El abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado este sábado 17 de octubre en un campo de fútbol de Ciudad de Guatemala, en un ataque que vuelve a poner bajo presión a las instituciones encargadas de investigar la corrupción y el crimen organizado. Solórzano, de 43 años, jugaba como cada sábado en el complejo Campo Marte cuando dos presuntos sicarios abrieron fuego durante el partido.

En el lugar también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años. Las autoridades localizaron 50 casquillos percutidos, un volumen de evidencia que apunta a un ataque directo y de alta intensidad. La escena, además, tenía un significado particular: el exfiscal fue asesinado en un espacio público asociado a su rutina semanal, lo que sugiere que sus movimientos habían sido vigilados antes de la agresión.

La Policía Nacional Civil informó de la captura de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta utilizada para servicios de entrega a domicilio. Según el portavoz policial César Mateo, dentro de la mochila para repartos se habría encontrado una carabina. Los detenidos son los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, exsoldado del Ejército, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, ambos originarios de Senahú, en el departamento de Alta Verapaz.

Una investigación con detenidos, pero sin respuesta sobre el móvil

Los hermanos no tenían antecedentes penales, de acuerdo con la información difundida por las autoridades. Durante su traslado a los tribunales, Rigoberto Choc Toz afirmó, según un medio local, que ambos habían llegado a la capital apenas dos días antes para buscar empleo y negó que llevaran un arma. Estas declaraciones deberán ser contrastadas con los peritajes balísticos, las imágenes de cámaras de seguridad, los registros de comunicaciones y cualquier evidencia que permita establecer quién planificó el ataque.

La detención de dos sospechosos constituye un primer avance, pero no resuelve la cuestión central: si los capturados actuaron por cuenta propia o fueron contratados para ejecutar un crimen con posibles conexiones políticas o criminales. El presidente Bernardo Arévalo exigió que se investigue tanto a los autores materiales como a los intelectuales y pidió la cooperación de todas las instituciones públicas. La solidez de la pesquisa dependerá precisamente de que alcance a quienes pudieron ordenar o financiar el asesinato, no solo a quienes fueron detenidos en las inmediaciones.

El recorrido de un funcionario que desafió a redes de poder

Solórzano se convirtió en una figura relevante de la lucha contra la corrupción durante más de dos décadas. Según el relato de Juan Francisco Sandoval, otro exfiscal anticorrupción actualmente exiliado, ambos comenzaron su trayectoria hace casi 24 años como pasantes en la agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana.

Entre 2013 y 2016, Solórzano formó parte de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público. Desde allí participó en investigaciones de alto impacto y en peritajes vinculados con el caso conocido como “La Línea”, una estructura de defraudación aduanera cuya investigación contribuyó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015. Aquel expediente demostró que las redes de corrupción podían alcanzar las más altas esferas del Estado y convirtió a varios investigadores en figuras públicas.

Después asumió la dirección de la Superintendencia de Administración Tributaria. Durante su gestión, la entidad impulsó políticas contra la evasión y la defraudación fiscal, especialmente en grandes empresas, y llevó adelante un proceso que terminó con una multa superior a cien millones de dólares contra Aceros de Guatemala. El caso fue presentado como el mayor proceso judicial de su tipo en la historia del país.

De la administración pública a la defensa de José Rubén Zamora

Tras apartarse de los cargos públicos, Solórzano se incorporó en 2023 al equipo de defensa del periodista José Rubén Zamora, cuyo proceso se convirtió en un símbolo internacional de la persecución contra el periodismo y del deterioro de la independencia judicial en Guatemala. La vinculación tuvo consecuencias para el abogado: fue detenido brevemente y acusado de obstrucción y ocultamiento o destrucción de evidencias, cargos que inicialmente rechazó.

Más tarde aceptó un acuerdo de culpabilidad. Solórzano explicó que tomó esa decisión porque consideraba que no tendría un juicio justo si afrontaba el proceso. El episodio reflejó el entorno institucional en el que trabajaba: incluso quienes investigaban o defendían casos de interés público podían convertirse en objeto de procesos penales, mientras los responsables de estructuras de corrupción rara vez enfrentaban condenas definitivas.

El abogado también fue un crítico frontal de la exfiscal general Consuelo Porras. En 2025 denunció presuntos vínculos entre la banda Barrio 18, el partido Unidad Nacional de la Esperanza y sectores del sistema judicial. En julio de este año señaló posibles conexiones entre empresas farmacéuticas, familiares de Porras y funcionarios públicos en operaciones de blanqueo de capitales. Esas acusaciones, difundidas públicamente, deberán ser evaluadas por investigaciones independientes y con garantías procesales.

Un crimen que agrava la presión sobre el gobierno de Arévalo

El asesinato ocurre en un momento de transición institucional. El reemplazo de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público había sido presentado como el cierre de una etapa marcada por cuestionamientos sobre el uso selectivo de la justicia y la persecución de fiscales, jueces, periodistas y defensores anticorrupción. La muerte de Solórzano pone a prueba la capacidad del gobierno de Arévalo para convertir esa transición en resultados concretos de seguridad y justicia.

Dos días antes de morir, Solórzano publicó un video en el que cuestionó una operación en Huité, Zacapa, atribuida presuntamente a mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y fuerzas guatemaltecas para capturar a un narcotraficante. Afirmó que ocho habitantes sin vínculos criminales murieron durante la incursión y que más de cien elementos del Ejército habrían activado sus armas. Esas afirmaciones no establecen por sí mismas una relación con su asesinato, pero forman parte del conjunto de denuncias recientes que deberá ser considerado al reconstruir sus últimos días.

El analista político Daniel Haering describió a Solórzano como un hombre asesinado por negarse a callar. La frase resume el impacto político del crimen, pero no sustituye la investigación penal. Para Guatemala, la cuestión decisiva será determinar si el Estado puede esclarecer el ataque, proteger a quienes participan en investigaciones sensibles y evitar que el asesinato de una figura anticorrupción quede reducido a un expediente más sin responsables intelectuales identificados.