voto pueden tener un impacto decisivo sobre la representación parlamentaria. La disputa no se limita, por tanto, a quién encabezará cada candidatura, sino a cómo se organizará el espacio progresista ante un PP que aspira a reforzar su posición en la Cámara Alta.

Rufián vuelve al centro de la estrategia de ERC

La continuidad de Gabriel Rufián como cabeza de lista de ERC al Congreso podría quedar sellada este domingo por la Ejecutiva Nacional del partido, presidido por Oriol Junqueras. La decisión cerraría una etapa de incertidumbre interna que se había prolongado por las diferencias entre el portavoz parlamentario y la dirección republicana sobre la conveniencia de construir alianzas con otras fuerzas de izquierda y antifascistas en el conjunto de España.

Rufián había reclamado unas “mínimas condiciones” para volver a encabezar la candidatura, una formulación que reflejaba algo más que una negociación personal. Su posición ha estado vinculada a la capacidad de ERC para mantener un perfil propio y, al mismo tiempo, participar en una estrategia más amplia frente a la derecha. Junqueras, que ha defendido públicamente que es el “mejor candidato” del partido, parece haber optado por preservar una figura reconocible en Madrid, capaz de sostener la visibilidad de ERC en una legislatura marcada por la negociación territorial.

El Senado se convierte en el terreno prioritario del pacto

La conversación entre el PSOE y Frente Amplio se concentra especialmente en las candidaturas al Senado, una Cámara donde la mecánica electoral favorece a las listas más votadas. En la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores y la candidatura que obtiene el primer puesto suele quedarse con tres escaños. Esa distribución puede transformar una diferencia relativamente pequeña entre bloques en una ventaja amplia en representación.

La negociación pretende evitar que la fragmentación del voto progresista facilite una mayoría del PP. La suma de los sufragios socialistas y de las formaciones integradas hasta ahora en Sumar podría resultar competitiva en determinadas circunscripciones, aunque no necesariamente en todas. Por eso, las conversaciones estudian fórmulas selectivas, adaptadas a las provincias donde la coordinación tenga posibilidades reales de alterar el reparto. El acuerdo, si se alcanza, no sería solo una alianza electoral: también constituiría una señal de disciplina común ante una Cámara cuya composición puede condicionar la capacidad de maniobra del próximo Gobierno.

El calendario obliga a convertir las conversaciones en decisiones

Los partidos disponen de poco margen para prolongar las dudas. Los congresos regionales de ERC deberán concretar durante los próximos días los detalles de sus candidaturas, mientras que el 20 de octubre está previsto que sus órganos internos aprueben las listas al Congreso y al Senado. Para las coaliciones electorales, el límite de comunicación está fijado el 16 de octubre. Estas fechas convierten cada debate interno en una decisión con consecuencias inmediatas.

La presión temporal afecta de manera distinta a cada formación. ERC necesita cerrar la candidatura de Rufián y ordenar su mensaje territorial sin abrir una nueva disputa pública. El PSOE y Frente Amplio, en cambio, deben determinar dónde una candidatura conjunta puede producir un beneficio tangible y dónde podría generar costes políticos o dificultades organizativas. La negociación estará condicionada por la geografía electoral: un pacto eficaz en una provincia puede ser irrelevante en otra, debido a la magnitud del distrito, la fuerza histórica de cada partido y la distribución del voto.

El voto de los nacionalizados añade una batalla institucional

Pedro Sánchez ha incorporado a la precampaña un conflicto que trasciende la competencia entre candidaturas. Durante un acto celebrado en Ponferrada, reclamó al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho a voto de unos 400.000 ciudadanos nacionalizados al amparo de la ley de nietos. El tribunal adoptó esa medida el 8 de septiembre a petición del PP y Vox y debe decidir ahora si la mantiene o la revoca, coincidiendo con el cierre del censo electoral previsto para este lunes.

El presidente ha calificado la suspensión de “atropello” y ha rechazado la acusación de la derecha de que el Gobierno estaría “fabricando votantes”. Su argumento se apoya en que muchos de los afectados son descendientes de exiliados y ya participaron en procesos electorales anteriores. El PP y Vox, por su parte, han situado el asunto en el terreno de las garantías del procedimiento de nacionalización y del censo. La resolución judicial puede influir tanto en la participación de esos electores como en el tono de la campaña, al convertir una cuestión administrativa y judicial en un símbolo de la disputa sobre quién queda incluido en la decisión política.

Con la apelación de Sánchez a “llenar las urnas” y las negociaciones para concentrar el voto progresista, el 29N empieza a configurarse alrededor de dos variables decisivas: la capacidad de los partidos para coordinarse y la posibilidad de que determinados colectivos puedan ejercer su derecho electoral. Las listas que se cierren en octubre no solo ordenarán las papeletas; también anticiparán el equilibrio de fuerzas con el que cada bloque pretende llegar a la jornada de votación.